Después de décadas de fugas y obsequios de impunidad, como la Ley de Obediencia Debida de Alfonsín en 1987, y un largo período de fuga por Brasil, fue finalmente extraditado en 2020, “Chispa” Sánchez será juzgado por sus múltiples crímenes de lesa humanidad.

Sus principales acusadores son merecidamente conocidos. Uno es el “sueco” Carlos Lordkipanidse, ex detenido desaparecido. Es parte del Encuentro Cachito Fukman y del Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Desde su vuelta al país tras el destierro, en 1987, no paró de luchar.

La otra denunciante es Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh, quien impulsó en el período en que fue diputada nacional la derogación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, lograda en agosto de 2003, con el voto de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

«Chispa» Sánchez, además de integrar la patota que secuestró al escritor Rodolfo Walsh el 25 de marzo de 1977, fue parte del equipo represor del centro clandestino de detención de la ex ESMA, integrando el grupo de tareas denominado 3.3.2.

El día anterior a su secuestro, Walsh había hecho pública su “Carta abierta a la Junta Militar”, en la cual, además de denunciar el plan de exterminio, denunciaba “la miseria planificada” como plan de la Junta Militar. El escritor nos dejó de legado no solo su producción literaria, sino también su compromiso de lucha inquebrantable. Fue arrebatado por señores como estos, que son juzgados casi 50 años después de cometer sus delitos contra la humanidad, pero que seguimos y seguiremos bregando para que vayan a presidio.

Ningún genocida en prisión domiciliaria

Sánchez será enjuiciado por 193 casos de privación ilegítima de la libertad y homicidios, cometidos entre el 1ro de enero de 1976 y el 31 de diciembre de ese año, así como otros llevados a cabo entre el 2 de marzo de 1977 y el 31 de diciembre de ese mismo año.

Como otros, también solicitó domiciliaria, solicitando realizarlo en un templo evangélico, del cual forma parte. Hasta el momento, el pedido fue denegado en varias oportunidades.

Lo que no corrió la misma suerte fue la fecha de comienzo de las audiencias. Fueron nuevamente postergadas porque el genocida se quedó sin abogado patrocinante y le fue nombrado uno de oficio por el Tribunal. Con ese trámite el comienzo del juicio se postergó hasta el 22 de noviembre, cuando estaba fijado para el 8 de octubre.