En Francia, las movilizaciones y huelgas de enero y febrero pusieron a millones de personas en las calles. Hoy y mañana, continúan las medidas de lucha en la que es la mayor huelga en años, superando a las de los últimos meses, que ya eran históricas. El detonante es el nuevo intento de Emmanuel Macron de reformar el sistema de pensiones, aumentando la edad jubilatoria de 62 a 64 años y la cantidad de años de servicio para obtener una pensión completa de 42.
Como suelen hacer los gobiernos cuando impulsan este tipo de medidas, la falsa excusa es la de la «sostenibilidad» del sistema previsional. Este argumento siempre se utiliza para tirar más carga a la espalda de los trabajadores, y nunca, por ejemplo, para aumentar las cargas patronales. De hecho, los datos arrojan que la participación de las empresas en el Fondo de Seguridad Social disminuyó del 65,2% en 1995 al 46,9% en 2020.
En la jornada de hoy, la CGT calculó que en total se movilizaron 3,5 millones de personas en todo el país, con al menos un 700 mil sólo en París. Las protestas se replicaron en 300 puntos, incluyendo ciudades grandes, medianas y pequeños pueblos del interior. Incluso el Ministerio del Interior -que viene minimizando de manera absurda las cifras de manifestantes- tuvo que admitir al menos 1,8 millones de personas movilizadas, la mayor en 30 años incluso si se considera esa cifra tergiversada, y tal vez la mayor desde el Mayo Francés.
La huelga general tiene un enorme apoyo social, y las consultoras de opinión -incluso las ligadas a medios de comunicación de derecha- calculan que el rechazo a la contrarreforma de Macron alcanza el 80%. A la huelga general también se han sumado los sectores estudiantiles secundarios y universitarios, con más de 300 liceos movilizados.
El rechazo hacia la reforma es tan contundente que las ocho confederaciones que convocan la huelga coinciden en exigir una retirada total del proyecto, y no el rechazo a tal o cual punto, como suelen hacer estas direcciones burocráticas.
Algunos paros comenzaron antes, se desarrollaron huelgas de trabajadores de refinerías y ferroviarios desde el lunes. La producción eléctrica se redujo considerablemente en los días previos. Los transportes se vieron también ampliamente afectados: al interior del país, solo funcionaba 1 de cada cinco trenes de alta velocidad, y ninguno hacia algunos países vecinos. Los vuelos en los aeropuertos se vieron reducidos hasta en un 30%. El subte y los trenes de corta distancia, con los que funciona normalmente el transporte de la ciudad, se redujeron en más de la mitad.
Sin embargo, las centrales sindicales continúan apostando a un «calendario» de días de huelga aislados, cuando las calles parecen expresar la fuerza necesaria para imponer una huelga general por tiempo indefinido hasta que caiga la reforma.
Esta fuerza social no sólo significa una oportunidad, sino también una necesidad, ya que el gobierno amenaza con hacer pasar la reforma de la manera más rápida posible, intentando desmoralizar y desgastar la movilización afirmando que su posición es «inamovible».
En vez de proponer una ley nueva -lo que implicaría un calendario parlamentario más extenso para su tratamiento-, el gobierno busca tramitar su proyecto como una reforma de la existente Ley de Financiación de la Seguridad Social, limitando su tratamiento en la Asamblea Nacional a un máximo de 20 días.
En caso de no ser aprobada en ese plazo, según amenazan los funcionarios de Macron, el gobierno estaría dispuesto incluso a hacerla pasar por decreto con efecto inmediato. Más allá de que estas amenazas buscan desmoralizar al movimiento huelguístico, sería un error considerarlas como una mera táctica de presión política, ya que Macron podría realmente recurrir a una aprobación por decreto, teniendo en cuenta todo lo que se juega con esta reforma.
Por eso mismo, es necesario sacarle el máximo partido a la enorme fuerza social que está volcada en las calles, llamando a una huelga general indefinida hasta que caiga la reforma.
En el mismo sentido, a pesar de las jornadas «de calendario» convocadas, se hace necesario que las acciones afecten realmente la normalidad de la economía, tomando acciones -como bloqueos y piquetes- para paralizar el país, que pongan a Macron contra las cuerdas.
Frente a esta oportunidad histórica de asestar un golpe a los planes neoliberales de la burguesía, es necesario más que nunca «cruzar el Rubicón» y cuestionar la gobernabilidad del país, hacer temblar los planes de los capitalistas e imponer los intereses de la clase trabajadora francesa al frente.
Una reforma injusta que los trabajadores rechazan
Evidentemente, el gobierno no ha podido convencer a la población de la necesidad ni la justicia de su proyecto. Incluso los medios más reaccionarios reconocen que el 80% de la población francesa rechaza la reforma, un número que ha crecido desde las primeras movilizaciones. Y es que la extensión de la edad jubilatoria a los 64 y el aumento en la cantidad de años necesarios para acceder a la misma es vivida como un injusto ataque hacia los trabajadores.
#grevedu7mars #GreveGenerale #Retraites #BlocageDeLaFrance #RATP #SaintDenis pic.twitter.com/rgoMrnP8BK
— Socialisme ou Barbarie (@SoBFrance) March 7, 2023
Al rechazo de los sindicatos se suman las acciones impulsadas por estudiantes de todo el país, con un centro fuerte en la región parisina donde crecen las instancias de coordinación. Así se evidencia en el ejemplo de la universidad Paris 8 de Saint-Denis, donde 350 estudiantes y trabajadores universitarios lanzaron un llamado de una Asamblea General. La misma se llevó a cabo el lunes 30, una semana antes de la última movilización, y jugó un papel clave al coordinar la participación conjunta del sector estudiantil.
Es en este contexto que agrupaciones como Socialisme ou Barbarie sostienen que es hora de terminar con las movilizaciones aisladas y pasar a una ofensiva mayor: «No tenemos que contentarnos con un calendario de jornadas aisladas o movilizaciones de fin de semana como sugiere la CFDT ( Central Sindical francesa). Para ganarle a Macron es necesario construir una huelga general que paralice al país hasta que el gobierno se vea obligado a retirar su reforma».
