En 2016, una trabajadora embarazada de la pastelería La Suiza, en Gijón, denunció acoso laboral y sexual por parte del dueño del local. La mujer solicitó la baja por riesgo de aborto. La negativa del empresario provocó un altercado entre éste y la pareja de la mujer, por lo que el dueño presentó una denuncia por amenazas y daños.

Esto motivó la intervención del sindicato CNT, que inició una campaña de protesta con concentraciones, panfletos y videos denunciando los abusos. A pesar de que se trataba de una acción sindical legítima, el proceso derivó en la criminalización de seis activistas (cinco mujeres y un hombre), que fueron finalmente condenadas a tres años y medio de prisión por coacciones y obstrucción a la justicia.

Tras años de batalla judicial, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia en 2024, plegándose completamente a una postura antisindical que criminaliza el legítimo derecho a la protesta y organización sindical. Ante esto, organizaciones sociales y sindicatos solicitaron el indulto, el cual incluso cuenta con el respaldo de la Fiscalía.

Sin embargo, en julio pasado, se ejecutó el ingreso en prisión. Las condenadas, actuando con coherencia, afirmaron que no cometieron ningún delito y que simplemente defendieron a una trabajadora vulnerable.

Asimismo, este caso pone en evidencia la forma en que el aparato judicial del Estado español actúa para disuadir y castigar la acción colectiva organizada.

La represión no se ejerce únicamente con porras y detenciones, sino también con sentencias ejemplarizantes que buscan sembrar el miedo en quienes se organizan y luchan, con el fin de proteger los intereses empresariales y castigar la solidaridad de clase.

La criminalización del sindicalismo en España no es un hecho aislado. Lo que está en juego no es solo la libertad de seis activistas, sino el derecho mismo a organizarse, a protestar y a defenderse frente a la explotación.

El mensaje que intenta imponer el Estado es claro: quien ose alzar la voz contra los abusos del capital, pagará un precio alto. Pero, frente a esa amenaza, la respuesta popular ha sido masiva con manifestaciones y solidaridad. Es necesario levantar la voz, ocupar las calles y defender el derecho  organizarse y a protestar sin miedo.

Desde Izquierda Web nos sumamos a la denuncia internacional de este caso de persecución anti-sindical del Estado español.