Para comprender las problemáticas de los trabajadores de discapaidad hay que empezar por el marco legal que rige sus condiciones laborales. La Ley 24901 del 1997 estableció el Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad (PcD). Su objetivo en el papel era garantizar que las mismas tengan acceso a una cobertura integral de sus necesidades y requerimientos, con una cobertura del 100% de las prestaciones que requieran (prevención, terapéuticas, educativas, transporte, entre otras), obteniendo el financiamiento a través de obras sociales, prepagas y el Estado Nacional.

Luego, en 1999, se reglamentó el llamado Nomenclador de Prestaciones Básicas para PcD, a partir del cual se establecía un valor de pago para cada una de las prestaciones con actualizaciones anuales publicadas por la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).

Este sistema abarca un espectro muy amplio de trabajadores, que incluye terapeutas de diversas áreas que trabajan por cuenta propia o para consultorios, centros de día, escuelas especiales privadas, hogares, centros de rehabilitación, acompañantes terapéuticos, transportistas, entre otros.

La situación del sector es cada vez más crítica, llegando al punto de que, desde el 2023 a la fecha, el aumento del nomenclador en relación a la inflación tiene un enorme atraso del 161%. Sumado a los aumentos en los gastos de monotributo, seguros y matrículas profesionales, el derrumbe de nuestros ingresos es brutal.

Pero el nivel de precarización no termina ahí: hay que sumar las demoras en los pagos de las obras sociales, con casos que superan los 6 meses; el recorte en la cantidad de prestaciones; las demoras en las autorizaciones; infinidad de trámites burocráticos que tienen que hacerse cargo tanto los trabajadores como las familias, entre muchos otros aspectos.

Sin dudas, la situación es realmente de emergencia, poniendo en jaque la continuidad de las prestaciones.

Todo es parte de los ataques del gobierno de Milei contra la salud pública. No hay que olvidar el caso del Hospital Bonaparte, y la lucha de los trabajadores contra los despidos y el vaciamiento.

También tenemos que nombrar el proceso de auditorías de las pensiones por discapacidad con el objetivo de dejar sin ingresos (que ya son escasísimos) a las personas que por su condición no pueden acceder a un trabajo. Esto se enmarca en el carácter oscurantista del gobierno, que pretende desconocer los derechos de las PcD y volver al medioevo, intentando clasificarlas incluso con términos ya obsoletos y estigmatizantes como “idiota”, “imbéciles” y débiles mentales, que generaron tanto repudio al punto que el gobierno tuvo que retroceder con esa avanzada.

En la misma línea se sitúa el ataque a las residencias interdisciplinarias de todos los Hospitales Nacionales cuyas inscripciones se cerrarían para el próximo año, en un intento más de vaciamiento de las residencias y la salud pública en general.

Frente al panorama de continuos ataques del gobierno de Milei, a raíz de un proyecto de ley titulado “Emergencia en Discapacidad” que pretende recoger las demandas del sector que datan desde tiempos anteriores al gobierno actual (ver “Trabajadores y trabajadoras de atención en discapacidad se manifiestan por el atraso en los pagos por prestaciones”) impulsada por un sector opositor parlamentario, está convocada una movilización con paro al congreso el jueves 29/5 a las 10 hs, en el marco de una jornada nacional de lucha por la aprobación de la ley.

La iniciativa ha despertado mucha simpatía y comenzaron a surgir diversas expresiones de organización y propuestas de adhesión: realizar paro toda la semana en los lugares de trabajo, unificar la lucha con los usuarios y sus familias, con la expectativa de llenar la plaza del Congreso y hacer que se escuche la voz de los trabajadores de la discapacidad. 

Todas las iniciativas desde abajo son los principales puntos de apoyo para llevar hasta el final la lucha por todos los reclamos del sector. Esto es importante destacarlo en función de que la experiencia con el gobierno de Milei dio sobradas pruebas de que el puro juego parlamentario no ha dado soluciones a los trabajadores.

En el marco de la complicidad de la oposición dialoguista y de la traidora CGT y la facultad de veto que el mismo congreso le otorgó a Milei, la iniciativa parlamentaria será progresiva en tanto se apoye en la movilización en las calles.

La salida es organizarse desde abajo en los lugares de trabajo, unificando todas las demandas del sector.

Desde la Corriente Sindical Anticapitalista 18 de diciembre Salud y el Nuevo MAS nos ponemos a entera disposición de las medidas de lucha que decidan democráticamente los trabajadores.