El anuncio de la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU) generó gran preocupación en el ámbito universitario. Esta reforma, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto al Ministerio de Educación y respaldada tanto por el gobierno de Alberto Fernández como por la actual gestión de Javier Milei, representa un ataque directo a la educación pública bajo el pretexto de “armonizar” los planes de estudio con estándares internacionales.

¿De dónde surge el SACAU y qué objetivos persigue?

El SACAU no es una propuesta aislada ni novedosa. Sus raíces se encuentran en el Plan Bolonia, implementado en Europa a finales de los años 90, cuyo objetivo fue reformular las universidades bajo la lógica del mercado, adaptando la formación académica a las demandas del sector privado. En Argentina, este proceso se inició bajo la gestión de Alberto Fernández, con Jaime Perczyk al frente del Ministerio de Educación, y fue profundizado por Javier Milei a través de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

La reforma se articula con un nuevo paquete de medidas adoptadas por el Ministerio de Educación en noviembre de 2023, poco antes de finalizar el gobierno de Fernández. Las resoluciones 2597/2023 y 2598/2023, firmadas por ese ministerio y aprobadas por el CIN, buscan institucionalizar todos los avances en contra de la educación superior pública que se consolidaron durante la pandemia y los años posteriores. El objetivo declarado es “achicar la brecha entre la duración teórica y real de las carreras”, pero lejos de garantizar condiciones materiales para ello, las medidas profundizan una orientación mercantilista.

Un marco legal regresivo: la LES y la CoNEAU

Estas reformas se inscriben en un marco más amplio: la Ley de Educación Superior (LES), sancionada en 1995 bajo el menemismo. Esta ley avanzó contra la autonomía universitaria y orientó las carreras al servicio del mercado. Una de sus herramientas centrales fue la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CoNEAU), un organismo que permite a cámaras empresariales e incluso a sectores como la Iglesia opinar sobre qué y cómo debe enseñarse, desplazando a la comunidad educativa del debate sobre los contenidos académicos.

Aunque gracias a la lucha del movimiento estudiantil no se logró arancelar el grado, sí se avanzó con el arancelamiento de los posgrados, proceso que sigue vigente. La CoNEAU jugó un rol clave en este sentido: recortar planes de estudio, achicar la incumbencia de títulos y forzar la realización de posgrados pagos.

¿Qué es el Crédito de Referencia del Estudiante (CRE)?

El SACAU introduce el Crédito de Referencia del Estudiante (CRE) como unidad de medida del tiempo total de dedicación de un estudiante para alcanzar los objetivos de cada materia. Cada CRE equivale a entre 25 y 30 horas, incluyendo clases (presenciales o virtuales), prácticas, estudio independiente, preparación de exámenes y trabajos. Se estructurarán los planes de estudio con un promedio de 60 CRE anuales (entre 1.500 y 1.800 horas anuales de dedicación total).

Aunque se argumenta que se busca equiparar el sistema argentino con estándares internacionales, el verdadero objetivo es adaptar la formación académica a las necesidades del mercado, desplazando el enfoque crítico por uno utilitarista. A su vez, el artículo 2 de la Resolución 2598/2023 establece que este sistema de créditos será el organizador central de los planes de estudio, lo que implica una medición productivista del conocimiento.

¿En qué consiste la reforma?

La implementación del SACAU y las nuevas resoluciones implican una transformación profunda y regresiva de la universidad pública:

• Ajuste en los planes de estudio: Se eliminan contenidos de las carreras de grado que se trasladan a posgrados arancelados, fragmentando la formación integral y gratuita.
• Flexibilización académica: Se fomenta una falsa “movilidad” entre universidades que en realidad profundiza la superficialidad de las trayectorias académicas.
• Acortamiento de carreras: Se derogó la resolución que establecía un mínimo de 4 años y 2.600 horas presenciales para las carreras de grado. Ahora, el nuevo máximo es de 4 años, incluyendo trabajo autónomo del estudiante, y sin que las instituciones estén obligadas a garantizar dispositivos para el cursado virtual.
• Auge de la virtualidad: Hasta un 50% de las carreras presenciales podrán dictarse en modalidad virtual. Esta flexibilización se presenta como modernización, pero se traduce en precarización de la experiencia universitaria.
• Negociados con privados: Se habilita a las universidades a hacer convenios con empresas privadas para “apoyar” la educación a distancia, mientras las instituciones carecen de presupuesto básico.
• Sistema de premios y castigos: Las carreras acreditadas según estos nuevos criterios recibirán más fondos; las no acreditadas, menos. No se permitirán nuevas carreras ni modificaciones si no cumplen con estas normas.
• Un caso testigo: Psicopedagogía en la UNSAM:

  Un ejemplo concreto del rumbo que impone el SACAU es el caso de la carrera de Psicopedagogía en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, donde la implementación del sistema está más avanzada. Allí, el nuevo plan de estudios presentado en el marco del SACAU elimina materias clave de pensamiento crítico como Filosofía e Historia. Además, el cuarto año —actualmente orientado a la especialización del título— directamente se elimina y esa formación se traslada a posgrados pagos. A cambio, se ofrece un título intermedio de “Acompañante Terapéutico” a los tres años, una certificación que en la práctica equivale a un curso de seis meses y que habilita a un trabajo precario y mal remunerado. Este caso evidencia con claridad cómo el SACAU no solo recorta contenidos sino que empuja a lxs estudiantes hacia la lógica del endeudamiento o la precarización laboral.

Un antecedente en la Ciudad: el caso UniCABA

Esta avanzada sobre la universidad pública no es un hecho aislado. Ya en 2018, el gobierno de Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires impulsó un plan de reforma educativa que buscaba cerrar los 29 profesorados públicos y centralizar la formación docente en una nueva universidad creada desde arriba: la UniCABA. A pesar del masivo rechazo del movimiento estudiantil y docente, que logró frenar el cierre inmediato de los institutos, la ley fue aprobada con represión en la Legislatura porteña. Lo que siguió fue una coexistencia forzada y desigual entre los profesorados y la nueva institución, marcada por el vaciamiento progresivo, la fuga de matrícula y el desfinanciamiento sistemático. Una auditoría oficial reveló una deserción de casi el 40 % en UniCABA, además de graves irregularidades administrativas y ausencia de planificación. Finalmente, en 2024, el gobierno de Javier Milei le otorgó validez nacional a sus títulos, consolidando así un modelo de formación docente precario, sin arraigo y funcional a las demandas del mercado. Esta experiencia anticipa lo que hoy se pretende aplicar a nivel nacional con el SACAU: un vaciamiento encubierto de la educación pública bajo la apariencia de “modernización”.

Los principales responsables: ¿quiénes impulsan esta reforma?

La implementación del SACAU y las resoluciones 2597 y 2598 del Ministerio de Educación se dio con la complicidad del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a todos los rectores del país. El 19 de octubre de 2023, el CIN aprobó esta reforma por unanimidad, con el rector de la UNSAM, Carlos Greco, como presidente. Esto revela un acuerdo estratégico entre el gobierno saliente y el entrante para avanzar con una agenda de ajuste y privatización del sistema universitario.

¿Por qué debemos rechazar esta reforma?

Estas políticas atacan los principios históricos que hicieron del sistema universitario argentino una referencia a nivel mundial:

• Gratuidad y acceso irrestricto: Al trasladar contenidos a posgrados pagos y reducir el carácter presencial, se vacía de contenido la educación pública y gratuita.
• Formación integral y crítica: La lógica mercantilista prioriza carreras funcionales al mercado, debilitando el pensamiento crítico y comprometido con la realidad social.
• Autonomía universitaria: Las reformas se aprobaron entre rectorados y ministerios sin la participación de estudiantes, docentes o comunidades académicas. La CoNEAU vuelve a ocupar un lugar central en la imposición de contenidos.

La lucha como salida: un antecedente reciente

Estas medidas se dan en un contexto de ajuste brutal contra la educación pública. En 2024, el presupuesto universitario fue congelado en valores de 2023, lo que representa un recorte real del 300%, según el propio CIN. Frente a esto, se produjo una histórica ola de movilización, con tomas en universidades de todo el país y una Marcha Educativa Nacional que reunió a más de un millón de personas.

Ese es el camino: organización y lucha. Para derrotar esta contrarreforma, es necesario un movimiento estudiantil activo y en unidad con toda la comunidad educativa. Hoy más que nunca, defender la educación pública es defender nuestro derecho al futuro. En este sentido, desde la agrupación Ya Basta, venimos de realizar un exitoso primer plenario nacional, con la participación de más de 800 estudiantes de todo el país. Allí debatimos cómo organizarnos y avanzar con un programa por una universidad al servicio de las necesidades de los trabajadores, una universidad anticapitalista que enfrente este sistema.