Hasta se habló de que Milei podría vetar su propio proyecto de Presupuesto 2026. Era un mamarracho. Es un mamarracho.

El jueves se votó en el debut de las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados el proyecto del Presupuesto 2026 y logró media sanción. Pero el gobierno se tuvo que guardar el festejo. Lo que más querían lograr el gobierno era imponer una maniobra que no pasó.

El mileísmo quiso hacer votar la ley capítulo por capítulo, y el capítulo XI comprendía las polémicas a tratar: la derogación de las leyes de presupuesto universitario y de emergencia en discapacidad.

En Diputados, la iniciativa fue planificada y blindada durante la madrugada y terminaron el esquema casi a contrarreloj. Para asegurar voluntades, a último momento Alberto “Bertie” Benegas Lynch anunció cambios en el contenido del capítulo. Comunicó que se incorporaría un artículo para facultar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a girar a la Ciudad de Buenos Aires los fondos de coparticipación reclamados por el alcalde porteño, Jorge Macri, para así contar con el apoyo del bloque Pro.

También relocalizaron en el capítulo XI el financiamiento por $21.300 millones del Poder Judicial, maniobra con la cual buscaban evitar una eventual judicialización posterior. Y como para no quedarse cortos de tiranos, el capítulo eliminaba la ampliación del régimen de zonas frías, dejaba sin efecto la movilidad del régimen de asignaciones familiares y prorrogaba la emergencia en salud pediátrica.

Absolutamente ninguna de las maniobras pasó en Diputados. Al momento de la votación en particular, la jugada resultó insuficiente. Se aprobaron todos los capítulos, excepto el XI, que fue rechazado por 123 votos contra 117, con dos abstenciones.

El resultado final, según el propio gobierno, es una catástrofe. La complicación, advertían, estaban en los puntos que finalmente no fueron aprobados. “Nadie quiere cargar con votar algo antipático”, señaló uno de los consultados en referencia a discapacidad y financiamiento universitario.

Son las Universidades y los trabajadores de la salud, junto al reclamo por Discapacidad, quienes más le han estado plantando cara en la calle en el último período.

El debate llegó al Senado y La Libertad Avanza planteó incluso la posibilidad de intentar presentar modificaciones para reincorporar el perdido capítulo XI. Si hacían eso, el proyecto volvía a diputados, el mismo que ya lo había cambiado. La maniobra iba a ser de muy poco alcance.

Es ridículo y lógico que el Gobierno haya reaccionado de la manera con la que lo hicieron. Otra vez ataron todo con alambre y como no les gustó lo que salió (lo cual era previsible) ahora dan marcha atrás respecto del proyecto que salió desde su propio espacio. ¿Tan falto de estabilidad está el experto en crecimiento con y sin dinero que no puede mantener el presupuesto por dos leyes las cuales, prohibido olvidar, todavía no implementó?

Pese a haber ganado las elecciones de medio termino a nivel nacional, su bloque y los aliados están en fricción constante nuevamente. Quedó claramente demostrado que Milei no tiene la vaca atada.

El gobierno lloriquea con el peligro que corre el superávit fiscal trucho. ¿De dónde sacarían el dinero? Esta pregunta no se la hacía el gobierno cuando le quitaron de forma temporal las retenciones al agro, como marcamos en el marco de la suspensión de la Ley de Discapacidad: “…Con los impuestos que se le rebajaron a los patrones del campo se podrían aplicar las leyes de Financiamiento universitario (según la Oficina del Presupuesto del Congreso, OPC, de un 0,23% del PBI) y la «Ley Garrahan» (0,02%). Respecto a Discapacidad, con esas retenciones podría costearse casi la totalidad de la ley. La OPC calculó que el costo de aplicación de la Emergencia en Discapacidad sería del 0,26%. El costo de bajarle las retenciones al agro es de alrededor del 0,25% del PBI. Para los ricos siempre hay plata, «no hay plata» para los pobres…”.

Tampoco se preguntó Milei sobre el origen de los fondos cuando, producto de la caída de Espert, quisieron reimprimir las boletas de la Provincia de Buenos Aires para sacarse la mancha de tener a un narco candidato encabezando sus listas. Los $15.000.000.000 estaban para reimprimir 14 millones de boletas en PBA. Tanto les sobraba que se necesitaron 2 fallos de la justicia para desistir.