
Finalmente llegan los días de definiciones y el gobierno de Alberto Fernández apuesta todas sus fichas a una votación lo más amplia posible del acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados primero, y luego en el Senado. Un acuerdo que implica una cesión de soberanía completa mediante una revisión y control trimestral del organismo de crédito respecto de las medidas que se vayan implementando (bajo amenaza de negar el desembolso de la cuota subsiguiente poniendo al país en default); que legitima y legaliza la estafa de Macri, y que pretende someter al país a un riguroso plan de austeridad. Todo esto en un solo movimiento, y en un mundo cuyas condiciones sociales y económicas se deterioran nuevamente luego de una modesta recuperación.
Es que la guerra de invasión que lleva adelante Putin en Ucrania en el marco de un conflicto inter-imperialista entre la OTAN y Rusia actúa como un mazazo sobre las condicioneseconómicas internacionales.Más allá del evidente desafío geopolítico planteado y de la sensación de inestabilidad que proyecta sobre la conciencia de miles de millones de personas que hasta ayer suponían erradicada la guerra como herramienta de disputa entre potencias por el reparto del mundo bajo el capitalismo[1], los efectos se proyectan por la vía de la políticay también de la economía al conjunto de los países traspasando las fronteras.
La pandemia había afectado gravemente la economía global (sin ser un fenómeno específicamente económico) llevando a la absoluta mayoría de los países a la caída de sus PBI y al mundo a una situación recesiva recrudecida en el 2020; la vacunación masiva, aunque desigual de país a país, permitió cierta recuperación/rebote en el 2021. No sin resabios: la recuperación vino acompañada por una inflación mundial que persiste al día de hoy y que dejó elementos de deterioros sociales generalizados aún presentes.
Tanto la combinación de la guerra como la escalada de sanciones mutuas entre Estados Unidos y Europa por un lado y Rusia por otro, así como el temor justificado del trasvasamiento de “simple” conflicto a guerra entre imperialismos, alimentan el pesimismo en las previsiones económicas para el 2022. Y los efectos ya se hacen sentir vía el aumento de granos y de energía, tanto petróleo como gas, y el recalentamiento inflacionario. Llueve sobre mojado.
En medio de este clima de incertidumbre generalizado, de conflictividad entre potencias, y de deterioro mundial generalizado, el Frente de Todos al mando del gobierno y Juntos por el Cambio, con el apoyo de las patronales, de la CGT y la calaña de sindicalistas vendidos, se encaminan a sellar un acuerdo en el Parlamento que hipoteca la soberanía y la economía del país por la próxima década, como mínimo. Un gesto de pusilanimidad política transversal que destaca por la incapacidad de patear el tablero aún en el contexto más propicio.
Según el propio FMI en relación a la guerra “los precios de la energía y las materias primas -incluido el trigo y otros cereales- aumentaron, lo cual ha agudizado las presiones inflacionarias (…)Los shocks de precios tendrán un impacto en todo el mundo, en particular en los hogares pobres para los que los alimentos y los combustibles representan una proporción mayor de sus gastos. Si el conflicto se agrava, los daños económicos serán aún más devastadores». Aún ante este pronóstico, Alberto Fernández, su gobierno y Juntos por el Cambio se encaminan a cerrar por la vía parlamentaria y con un proyecto de entendimiento reducido a la mínima expresión, un acuerdo de Unidad Nacional que haga ley el mayor ajuste del que se tenga memoria desde los 90.
En busca de la Unidad Nacional para salvar las tensiones
Los próximos días estarán cruzados por la resolución parlamentaria del acuerdo con el FMI en Diputados y días más tarde en el Senado,en un clima de tensiones por arriba y de frialdad por abajo respecto del tema, pero que, de haber exabruptos en el marco del debate, podrían trasladar esas tensiones hacia la sociedad y calentar el ambiente social.
Por arriba, entre los políticos del régimen, conviven dos tensiones: por un lado,la exigencia del FMI de que las votaciones en ambas Cámaras reflejen Unidad Nacional; es decir, votaciones lo más unánimes y abarcadoras posibles que garanticen la fortaleza del acuerdo y el sometimiento y la austeridad,gobierne quien gobierne. Por otro lado, están las pretensiones de los actores de cada bloque de conservarse de cara al propio público sin quedar pegados al acuerdo impulsado por Alberto Fernández (en el caso del sector K) y al gobierno (en el caso del Juntos por el Cambio).
Atentos al peligro del desmadre y a malograr el marco de Unidad exigido por el FMI, el gobierno ha tomado el consejo hecho por Carrió (Coalición Cívica) semanas atrás: reducir el texto a la mínima expresión o desdoblar la votación de manera tal de evitar especulaciones y disidencias al interior de cada bloque. El proyecto que se pondrá a votación tendrá como texto un simple y general apoyo al acuerdo, descartando del mismo los detalles de la implementación, o eventualmente desdoblando la votación de manera de presentar la generalidad del refinanciamiento por 44.500 millones de dólares del plan económico que tiene el gobierno para hacer los deberes del ajuste. De esta manera, podría lograr un apoyo lo más unánime posible al cuerpo principal del proyecto que implique ratificar en general el entendimiento.
Esta maniobra antidemocrática pretende reducir el paso del acuerdo por el Parlamento al mayor automatismo posible. Un trámite exprés que evite, no sólo exponer públicamente los detalles del acuerdo para ocultar a la sociedad la hipoteca que supone, sino además que limite las posibles abstenciones y la huida de algunos parlamentarios, yendo a la base del acuerdo que es que “las deudas se pagan”.
Dicho esto, no podemos descartar a priori la posibilidad que el Parlamento se desnude como el circo que es, con parlamentarios que, intentando salvar sus cuotitas de prestigio (aún sobre la base de aceptar el acuerdo al plan de austeridad y sometimiento del FMI) generen escándalos, rispideces y situaciones imponderables que calienten el clima social.
La tibieza política de Máximo Kirchner que no ha pasado de renunciar a la presidencia del bloque de Diputados ha tenido, como contrapartida, la típica maniobra teatral en el recinto para contentar a la base social K, las mismas que le costaron al gobierno la votación del presupuesto nacional 2022. Por su parte, el ala dura de Juntos por el Cambio (nos referimos al PRO) tampoco ha dudado en levantarse de las sesiones en más de una oportunidad, incluida la última Asamblea Legislativa, ante las acusaciones por parte del oficialismo a Macri. El show de la politiquería capitalista no puede descartarse, ante el intento desesperado de despegarse del control trimestral del FMI y de la legalización de la estafa de Macri (en el caso del sector K), y de conservar los aires opositores de camino a las elecciones presidenciales (en el caso del PRO).
Los escenarios posibles de la votación
Un evento que explicite que el Parlamento no es más que una cueva de bandidos, como lo definía Lenin (lo cual no va en contra de la necesaria participación en el mismo para denunciar su carácter, dirigiéndose a la sociedad) podría generar efectos indeseados entre los trabajadores y el pueblo. Es sabido que, más allá del clima frío de este preciso momento, existe un amplio sector politizado en Argentina que estará siguiendo el minuto a minuto del debate y un evento desagradable podría atizar el malestar que existe por las condiciones de vida y generar repudio, pasando de la pasividad a la actividad. Una gimnasia que ha quedado demostrada en la jornada del 8M (más allá de su especificidad) que se encuentra presente en sectores de vanguardia amplia y de masas. Esto pone en claro que la pasividad respecto del acuerdo con el FMI es responsabilidad directa de las direcciones de sectores de masas como los K, que no pasaron más que de palabras y gestos, sin mover un dedo para ir contra el acuerdo, y de la CGT, la CTA y los sindicatos que se han consagrado como auténticos traidores del movimiento obrero.
Dicho esto, la realidad de las condiciones económicas mundiales no hacen más que aumentar el nivel de ataque al que deberá someterse a los trabajadores si pretende cumplirse con el acuerdo. Si es verdad que el trigo, la soja y otros granos han aumentado a niveles récord producto de la guerra en Ucrania, también es real que el gobierno no pretende aumentar un centavo las retenciones a los capitalistas agrarios. Incluso las cláusulas del FMI, según se conoció semanas atrás, destacan que ante un crecimiento de la economía no previstos no podrán ser destinados por el Estado a gastos sociales, sino que deberán destinarse al pago de la deuda. Por su parte, el aumento de gas y petróleo que se vive por estos días y que Argentina compra en el mercado mundial, no hace más que recrudecer la presión del FMI sobre el aumento de tarifas para reducir el déficit fiscal del Estado que implica subsidiar el consumo de los mismos.
Junto con esto, es evidente que el palabrerío respecto de que no habrá reformas estructurales quedará sometido a las decisiones que tome el FMI en sus visitas trimestrales al país. Dicho esto, el gobierno pasó rápidamente de que no habría reformas previsionales, a la enunciación de la “jubilación voluntaria”, que no hace más que esconder la misión imposible que significa para la inmensa mayoría de los jubilados el intentar vivir con las jubilaciones de miseria, y por lo tanto, que abre la puerta a una reforma previsional por la vía de los hechos. Esto, junto a la reforma laboral convenio por convenio y lugar por lugar son la contracara del relato. Todo con el aval de la CGT y los sindicatos que se juntaron a aplaudir a Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa mientras vendía las supuestas bondades del acuerdo.
Este es el marco del acuerdo que, de no tener impacto por abajo ni durante la sesión en Diputados, ni en la sesión del Senado, podría pasar como un trámite expréss. Un acuerdo que, de concretarse, no dejará de generar resistencia en la medida que se desarrolle la experiencia concreta con el plan de ajuste y sometimiento.
Vamos al Congreso a rechazar el acuerdo
Desde el Nuevo MAS hemos sido impulsores del espacio del Parque Lezama para el rechazo del acuerdo y contra el FMI, en el cual hemos planteado un debate sistemático respecto de la actitud política que corresponde a las corrientes revolucionarias ante un hecho de la profundidad del acuerdo que se pretende votar en el Congreso. En el mismo se ha destacado el FIT-U, por su política de hechos consumados que negó desde el día uno la posibilidad de derrotar el acuerdo con el Fondo, y acorde con eso desarrolló una política de mera delimitación, coqueteando las elecciones del 2023.
Por nuestra parte, consideramos un error oportunista el dar por cerrado un evento que aún al día de hoy no tiene definición, aún en las circunstancias dificultosas que se presentan para la irrupción de una movilización masiva. Aun así, sería de un esquematismo lato no dejar abierta esa posibilidad. Una ubicación elemental que parte de apostar a la posibilidad de desarrollar una política revolucionaria hoy, y aprovechar cada intersticio para desarrollarla, sinrelegar la intervención política sólo para los años impares y electorales.
Junto con esto, venimos de desarrollar un enorme Campamento Anticapitalistarepleto de jóvenes de todo el país, un evento exitoso y que cobró relevancia política por el espacio que hay para la disputa ideológica y por la repercusión que tuvo en los principales medios de comunicación, que da la pauta que existe un espacio enorme para el desarrollo de las corrientes que aspiran a dar una pelea consecuente por la transformación social y el socialismo. Con la fuerza que se expresó en el Campamento, en el 8M, y junto a Manuela Castañeira, el SiTraRepA y la Corriente Sindical 18 de Diciembre, nos movilizaremos a la Plaza de los dos Congresos para rechazar el acuerdo con el FMI.
[1] Para una compresión del fenómeno de la guerra de invasión en Ucrania y del conflicto inter-imperialista en desarrollo ver en la presente edición “Sobre el carácter de la guerra en Ucrania”, de Roberto Sáenz.






