Según un comunicado firmado por clínicas privadas, Sindicatos de trabajadores de la salud, entidades estatales como IOMA y PAMI: “La ocupación promedio de camas en AMBA alcanza el 69,2%, cuando hace dos semanas era del 56,5%”. El texto afirma que si bien están de acuerdo con las medidas dictadas por el gobierno, sostienen que “es necesario tomar medidas más drásticas para reducir la escalada en la transmisión de manera rápida y contundente” y concluyeron que “a este ritmo no hay sistema de salud que aguante”.
El cansancio social frente al confinamiento y al aislamiento social, impacta fuertemente en la salud psicosocial de los sectores populares y de la juventud, dejando poco margen para la vuelta a una cuarentena estricta en el conjunto de la población. Sin embargo es justo este aspecto el que descuida el gobierno. Las restricciones que impone solo se enfocan en la vida social de los trabajadores, solo atacan las reuniones entre personas en lugares cerrador y restringe las que se realizan en lugares abiertos. Una total insensibilidad frente a la vida social de los trabajadores, mientras deja intacto la circulación de personas y el trabajo en sectores de la producción que no son esenciales, verdadera causa del aumento de los contagios.
…el aumento de la frecuencia del transporte en vez de las #restricciones a su uso y el restablecimiento de la IFE a un monto mayor. Proponemos impulsar comités de higiene y seguridad en los lugares de trabajo y exigir el cierre de dichos lugares en los que se detecten contagios
— Manuela Castañeira (@ManuelaC22) April 8, 2021
Manuela Castañeira, referente de la izquierda y dirigente del Nuevo MAS denunció la responsabilidad del gobierno al afirmar que “Todos los días cientos de miles de trabajadores viajan en condiciones sanitarias defectuosas en el transporte público”. En este contexto de posible colapso del sistema sanitario debido al vertiginoso aumento de casos, Alberto Fernández sigue manteniendo las actividades no esenciales y no hay ninguna disposición para que se cierren lugares de trabajo donde se reportaron contagios.
El Plan de vacunación del gobierno
El gobierno vacunó a menos del 2% de la población con las dos dosis. Las vacunas llegan de a cuenta gotas. Su reciente cambio de orientación fue diferir las dosis. Es decir, avanzar en la vacunación de personas con una sola dosis, para dar algo de inmunidad a una mayor proporción de la población.
Eduardo López, asesor experto del gobierno en temas epidemiológicos declaró en los medios que “En el caso de las vacunas que utiliza la Argentina, no hay estudios con la vacuna Sinopharm como para diferir la segunda dosis, con la misma eficacia que el intervalo original. En el caso de Sputnik V, declaraciones del director del Instituto Gemaleya, Alexander Ginskurg, a mediados de febrero pasado, consideró que podría aumentarse el intervalo de dosis hasta 60 días. En el Reino Unido se planteó para la vacuna de AstraZeneca un intervalo de dosis de 12 semanas, medida sugerida por el comité asesor del Ministerio de Salud, aunque rechazado por otros expertos”.
Es decir, la estrategia de vacunación del gobierno es completamente arriesgada y responde solo a la falta de dosis otorgadas por los laboratorios, quienes incumplieron todos sus compromisos. Existe sin embargo producción de vacunas en nuestro país: El laboratorio Mabxience, propiedad de Hugo Sigman, produjo 30 millones de vacunas en suelo argentino, que luego fueron enviadas a envasar a México para ser comercializadas internacionalmente. Al respecto Castañeira planteó “Consideramos fundamental la estatización inmediata del laboratorio mAbxience de Sigman para que haya vacunas de inmediato y de forma gratuita para acelerar el plan de vacunación de toda la población”.
La situación social y los salarios de la primera línea
El gobierno, a su vez, no tiene partida destinada en su presupuesto para la ayuda social a quienes no puedan trabajar debido a los efectos de la segunda ola. Esto último, en conjunto con los salarios de miseria para los trabajadores de la salud, para la primera línea que se enfrenta día a día con la pandemia, responden a un solo motivo: El déficit fiscal acordado con el FMI para llegar a un acuerdo de pagos.
Los compromisos del gobierno con El Fondo para negociar la deuda que dejó el macrismo, impiden que los salarios de las enfermeras y el conjunto de los laburantes que cuidan a nuestra población tengan ingresos arriba de la línea de pobreza y si fuese necesario un confinamiento estricto, no hay dinero para IFEs para afrontar la terrible situación de pobreza en la que vive casi la mitad del país.
¿Responsabilidad individual?
La campaña oficial una y otra vez resalta la responsabilidad individual como factor decisivo en el freno del aumento de los contagios. Los medios ligados al gobierno una y otra vez cargan culpas contra “las juntadas sociales” y las “fiestas clandestinas” cuando la concentración de personas en los medios de transporte en los horarios picos y la producción en fabricas con galpones cerrados y cantidad de operarios, son una postal constante y diaria de nuestro país. Esperan que los trabajadores viajen y trabajen hacinados, pero que se encierren en sus casas aislándose de toda vida social. Una campaña mentirosa que hace agua por todos lados y que es fuertemente cuestionada por los sectores populares.
En conclusión, de continuar esta orientación, el gobierno puede llegar a llevar a la población a un colapso sanitario. Sus compromisos con las ganancias de los empresarios y con el FMI están puesto por encima de las vidas de las personas.
