Luego de las terribles medidas económicas anunciadas por Luis Caputo, que significarán un durísimo golpe a las condiciones de vida de la población, ahora fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la encargada de anunciar nuevas medidas. Esta vez, una nueva versión del «protocolo anti-piquetes» que la misma Bullrich supo anunciar en el año 2016. Después del ajuste, la represión: saben muy bien que una cosa requiere la otra.
Oficialmente llamado «Protocolo para el Orden Público», la medida anunciada esta tarde por Bullrich prevé el uso de todas las fuerzas federales para reprimir cortes y manifestaciones. La ministra acentuó que dichas fuerzas no necesitarán de una orden judicial para reprimir sino que se respaldarán en la ley de flagrancia, es decir, considerarán las protestas como un delito sin más. Además, anunció que presentará un proyecto de ley que ampliará las restricciones al derecho a la protesta.
Repudiamos enérgicamente el protocolo anti protestas anunciado por Patricia Bullrich. Es una medida inconstitucional ya que el derecho a huelga y manifestación está consagrado en el artículo 14 Bis.
Rechazamos el ataque del gobierno de Milei al derecho a la protesta social.…
— Manuela Castañeira (@ManuelaC22) December 14, 2023
Por supuesto, se trata de una concepción inconstitucional, ya que el derecho a la protesta está consagrado por la Constitución Nacional, algo que Bullrich ni siquiera mencionó.
La ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio justificó esta medida aduciendo que por culpa de los cortes «miles de argentinos llegan tarde al trabajo o a sus casas». En un país con 45% de pobreza (y subiendo), inflación descontrolada y salarios por el piso, al gobierno de Milei le preocupa el tránsito en vez de la crítica situación social, que obviamente es la que motiva la presencia de cortes y piquetes.
Queda claro que la verdadera motivación de este protocolo no es la preocupación por la fluidez del tránsito sino el cumplimiento de un objetivo mucho más fundamental para el gobierno: que el ajuste brutal que pretende llevar adelante Milei solo podrá hacerse efectivo reprimiendo la protesta social que surgirá en respuesta.
Bullrich ya había anunciado un protocolo muy similar cuando ocupó el mismo ministerio bajo el gobierno de Macri. Pero a pesar de la salvaje represión (en particular de los días 14 y 18 de diciembre), fue un fracaso total: la movilización popular logró imponerse, sustentada en una cada vez mayor impopularidad del gobierno y su plan económico.
En este caso, el nuevo protocolo anunciado hoy tiene algunas modificaciones, todas reñidas con los principios constitucionales más básicos.
Por ejemplo, Bullrich habló de «acciones preventivas» como no permitir que la gente se agrupe en estaciones de trenes para ir a las movilizaciones (lo que contradice lo que dijo anteriormente sobre basarse en la idea de flagrancia) o que se castigará a los padres que lleven a sus hijos a las movilizaciones. Es decir: los «liberales» que supuestamente se guían por el principio de que el Estado no se meta en la vida privada de las personas pretenden decirle a los padres qué hacer con sus hijos.
Por supuesto, se trata de una canallada demagógica destinada a estigmatizar a los integrantes de movimientos sociales, sectores pobres y marginados que obviamente no tienen recursos para dejar a sus hijos en otro lado y se pretende utilizar así a su propia familia como método de extorsión para cercenar su legítimo derecho a la protesta.
El otro punto de gravedad inconstitucional anunciado por Bullrich es el referido a las «sanciones» hacia quienes organicen o participen de las protestas, en un claro intento por disciplinar a las organizaciones políticas, sociales y sindicales que intenten enfrentar el ajuste. También se refirió a figuras mucho más nebulosas y peligrosas, como la de los «cómplices» o los «instigadores» de las manifestaciones, figuras cuyos límites son deliberadamente difusos para justificar persecución a los militantes políticos y sus organizaciones.
Toda esta demagogia contra los «cortes de calle» no tiene otro objetivo más que preparar el terreno para intentar contrarrestar la eventual respuesta popular al plan económico de guerra contra los trabajadores que ya instrumentan Milei y Caputo.
