La Cámara de Diputados se prepara para comenzar a darle media sanción al proyecto de ley de presupuesto 2023 mañana, cuando comience una sesión que durará hasta bien entrada la madrugada del jueves.

Así surge luego de que el oficialismo haya logrado el apoyo del «interbloque federal» y de una buena parte de los diputados de Juntos por el Cambio.

Tras conseguir estos votos, se espera que el proyecto tenga una amplia aprobación en la votación en general. Las fuerzas que adelantaron que votarán negativamente son los «halcones» del PRO, Milei y Espert. Por su parte, la izquierda también votará negativamente en rechazo al ajuste.

Es que el proyecto elaborado por Massa y su equipo económico está hecho a medida de las exigencias del FMI y proyectan un brutal ajuste en las cuentas públicas.

El presupuesto 2023 que presentó el Poder Ejecutivo prevé una reducción del déficit fiscal primario que va del 2,5% a apenas el 1,9%. Se trata de la meta de déficit que está contemplada por el acuerdo con el Fondo para el año que viene.

En el mismo sentido, el crecimiento del PBI se proyecta en un 2%, es decir, se espera una desaceleración económica, incluso mayor que las proyecciones que sostienen el acuerdo con el organismo internacional.

Uno de los puntos más polémicos es el de inflación. El oficialismo proyecta una variación del IPC del 60% para el próximo año, bastante lejos de los más de 94% con el que cerrará el 2022, según admite el propio gobierno.

Se trata de una previsión muy optimista, más si se la compara con las elaboradas por otros organismos. El mismo Estado, a través del BCRA y en base a cálculos privados, elabora el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), cuya previsión de inflación para el año que viene ronda el 84%.

También el organismo CIFRA, de la CTA de los Trabajadores, prevé una inflación bastante mayor que la calculada en el presupuesto: 75,7%.

En ambos casos, las expectativas de variación del IPC son bastante mayor al aumento interanual del conjunto de gastos corrientes y de capital (sin contar intereses de deuda), que alcanza el 68,7%, por lo que los aumentos nominales esconden ajustes en términos reales. Un mecanismo ya viejo y conocido de los gobiernos en los últimos años de alta inflación en nuestro país. Eso es lo que explica que el gasto público primario pasara a representar el 17,7% del PBI, un 1,2% menos que este año.

Este carácter nítidamente ajustador del presupuesto le ha permitido al oficialismo acercar a una buena parte de la oposición de derecha para que colabore con su aprobación. En el caso de Juntos por el Cambio, los diputados de los interbloques de la UCR y la Coalición Cívica ya anunciaron que acompañarán el proyecto en la votación general. Por lo que la principal alianza opositora votará dividida.

El voto negativo del PRO y los «libertarios» no se debe a que no apoyen el ajuste y el acuerdo con el Fondo, de hecho todo lo contrario. Apuestan a un ajuste aún más feroz y a un programa económico basado en una política de «shock», como las reaccionarias propuestas de dolarización de la economía o similares. Por el otro, su negativa es por razones netamente políticas: al representar al sector más ferozmente opositor y radicalizado de la derecha su «negocio» estará siempre en votar en contra de lo que proponga el gobierno.

A pesar de la división en la votación general, los «halcones» y las «palomas» de Juntos han convenido actuar en bloque cuando el proyecto pase a discutirse artículo por artículo, según informaron diversos medios esta mañana.

Las razones que unieron a ambas alas de JxC no pueden ser más reveladoras del contenido real que tiene la división: se trata de cuestiones de forma (ritmos y velocidad del ajuste) y no de fondo (defender irrestrictamente a los poderosos y los millonarios).

Tanto halcones como palomas definieron que rechazarán el artículo que permitiría el pago del impuesto a las ganancias a los funcionarios del Poder Judicial, incluidos los jueces. Así, la derecha se une para defender los ingresos millonarios del sector indudablemente más privilegiado de toda la burocracia estatal, los jueces. Incluidos los «libertarios», quienes parecen no renegar de la «casta» más enquistada de todas.

Otro artículo que la oposición de derecha rechazaría en bloque es el que tiene que ver con las retenciones. Se trata de un rechazo extremadamente reaccionario ya que significaría quitarle al Estado la potestad de modificar la política respecto a los derechos de exportación.

Por lo tanto, más allá de que la aprobación en general estaría prácticamente garantizada, se espera un duro y largo debate cuando pase a debatirse y votarse artículo por artículo. Sin embargo, tanto oficialismo como oposición ya habrán acordado lo fundamental: aprobar un presupuesto para el año siguiente que signifique un brutal ajuste económico para los de abajo.