Los principales grupos acreedores pasaron a la ofensiva al presentar una “contrapropuesta” al gobierno de Fernández que hasta el momento sólo habían rechazado la oferta de Martín Guzman, calificada en su momento como la “última y definitiva”.

La actitud del gobierno ante este nuevo embate por parte de los acreedores externos daría lugar a una nueva negociación. Hace apenas unos días afirmaba Guzmán que “Aceptar lo que piden los acreedores significaría someter a la sociedad argentina a más angustia, implicaría por ejemplo ajustar jubilaciones y no lo vamos a hacer”. Pero las palabras se fueron ablandando en boca de Fernández, que pasó a la idea de “seguir negociando” y que “es muy difícil hacer una mejor oferta”. Lo imposible es irrealizable, pero lo difícil depende de la voluntad. El gobierno ha declarado y demostrado sobradas veces ser un voluntarioso pagador a los especuladores financiero.

La ofensiva de los tres principales grupos acreedores del estado argentino (Ad Hoc, Exchange y ACC) consiste en rechazar cualquier quita de capital sobre la deuda, que en la última propuesta del gobierno se reducía a un mínimo 1,9%. Junto con esto los grupos presionan ahora para que el interés promedio de los nuevos bonos emitidos como parte de la reestructuración de deuda pasen a un 3,4%. Y, por último, discuten modificaciones en las cláusulas legales de los contratos que rigen los bonos, aunque al parecer menores.

Recordemos que la última propuesta del gobierno implica una concesión de 15 mil millones de dólares respecto de la primera negociación entablada con los especuladores financieros.

El gobierno ha pasado de una primera propuesta que preveía una quita del 62% de intereses, una quita de capital de 5,4% y un periodo de gracia de 3 años para comenzar a pagar, a una última propuesta (habrá que ver si no siguen cediendo) que supone una quita del 52% de intereses, ínfima quita de capital del 1,9%, y a pagar a partir del año que viene. Esta última propuesta es la que está en discusión empezando por la negativa de los principales grupos tenedores a aceptar cualquier quita de capital.

Las presiones del conjunto de la burguesía, y del establishment económico y político comienzan a hacerse sentir presionando al gobierno a cerrar la discusión aceptando el saqueo de los buitres. Como dice Francisco Jueguen en la edición del día del diario La Nación “Fernández volvió a mostrar ductilidad de su palabra” al pasar de una “última oferta” a “seguir negociando”. Una lógica de concesión permanente a las presiones de los especuladores imperialistas que se corresponde con la concesión permanente a las burguesías locales.

En el último caso la lógica de concesión ha llevado a flexibilizar la cuarentena al máximo en medio de récord de muertes y contagios. Una concesión a los bonistas en medio de la pandemia sería dar vía libre a un nuevo ataque a un país que necesita como nunca de sus recursos para financiar el sistema de salud pública, la educación y el bienestar de los trabajadores.