La cuestión de los territorios en disputa, ya sea como botín de guerra o como moneda de negociación entre potencias, recorre toda la historia del capitalismo en su fase imperialista. Frente a esta lógica de rapiña, el marxismo aportó un debate fundamental: ¿es posible aceptar la cesión de territorios sin capitular ante el imperialismo?

Lenin, Trotsky y Luxemburgo se enfrentaron en 1918 a este dilema durante la firma del Tratado de Brest-Litovsk. Sus posiciones, con matices y diferencias profundas, giraban alrededor de un mismo eje: la defensa de la revolución y la autodeterminación de los pueblos frente al chantaje de las potencias. Décadas más tarde, Stalin quebró ese principio al convertir la ocupación territorial en un método de política burocrática.

Hoy, cuando figuras como Trump y Putin proponen repartir los territorios ucranianos como salida “realista” a la guerra, se reactiva este debate histórico en nuevas condiciones. Lejos de representar un camino hacia la paz (burguesa), estas propuestas actualizan el viejo método de las grandes potencias: negociar fronteras sin los pueblos, decidir destinos en función de la fuerza militar y consolidar el dominio imperialista bajo formas territorializadas.

Una nueva fase de rapiña

El análisis sobre el imperialismo tomó renovada actualidad a la luz de las disputas geopolíticas actuales, en las que Estados Unidos, como mayor potencia imperialista (aunque en retroceso), utiliza su “hard power” para imponerse y tratar de recuperar el terreno perdido en la escena mundial.

Uno de los elementos centrales que venimos desarrollando en Izquierda Web, es la categoría de “imperialismo territorializado” para señalar un fenómeno que se distancia de la lógica dominante en las últimas décadas, centrada en la globalización financiera y el control indirecto (“soft power”) por parte de los Estados imperialistas.

Durante la posguerra, las potencias privilegiaron los mecanismos económicos, la deuda, los organismos internacionales y las inversiones como formas de subordinación de los países dependientes. Sin embargo, en los últimos años volvió a surgir una tendencia más agresiva por la disputa abierta por territorios, fronteras y recursos bajo ocupación directa.

Este viraje expresa una suerte de “retroceso histórico», un retorno a métodos que parecían superados en la época de las guerras mundiales. Un sector del imperialismo ya no se conforma únicamente con dominar mercados o imponer tratados comerciales, sino que busca plasmar su dominio en el mapa, reconfigurando la geografía política en función de sus intereses estratégicos.

En esta ocasión abordaremos, en particular, la situación ucraniana, donde Estados Unidos y Rusia están negociando las cesiones territoriales por arriba, sin siquiera guardar los mínimos modales democrático burgueses, de considerar la posición de Ucrania. La anexión de Crimea por Rusia en 2014 y las ofensivas posteriores en Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón representan ejemplos claros de esta tendencia.

No se trata de un hecho aislado. Se pueden mencionar los casos chino (con respecto a Taiwán y el mar Meridional), estadounidense (Canadá, Groenlandia, Panamá) y ruso (con Ucrania).

La territorialización del imperialismo combina el afán geopolítico con el saqueo económico, reconfigurando las fronteras para abrir paso a la explotación de recursos energéticos, minerales o agrícolas. En este sentido, lo que hoy ocurre en Ucrania retoma una continuidad con las prácticas coloniales del pasado, pero bajo las condiciones del siglo XXI, donde las potencias pretenden redefinir sus zonas de influencia de manera abierta y sin mediaciones.

El concepto de imperialismo territorializado permite comprender la transición de un capitalismo globalizado y financiero hacia formas más directas de dominación territorial. Mientras que el imperialismo clásico del siglo XX se centraba en la expansión económica y la competencia por mercados y materias primas, este tipo de imperialismo exhibe, cada vez más, un componente físico, en el que los Estados buscan controlar directamente espacios geográficos clave para garantizar su predominio político y económico.

Esta modalidad no se limita al saqueo económico indirecto o a la presión diplomática; recupera la lógica de la anexión y la ocupación territorial como instrumentos de poder. Roberto Sáenz observa que este retorno al territorio se inscribe en un capitalismo en crisis, donde la acumulación de capital encuentra límites en los mercados globales y en la interdependencia económica. Ante estas restricciones, las potencias recurren al control físico de recursos y regiones para asegurar la extracción de plusvalía y mantener su posición en el orden mundial.

Puede leerse como una forma de “resurrección” de las estrategias coloniales clásicas, pero adaptadas a las condiciones contemporáneas. En contraste con el imperialismo desterritorializado del neoliberalismo, donde el flujo de capital y la influencia financiera condicionan a los Estados sin necesidad de ocupación militar, la territorialización combina elementos militares, políticos y económicos, reforzando la centralidad del Estado y su capacidad de intervenir directamente sobre los territorios en disputa.

Además, este fenómeno articula la lógica bonapartista y colonial con un carácter proteccionista. La territorialización permite ejercer control directo sobre recursos naturales, mientras justifican sus acciones con discursos de seguridad nacional, protección de minorías o estabilidad regional. En este sentido, la ocupación territorial no es un accidente de la política, sino un componente estructural de un imperialismo que busca reproducir su poder mediante la fuerza directa.

Ucrania: el escenario actual

La guerra en Ucrania representa un ejemplo contemporáneo de esta lógica. Desde 2014, Rusia desplegó un proyecto de expansión que combina la ocupación militar con la apropiación de recursos y regiones clave. La política de Moscú busca redefinir las fronteras, consolidar sus zonas de influencia y subordinar directamente al gobierno ucraniano.

En este contexto, Estados Unidos, bajo la administración Trump, introdujo una variable en desuso: la negociación de cesiones territoriales como condición para finalizar la guerra. Proponer el reparto de Crimea y el Donbass implica tratar los territorios ucranianos como fichas de poder, subordinando la soberanía de un pueblo a los acuerdos entre grandes potencias.

Este enfoque reproduce, en pleno siglo XXI, la lógica de los repartos clásicos del siglo XX, con un carácter proteccionista. Para Putin, este reparto responde a intereses estratégicos y de seguridad, como garantizar corredores militares, asegurar puertos en el Mar Negro y consolidar su influencia en el este de Europa.

Trump, por su parte, promueve la idea de que la guerra podría terminar mediante la entrega de territorios, planteando un enfoque “pragmático” basado en la negociación entre potencias, sin considerar la voluntad del pueblo ucraniano. Esta perspectiva refleja un imperialismo territorializado, en el que el poder se concentra en manos de los Estados y sus dirigentes, quienes deciden el destino de regiones y poblaciones como si fueran objetos de intercambio.

Los territorios no son solo espacios geográficos; son nodos que determinan la seguridad militar, la explotación de recursos energéticos y minerales, y la capacidad de influir sobre la región circundante. El interés por estas áreas no es abstracto, sino material y concreto, lo que evidencia la vuelta a un imperialismo más “clásico” y físicamente territorializado, donde el Estado se coloca como actor central de la disputa y no meramente como regulador de mercados o flujo de capitales.

De esta forma, el nuevo imperialismo territorializado combina el control físico de regiones con la lógica política y militar de los Estados. La guerra de Ucrania se convierte así en un ejemplo de como las grandes potencias reproducen patrones históricos de reparto de territorios, adaptados a un mundo globalizado en crisis, donde la acumulación deja de depender solo de los mercados y se interconecta con la ocupación directa de espacios.

Este escenario confirma que la guerra responde a la lucha entre potencias por el control de recursos y espacios estratégicos. Ucrania, en este proceso, se convierte en un territorio disputado, donde la población es sometida a la violencia militar entre burguesías y al desplazamiento forzado. Así, los pueblos quedan subordinados a los intereses de las potencias imperialistas, mientras las fronteras y los recursos se redistribuyen para reforzar la hegemonía de los Estados más fuertes.

La propuesta de repartir Ucrania no busca la paz, sino la reproducción del dominio territorial y la imposición de un orden favorable a los intereses imperialistas.

Debates estratégicos en tiempos de guerra

La práctica de repartir territorios entre potencias no es nueva y sigue un patrón recurrente en la historia del imperialismo. Desarrollaremos un par de casos, particularmente en cuanto a las posturas políticas y estratégicas y las discusiones en el seno del movimiento socialista.

Ante este “novedoso” panorama retomamos algunas de las discusiones clásicas dentro del marxismo, en particular las sostenidas por Luxemburgo, Lenin y Trotsky al respecto de las cesiones territoriales.

El Tratado de Brest-Litovsk, firmado en marzo de 1918, fue uno de los momentos más tensos en el joven Estado soviético; representó no solo la primera paz separada firmada entre un gobierno socialista y las potencias imperialistas, sino también un debate candente en el seno del movimiento socialista internacional sobre la táctica, los principios y la relación entre la revolución nacional con la revolución mundial.

Tras la toma del poder en octubre de 1917, el nuevo Estado soviético heredó una situación militar apremiante. El ejército zarista estaba desintegrado, millones de soldados desertaban, la economía estaba paralizada y Alemania avanzaba rápidamente hacia Petrogrado. Lenin comprendió que prolongar la guerra equivalía a un suicidio de la revolución naciente. El tratado implicaba que Rusia renunciaba a Polonia, Finlandia, Ucrania, Bielorrusia y las repúblicas bálticas, cediendo un tercio de su población, gran parte de su capacidad industrial y enormes extensiones agrícolas.

La posición de Lenin era eminentemente táctica. Sostenía que el joven poder soviético debía sobrevivir, pues su existencia sería un impulso para la revolución mundial. Para él, el tratado no era una rendición estratégica, sino una pausa necesaria para ganar tiempo, reorganizar la economía e impulsar el estallido de revoluciones en Alemania y otros países europeos. Advertía que si el poder soviético caía, la revolución internacional quedaría descabezada, mientras que aceptar concesiones territoriales ofrecía la posibilidad de resistir hasta que el proletariado europeo se levantara.

Trotsky, que encabezó la delegación soviética en Brest-Litovsk, adoptó una posición que buscó dilatar las negociaciones, convencido de que la revolución en Alemania estaba a las puertas y que prolongar el proceso podría acelerar la descomposición del imperialismo germano. En la práctica, esta táctica resultó insostenible, cuando Trotsky se negó a firmar las durísimas condiciones alemanas y anunció el retiro unilateral de Rusia de la guerra, Alemania respondió con una ofensiva militar devastadora. Solo entonces Lenin impuso la aceptación inmediata de las condiciones, aún más duras, que las inicialmente planteadas.

La oposición más feroz vino de la llamada “izquierda comunista”, encabezada por Bujarin y apoyada en parte por jóvenes militantes bolcheviques. Para ellos, aceptar el tratado era una traición a la revolución mundial y una capitulación frente al imperialismo. Argumentaban que prolongar la guerra bajo el estandarte de la revolución socialista podía encender una insurrección en Alemania y Austria-Hungría. Lenin consideraba esta postura como un “aventurerismo revolucionario” que subestimaba las correlaciones de fuerzas y ponía en riesgo la supervivencia del Estado obrero.

Desde la prisión en Alemania, Rosa Luxemburgo siguió con atención el debate. Aunque no defendía el aventurerismo de los comunistas de izquierda, criticó duramente a Lenin por firmar una paz que entregaba pueblos enteros a la rapiña del imperialismo alemán y debilitaba el vínculo entre la Revolución Rusa y el proletariado europeo. Para ella, el internacionalismo proletario debía expresarse en la lucha contra todo reparto territorial entre imperialismos, incluso si éste aparecía como un retroceso táctico. Veía en Brest-Litovsk una señal de peligro, donde el poder soviético, en aras de su supervivencia, estaba sacrificando a las naciones vecinas.

Para Lenin, el tiempo político se midió en dos relojes. En el corto plazo, la prioridad consistió en preservar el poder soviético. En el mediano, la apuesta residió en la extensión de la revolución a Alemania. Esa doble temporalidad justificó firmar una paz desventajosa y preparar una contraofensiva política cuando cambiara el escenario. Luxemburgo invirtió el orden de prioridades; exigió actuar desde el comienzo con un horizonte europeo inmediato y temió que una táctica defensiva nacional corroyera el impulso internacionalista.

La firma del tratado tuvo consecuencias inmediatas. Internamente, generó tensiones con los socialistas revolucionarios, que formaban parte del gobierno, muchos de los cuales se unieron a la guerra civil como oposición a los bolcheviques y se involucraron en el asesinato del embajador alemán, como un intento de reanudar la guerra.

Externamente, le permitió al gobierno soviético ganar unos meses vitales para consolidar el poder, levantar el Ejército Rojo y enfrentar la guerra civil. El cálculo de Lenin resultó acertado, la Revolución Alemana estalló en noviembre de 1918, lo que anuló de facto el tratado y devolvió a los soviéticos el control de buena parte de los territorios perdidos.

El derecho de autodeterminación

Otro aspecto esencial en este tema, fue la formulación de Lenin al derecho de las naciones a la autodeterminación como condición para una unión voluntaria de los pueblos. La defensa del derecho a separarse desarmaba el chovinismo gran ruso, atraía a las naciones oprimidas y abría el camino a una federación socialista basada en el consentimiento.

Desde esa perspectiva, una pérdida territorial podía resultar aceptable si surgía de la voluntad de un pueblo oprimido, no de la violencia de una potencia. Luxemburgo discutió esa tesis. Sostuvo que, bajo el capitalismo, la “autodeterminación” terminaba capturada por las burguesías locales y por la geopolítica de los Estados. Temió que el énfasis en la cuestión nacional fragmentara al proletariado y convirtiera la política socialista en un acompañamiento de agendas nacionales.

Propuso concentrar la fuerza en la lucha de clase paneuropea y en la democracia socialista, convencida de que sólo un poder obrero internacional podía garantizar libertades nacionales reales. La crítica no negó la opresión nacional, pero subordinó su tratamiento a la acción unificada del proletariado.

Trotsky aceptó el principio de Lenin como arma contra los imperios y, al mismo tiempo, compartió la inquietud sobre su uso por fuerzas burguesas. De allí su insistencia en que el derecho a separarse sólo adquiere contenido progresivo si se ligaba a la movilización obrera y a la perspectiva de la revolución internacional. La autodeterminación no opera como fetiche jurídico; vale en función de la dinámica de clase que la impulsa.

El concepto de autodeterminación no solo implica la independencia formal del Estado, sino también la capacidad de un pueblo para ejercer control sobre sus recursos, su territorio y sus instituciones políticas. Cada acto de ocupación, anexión o negociación de cesiones territoriales se convierte en un intento de neutralizar la soberanía popular y garantizar la acumulación de poder de los Estados dominantes.

La ocupación territorial bajo Stalin

La política de Stalin respecto a la ocupación de territorios marcó una ruptura con la tradición revolucionaria. Si para Lenin el problema de la cesión o anexión de tierras estaba subordinado a la defensa de la revolución y al derecho de autodeterminación de los pueblos, para Stalin se transformó en un instrumento de consolidación burocrática y de proyección de poder estatal, incluso a costa de sacrificar los principios internacionalistas.

A pesar de las diferencias entre Luxemburgo, Trotsky y Lenin sobre Brest-Litovsk, para ninguno el territorio fue un fin en sí mismo, sino un escenario en disputa dentro de una estrategia internacional. Con Stalin la lógica cambió. El territorio pasó a convertirse en un recurso de control burocrático y en un símbolo del poder estatal.

En la década de 1930, su doctrina del “socialismo en un solo país” rompió con la premisa fundamental de que la Revolución Rusa dependía de la extensión internacional. Esa orientación llevó a que la ocupación de zonas fronterizas —ya no como concesión temporal sino como anexión permanente— se concibiera como un mecanismo de seguridad y ampliación de su influencia geopolítica.

El caso paradigmático fue el pacto Molotov-Ribbentrop de 1939, donde la Unión Soviética, bajo la conducción de Stalin, acordó con la Alemania nazi el reparto de Polonia y la ocupación de los Estados bálticos. Lejos de representar una táctica para ganar tiempo frente al fascismo, como se argumentó en la propaganda oficial, este movimiento significó la aceptación de la lógica imperialista del reparto territorial, en abierta contradicción con los principios socialistas y con la reivindicación de la autodeterminación de los pueblos. Polonia no fue defendida como nación oprimida, sino dividida como un botín. Estonia, Letonia y Lituania fueron incorporadas por la fuerza a la URSS, negando toda voz a sus pueblos.

La política de Stalin convirtió al Estado soviético en un actor con tendencias expansionistas y chovinistas. El territorio ya no se concebía como una base para el impulso de la revolución mundial, sino como un espacio de acumulación y expansión burocrática. Este enfoque reforzó la subordinación de los partidos comunistas internacionales a la política exterior de Moscú, en vez de fomentar la lucha independiente de los pueblos, se los convirtió en apéndices diplomáticos de los intereses del Kremlin.

Trotsky denunció tempranamente este viraje. En textos como La revolución traicionada señaló que la burocracia estalinista había degenerado, al punto de confundir la defensa de la revolución con la defensa de su aparato burocrático. La ocupación de territorios se convirtió así en un signo de la transformación de la URSS en un poder burocrático con pretensiones expansivas, más cercano a las prácticas del zarismo o de las potencias imperialistas que a las del internacionalismo obrero.

La crítica a la posición de Stalin sobre la ocupación de territorios radica en que esta transformó lo que para Lenin y Trotsky fue un recurso excepcional de supervivencia en una política estructural de expansión. En lugar de autodeterminación, impuso anexiones; en lugar de internacionalismo, priorizó la preservación del aparato; en lugar de preparar la revolución mundial, consolidó un orden geopolítico propio de un imperialismo territorializado.

Alto al fuego sin cesión territorial

La historia demuestra que los pueblos nunca conquistaron su libertad a través de los pactos entre potencias, sino a través de su propia lucha. Brest-Litovsk, pese a todas sus contradicciones, fue concebido como un sacrificio temporal para salvar la revolución y abrir paso a la insurrección internacional. En cambio, Stalin transformó la política soviética en su contrario, un engranaje de repartos territoriales que reprodujo la lógica del imperialismo bajo bandera “socialista”.

Hoy, cuando Trump y Putin plantean negociar el futuro de Ucrania como si se tratara de un tablero de ajedrez, lo que se revela no es la búsqueda de la paz sino la rapiña imperialista más brutal. Ningún acuerdo que se base en ceder pueblos y fronteras desde arriba puede garantizar el fin de la guerra. Lo único que asegura es la perpetuación del dominio de las grandes potencias sobre las naciones más débiles.

La tarea de las y los revolucionarios y de la izquierda revolucionaria es clara; hay que rechazar todo intento de partición imperialista y afirmar con firmeza el derecho de autodeterminación de los pueblos. No habrá paz mientras las fronteras se definan en Washington, Moscú o Bruselas. La única salida progresiva vendrá de la mano de la movilización de las masas trabajadoras y oprimidas, que se nieguen a ser moneda de cambio en los pactos entre imperialistas. Contra Trump, contra Putin y contra todos los que pretenden repartirse Ucrania, estratégicamente la bandera que debemos levantar es la de la independencia de clase, el internacionalismo y la lucha por una paz conquistada desde abajo.

Por otra parte, ante las intenciones de Trump y Putin de repartirse a Ucrania en una mesa de negociaciones y la necesidad de salir de una guerra que sofoca la acción independiente de las masas ucranias y rusas, tácticamente en este momento la mejor salida es congelar los frentes de guerra, para así garantizar un alto al fuego inmediato sin ceder territorios.