“La necesidad de convertir en leyes los anuncios y las promesas del Gobierno, para que les den la previsibilidad y la sustentabilidad que los actores económicos (internos y externos) reclaman, más allá de la adhesión que les provoca el programa radical de reformas pro mercado del oficialismo, se está convirtiendo en un desafío soberano.” Claudio Jacquelin, 18/03. La Nación

El cachetazo recibido en el Senado ha colocado una sombra de crisis que acompaña al gobierno y empina la cuesta política que significan marzo y abril, dos meses que ya se anunciaban complejos en materia económica y social. Una crisis larvada y contenida por los garantes de la gobernabilidad, es decir todas las fuerzas políticas de régimen incluido el kirchenrismo y desde luego la CGT y CTA’s que se niegan (más que nunca en este momento delicado) a convocar a un nuevo paro general, aunque esté en juego el futuro de la clase trabajadora. Y que por otro lado expresa un triunfo indirecto de la lucha de clases, contra aquellos que sólo ven en política lo que ocurre en las nubes de Úbeda, que presiona al personal parlamentario a cuidarse bien de qué votar, a costa de pagar el costo político en sus propias provincias y desatar la furia de los de abajo.

El nuevo traspié ratifica las enormes dificultades del gobierno a la hora de elevar la brutal arremetida económica a leyes sin las cuales todo proyecto económico de “refundación del capitalismo argentino” no pasa del grado de tentativa. Se trata en este caso ni más ni menos que del rechazo del DNU 70/23, que junto a la fracasada Ley Ómnibus (con una nueva versión en proceso), son los dos grandes proyectos políticos que sustentan la orientación económica del gobierno.

El limite elástico entre el ataque económico veloz y la lentitud en de su consagración política hacen cuello de botella. No es suficiente el recorte brutal en inversión pública, la destrucción del salario de los jubilados, la pulverización del salario de las y los trabajadores, y la liberación de precios que alimenta de manera inversamente proporcional los bolsillos de los grandes empresarios, para erigir un modelo económico ultra neoliberal. La privatización de empresas estatales, la reforma laboral esclavista contenida en el DNU, la legalización de la desregulación económica, entre otras, son instancias claves. Esto es lo que le reclama a Milei desde el FMI hasta el empresariado local, y donde el oficialismo se choca contra sus propios límites parlamentarios (minoría en ambas cámaras) y territoriales (no tiene ningún gobernador). Y con los límites que le impone una relación de fuerzas no derrotadas que pondera a las y los trabajadores (que deben lidiar por otro lado con la burocracia sindical garante de la estabilidad gubernamental), algo que no es ajeno a Mieli que el fin de semana dijo “les pido calma y paciencia” ante una encuesta que refleja que le 70% de los consultados aseguran estar peor.

El tratamiento del DNU en diputados y la reversión de la Ley Ómnibus ambas sin fecha de tratamiento, son las dos iniciativas en las que se concentra el rumbo político del gobierno y que serán momentos clave. Un nuevo traspié abriría una crisis política plena, lo cual no debe alentar lecturas facilistas. Por un lado, porque Milei cuenta con una serie de contrapesos en lo que refiere a garantía de gobernabilidad tanto internamente (la burguesía política que tanto le pone límites, como negocia y lo contiene, hasta la burguesía económica, además del FMI, el papa entre otros). Aún si los elementos bonapartistas del gobierno no han logrado consumarse plenamente, sobre todo en términos políticos ya que el ataque económico si se desarrollan con ribetes bonapartoides, esta característica no deja de ser un elemento de peligrosidad.

Por otro lado, porque hay todo tipo de negociaciones en curso entre diputados y gobernadores que vuelven a poner en claro que la única fuerza capaz de defender los intereses de los trabajadores es la de la movilización de los trabajadores mismos, con las organizaciones y figuras políticas independientes, y en la pelea a brazo partido por imponer una huelga general las centrales sindicales y gremios para derrotar el plan de guerra del gobierno.

Por arriba, complejas negociaciones

La complejidad de la situación política informa a todo el establishment político. Si la gobernabilidad el único acuerdo implícito de todo el arco político, la virulencia del propio gobierno pone al resto de los actores institucionales límite de lo aceptable. Está claro para todos que una derrota del DNU o un nuevo rechazo a la reversionada L.O tendría consecuencias de gravedad institucional. Pero junto con esto la aceptación de las mismas abren también la puerta a la eventualidad de una crisis política por el contenido del ataque. Por dar un ejemplo, la contra reforma laboral contenida en el inconstitucional DNU  70/23 sería una traición abierta del peronismo y de la propia CGT en caso de negarse a convocar a una acción.

Es que ambos paquetes reaccionarios atacan tanto las condiciones de vida política, cultural, social y económica de las y los trabajadores (recordemos que el DNU contiene ataques directos a las acciones de protesta, e incluso el derecho a huelga por la vía de declarar servicios esenciales a distintas actividades), como intereses institucionales generales como provinciales que van más allá de una mera cuenta económica (aunque esto tenga peso específico). Ejemplo de esto es la reacción de un sector del radicalismo que se opuso al DNU entre otros motivos por el ataque que vive la universidad pública en serio peligro de funcionamiento, y que incluye evidentemente, pero también excede, una mera discusión de caja presupuestaria.

Así las cosas, la negociación en curso de la nueva L.O tiene sus propias dificultades. Por empezar, porque incluye una nueva fórmula jubilatoria que no reconoce la perdida de enero/febrero/marzo, consagrando una jubilación indigencia. Esto es rechazado por un amplio arco político, incluso de sectores “dialoguistas”. Por otro lado, la discusión alrededor de fondos coparticipables con las provincias, que el gobierno quiere compensar con la restitución del impuesto a las ganancias en su 4ta categoría (salarios). Aquí la necesidad de fondos de las provincias choca con la de los trabajadores: reestablecer el impuesto a las ganancias partiendo de salarios de $1 millón de pesos (como pretende el oficialismo) sería un golpe durísimo para un universo calculado en 1,5 millones de trabajadores (tengamos en cuenta que la canasta básica total se calcula en $700 mil para una familia tipo. En este rubro se dividen los gobernadores de las provincias que menores salarios (gobernadores del norte) respecto de aquellos cuya población alcanzan los pisos pretendidos (patagónicos, Córdoba y PBA).

Un camino nada fácil por recorrer que tendrá un capitulo nuevo el próximo viernes cuando se inaugure el funcionamiento de las comisiones de trabajo alrededor de la nueva L.O.

Por abajo, la preparación de un 24 histórico

Mientras escribimos estas líneas, el gobierno aplica represión en el Puente Pueyrredón sobre el movimiento piquetero y las organizaciones políticas solidarias que nos movilizamos pacíficamente para exigir alimentos para los comedores y trabajo genuino en una jornada nacional convocada por el Frente de Lucha Piquetero y la UTEP.

Es una muestra de la tensión de fuerzas a la que estás sometido el gobierno y los garantes de la gobernabilidad, y los trabajadores y sectores populares acicateados por los ataques de Milei. En este marco no espera una jornada histórica para este 24 de Marzo convocada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia a partir de las 14 horas.

El rechazo del sector de derechos humanos ligados al kirchenrismo a unificar un acto con la lectura de dos documentos es otra muestra de la verticalidad que tiene en ese sector la garantía de gobernabilidad y el “hay 2027”. Exigían a quienes queremos derrotar lo antes posible el plan de guerra de Milei y que exigimos una huelga general ya a las centrales sindicales, que no pudiéramos expresar en un documento propio estas dos necesidades vitales para las y los trabajadores y todos los afectados por la política oficialista. Contradicciones si las hay, organismos de derechos que rechazan un acto acto unitario contra Milei con exigencias de censura política.

Pero la palabra de quienes enfrentamos a este gobierno en las calles desde el 20 de diciembre cuando desafiamos el protocolo, que exigimos el paro a CGT y luego participamos en unidad de acción el 24 de enero con nuestras propias banderas, en las jornadas con las que derrotamos la L.O, o con la última parada masiva el 8m, tendrá lugar también este 24 de marzo para decir que son 30 mil, que fue genocidio, abajo el DNU, abajo la nueva Ley Ómnibus, abajo el protocolo anti protesta social y abajo el ajustazo brutal del gobierno. Por todo esto exigiremos un nuevo paro general a las centrales sindicales.

Tenemos una parada muy importante por delante. No están descartadas nuevas provocaciones por parte del gobierno negacionista, pero la tradición de la movilización del 24 y los nuevo y enorme desafíos que tenemos ante este gobierno alientan una jornada masiva y de enorme peso político.

El vacío político que deja una como el kirchnerismo sin plan alternativo más que esperar a que pasen los 4 años del gobierno de Milei sin chistar, nos abre un enorme espacio que debemos aprovechar para llenar con nuestra política. Todos aquellos que quieran enfrentar al gobierno de Milei en las calles y que quieren derrotar su plan de guerra tienen lugar en nuestra columna y en el acto. Desde las y los trabajadores, el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres, las asambleas, los sectores democráticos y todos los que no quieren esperar 4 años cruzados de brazos estaremos copando las calles a partir de las 14 horas. A todas, todos y todes el Nuevo MAS los esperamos con los brazos abiertos.