Es un proyecto que no puede entenderse por fuera del contexto de ajuste que se está viviendo de la mano del gobierno y el FMI y que no hará más que profundizarse. El gobierno provincial ensaya una salida reaccionaria para garantizar que el ajuste pase sin protesta y movilizaciones.

El proyecto de ley presentado por Hacemos por Córdoba (PJ) y Juntos por el Cambio propone una serie de cambios regresivos al ya muy cuestionado Código de Convivencia de la provincia. Entre los cambios se incluyen cuestiones muy variadas como multas por ensuciar la ciudad o por mala conducción, pero lo central es la modificación del artículo 80 del código con la creación de un artículo 80 bis, que plantea lo siguiente:

“Uso del espacio público. Toda manifestación pública debe ser notificada ante la autoridad competente con una antelación no menor a las 48 horas. En esa notificación deberá indicarse; lugar en que se llevará a cabo, tiempo estimado y objeto de la manifestación correspondiente y/o actividad en el espacio público cualquiera sea su objeto. En tal sentido, para llevar a cabo dicha manifestación y uso del espacio público, luego de efectuar la notificación ante autoridad competente, se deberá contar con la debida AUTORIZACION DE DICHA AUTORIDAD COMPETENTE.”

Es ridículo y reaccionario. La inmensa mayoría de las movilizaciones sociales tienen como causas o la exigencia al Estado o repudiar algún accionar del Estado y el gobierno. Sin embargo, este proyecto de ley plantea que se le deba pedir permiso al mismo estado contra el cual se está reclamando. Permiso que, claro está, no llegarán nunca. Sin embargo, el proyecto de ley no acaba allí, en un artículo 80 ter plantea los castigos por ejercer el legítimo derecho a la protesta

“Desórdenes públicos. Serán sancionados con hasta seis (6) días de trabajo comunitario, multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que, por cualquier motivo o invocación, SIN AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, alteraren y/o interrumpieren el normal tránsito de las vías de circulación de personas, vehículos y/o el normal desenvolvimiento de las actividades de educación, sanitarias, universitarias, comerciales, farmacia y cualquier otra actividad relacionada a la industria licita.”

Y posteriormente agrega que dichos castigos serán mayores en caso de ocurrir en puentes o avenidas y si también si fuese cometida por funcionarios públicos. A lo cual se suma lo siguiente

“Serán sancionados, con 20 días de trabajo comunitario, multa de hasta ciento ochenta y cuatro Unidades de Multa (184 UM) o arresto de hasta 15 días, las organizaciones y/o sus representantes legales y/o autoridades de las mismas, como así también, a los organizadores de manifestaciones públicas y uso del espacio público, (…)  asimismo a quienes faciliten y proporcionen los medios necesarios de logística, en forma onerosa o gratuita, para la realización de dichas manifestaciones públicas y uso del espacio público, como medios de transporte (colectivos, vehículos particulares, trafic, etc ) baños químicos o cualquier otro medio afín, siendo el listado precedente solo enunciativo, no taxativo.

En caso de que quienes proporcionen los medios de logística, posean algún tipo de vinculación laboral y/o contractual con el Estado Provincial o municipal de cualquier jurisdicción de Córdoba, dicha vinculación será resuelta sin más y sin derecho a indemnización alguna.

Para quienes no posean vinculación laboral y/o contractual al momento de producidos los hechos, serán incorporados a un registro provincial de personas físicas y/o jurídicas que estarán impedidos de contratar con los estados Municipales y Provincial por el termino de 5 años.

Las penas previstas en este artículo se elevarán al doble en caso de reincidencia. En caso de reiteración de la reincidencia las penas seguirán duplicándose.”

Así, en síntesis, puede decirse que este proyecto marca un claro ataque al derecho a la protesta social, el cual es un derecho fundamental dado que es gracias a la protesta que se han obtenido y pueden defenderse en la actualidad todos los derechos de los explotados y oprimidos. A su vez, este proyecto de ley es un claro ataque a derechos y libertades democráticas básicas con el único fin de hacer pasar el ajuste sin pagar el correspondiente costo político. Por otro lado, no puede dejar de señalarse que dicho proyecto también incluye elementos de persecución política al dictar el despido en caso de que quienes protesten o brinden apoyo logístico sean empleados públicos.

Aquí, el único fin del gobierno es hacer pasar el ajuste y atacar la resistencia de los trabajadores y todos los sectores que salgan a enfrentarlo. Pretenden castigar a quienes salgan a la calle a protestar en defensa de la educación pública, a quienes protestan en defensa de la salud como las marchas exigiendo justicia por las víctimas del Hospital Neonatal, a quienes salen a luchar por las condiciones laborales y contra los despidos, como el caso de la persecusión a Facundo Díaz quien fue injustamente despedido de Neumáticos Avanzada, a quienes salen contra el gatillo fácil como en el caso de Blas Correas, a quienes salen a las calles contra los femicidios, a quienes protestan en defensa del medio ambiente, los incendios forestales y contra los desmontes como el caso de la autovía de Punilla, etc.

Cabe señalar que la Provincia se encuentra atravesando un nuevo periodo de crisis debido al crimen vial que involucra a uno de los principales funcionarios políticos del Gobierno de Schiaretti: el presidente de la Legislatura Provincial Oscar González. En este accidente la mujer que manejaba, docente, pierde la vida y dos adolescentes resultaron gravemente heridas. La semana que viene nos convocaremos en las calles en pedido de justicia por las víctimas.

También estaremos en las calles junto al reclamo de las trabajadoras y trabajadores de salud que se encuentran reclamando por su salario y las pésimas condiciones laborales y de contratación.

Por último, es necesario mencionar que este proyecto de ley a la medida de Schiaretti, sus congéneres y el FMI que no se puede dejar pasar, y es por esto que múltiples organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles, feministas, de derechos humanos, etc. se han manifestado en contra y ya se preparan movilizaciones, coordinadas en una Multisectorial de la que el Nuevo Mas forma parte, desde donde se prepara una movilización para el próximo 23 de noviembre.