Cambios que son históricos en el Gobierno de Schiaretti, y que son consecuencia de los golpes que significaron las movilizaciones para su gestión.

Se mueven las fichas en el gabinete

El Gobierno de la provincia está ensayando la táctica de cambios de ministros como si fuera un borrón y cuenta nueva, tal vez un manotazo ante la posibilidad de un ahogo. Los cambios de autoridades en Córdoba no son novedad en estos días: Diego Cardozo, exministro de Salud renunció hace 4 semanas, salida impulsada por su responsabilidad en los casos de muerte de bebés en el Hospital Neonatal de la Provincia; y esta semana renunció Nora Bedano, titular de la Agencia Córdoba Cultura, marcada por lxs trabajadorxs de cultura como responsable de la precarización y baja de contratos en el último mes, y en medio de rumores de mala administración de gastos en la Agencia.

Según Julián Cañas, periodista de la Voz del Interior, Schiaretti “en los últimos 30 días –por distintas circunstancias–, se vio obligado a hacer seis cambios en su gabinete, cuando en los 10 años y medio anteriores de gestiones provinciales había hecho sólo dos modificaciones entre sus principales colaboradores”. Esta semana la novedad es la salida de Alfonso Mosquera del Ministerio de Seguridad, motivada por el peso de los casos de gatillo fácil, particularmente el de Blas Correas cuyo juicio transcurre, y de abusos de autoridad por parte de la Policía de Córdoba.

Mosquera y la policía de Córdoba

El caso de Jonatan Romo en julio de este año puso a Alfonso Mosquera en el centro de la escena. Romo murió por «asfixia mecánica producida por un tercero», un policía, en el marco de un procedimiento policial en el que estaba siendo detenido mientras atravesaba una crisis producto de su padecimiento mental. El momento de la detención de Romo fue filmado sin que los policías que llevaban adelante la detención se dieran cuenta, y el video fue replicado por todos los medios y redes sociales de Córdoba.

A partir de este caso, se profundizaron las críticas hacia la Policía de Córdoba, que cuenta con muchos casos en su haber de abusos policiales. El caso Romo alentó el pedido de renuncia del ministro, quien en declaraciones a la prensa respondió que la falta de formación de la policía era una falacia y, ante el pedido de su renuncia, que “ni lo sueñen”.

Bajo la gestión de Mosquera hubo al menos cinco casos de gatillo fácil policial, entre los cuáles se encuentra el caso de Blas Correas, cuyo juicio hoy en curso pone en el banquillo de los acusados a 13 policías que estuvieron implicados en el crimen. Y el reemplazo de Mosquera llega en un momento clave del desarrollo del juicio, en el que Soledad Laciar, madre de Blas, completó su declaración como querellante. Declaración que pone al Gobernador como principal responsable de la muerte de su hijo, y de ahí para abajo, Mosquera incluido. El periodismo cordobés lee esta «renuncia» además como un anticipo a lo que Laciar pudiera decir del ministro en su declaración.

Joaquín Paredes, José Ávila, Cecilia Basaldúa son víctimas de crímenes cuya cadena de responsabilidades terminan en Mosquera, y con él, la impunidad con la que se maneja la Policía de Córdoba. Institución avalada siempre por Schiaretti, y que hoy, ante una crisis social que se refleja en una supuesta inseguridad generalizada, buscará reforzar sus líneas endureciendo la presencia policial en calles y barrios, incluso con un posible llamado de reclutamiento a policías retirados.

El reemplazo de Mosquera y los otros 3 nuevos ministros

Julián López, hasta ayer ministro de Justicia y Derechos Humanos, pasa a hacerse cargo de Gobierno y Seguridad. Si rastreamos el historial de López, nos encontramos con que también fue en algún momento ministro de Agricultura, legislador e intendente de la localidad de Melo. A primera vista, una pieza importante que colabora en la gestión de las políticas del Gobierno, y que viene a dar una especie de aire en uno de los brazos más debilitados en credibilidad y autoridad desde los comienzos de la pandemia. Rol que también supo cumplir a la orden de De La Sota allá por el 2013 con la crisis desatada por el acuartelamiento de la policía cordobesa. A López también se le da cierto respiro al dar un paso al costado en Justicia y DD.HH., luego de haber sentido la presión de las exigencias por parte de los trabajadores de la SENAF en reclamos por las consecuencias que las políticas de ajuste tienen en el sector.

Por otro lado, Laura Echenique, secretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y DD.HH, reemplazará a López. En la puesta en marcha del nuevo Ministerio de Empleo y Formación Profesional entra a jugar Facundo Torres, y al Ministerio de Hábitat y Economía Familiar, Laura Jure, quien cambia su título anterior de ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar de Córdoba.

Y en cuanto a Mosquera, lejos de ser desplazado del desempeño de un cargo de gestión de lo que sea, a partir de ahora ocupará la banca en la Legislatura de Córdoba para la cual fue electo en 2019.

Una Córdoba movilizada que va en contra del modelo de ajuste schiarettista

Hay tensiones que un cambio de gabinete no resuelve. Schiaretti ha tenido que salir a dar la cara y alguna clase de respuesta en un contexto en el que la crisis económica y social meten presión al Gobierno desde diferentes sectores. Sin lugar a dudas, sostener a Mosquera a la cabeza de seguridad tenía para Schiaretti un costo político que no estaba dispuesto a pagar de cara a un 2023 electoral, y luego de la herida que dejó la derrota de la política schiarettista en las pasadas elecciones en Marcos Juárez. Y sobre todo con la sociedad cordobesa al juicio por el crimen a Blas Correas, en el marco de que se engrosan las cabeceras de las marchas de la gorra y en contra del gatillo fácil con familiares de las víctimas en manos de la policía cordobesa.

Lamentablemente para el Gobernador cordobés esta lavada de cara con cambios de nombres de ministerios y enroques de cargos está muy lejos de resolver las tensiones que se acumulan en Córdoba.

La docencia demostró estar lista para la lucha ante el avance del ajuste en educación, y tuvo una gran demostración de fuerza en la amplia participación en asambleas y en la organización de un reclamo y movilización en las calles de la capital hace algunas semanas. Hubo una movilización de alrededor de 50 mil personas en defensa de los derechos democráticos posterior al atentado a Cristina, poniendo en el centro de la agenda las libertades democráticas. La crisis en salud expulsó a Cardozo y hoy las y los trabajadores de salud también reclaman por sus salarios. El sector de trabajadorxs del área de discapacidad salió a la calle en el marco de un conflicto por ajuste que se da a nivel nacional. Se desataron incendios en las sierras cordobesas que pusieron en evidencia una vez más la falta de políticas para prevenir y contener los incendios que suceden todos los años en la misma época. En Cultura, lxs trabajadorxs denuncian la precarización y la caída de contratos por falta de renovación. Y en la capital esta semana se manifestaron lxs jubilados contra la reforma de ajuste y lxs trabajadorxs municipales comienzan a moverse en reclamo por aumento salarial. Todo esto en un mes. Y hay indicios de que será la tónica que marcará lo que queda del año.

Lejos de traer soluciones con un cambio de gabinete, se advierte que Schiaretti busca traer algo de firmeza y un aire de tranquilidad a su gestión. Sin embargo, pone en evidencia que más que firmeza, muestra la crisis en la que entra el modelo schiarettista para llevar adelante un ajuste en una Córdoba movilizada.