Una reciente investigación del periodista Gustavo Carabajal publicada en el diario La Nación reveló que la mitad de la banda del presunto dueño de la cocaína adulterada que mató a 24 personas son policías.

Por la publicación de la nota, la información fue requerida en la causa judicial y Carabajal fue llamado a prestar declaración en la causa. Según la investigación, más de media docena de policías cobraban millonarias coimas a la banda narco sospechada a cambio de protección e impunidad.

Las banda en cuestión estaría comandada por una persona conocida como «Alicho», un narco que maneja la organización desde la cárcel, ya que está preso desde el año 2017 por tráfico de drogas. Según la investigación que ya transcurre en la justicia, al menos cinco policías de la bonaerense y uno de la federal serían parte de la banda.

«Alicho» sería el veredadero líder de la banda que se encargó de la venta y la distribución de la cocaína envenenada con carfentanilo. Por el consumo de esa sustancia murieron 24 personas y decenas tuvieron que ser internadas.

Según revela Carabajal, el expediente judicial destaca que la banda narco comandada por «Alicho» no podría haber realizado sus actividades sin protección policial. Esto no es una novedad, sino que ya había sido advertido en la causa judicial anterior que llevó a Alicho a la cárcel. En dicho expediente figura que “se advierte la intervención de funcionarios policiales en el quehacer delictivo de la banda investigada. Se trató de una colaboración fundamental para el desarrollo de los actos de narcotráfico en la medida que, por su intermedio, se garantizaba la impunidad de sus miembros. En efecto, mediante dicha estructura evitaban ser descubiertos en las distintas fases de la cadena del tráfico de estupefacientes o, incluso, que se desbaraten los domicilios utilizados como puestos de venta, logrando con ello evitar la pérdida de material, ganancias, o la detención de quienes trabajaban con la banda”. Pero nada cambió y la complicidad policial continuó.

Estos policías presuntamente involucrados no sólo ofrecían protección y logística para la banda, sino que también recaudaban coimas para las dependencias policiales para las que trabajaban. Lo que muestra que no se trata de policías «sueltos» sino de todo un entramado de complicidad entre las fuerzas represivas del Estado y los narcos.

Tanto es así que habría involucrados tanto efectivos de la federal como de la bonaerense, de manera de asegurarse a los narcos la complicidad de ambas fuerzas. La nota de Carabajal llega a ilustrar la complicidad policial incluso en números: uno de los Policías bonaerense recaudaba dos millones de pesos semanales de los narcos, que se repartían en distintas dependencias de la zona, así como para los propios «recaudadores».

La tragedia de la cocaína adulterada sacó a la luz la podredumbre de las fuerzas represivas del Estado, infestadas de manera orgánica con lo más rancio del narcotráfico y la violencia en los barrios populares. Mientras el Estado persigue y criminaliza a los consumidores, participa del negocio y se vuelve un eslabón fundamental para que los narcos puedan extender sus redes. No hay solución a la terrible violencia que el narco ejerce en las barriadas populares sin desmantelar todo el aparato represivo del Estado que le es cómplice.