“Cae el rey de Espadas

Cae el rey de Oros

Cae el rey de Bastos

Cae, no queda nada.”

(Cartomante, de Ivan Lins)

Jair Bolsonaro (PL) fue arrestado por la Policía Federal (PF) en la mañana del sábado (22). Bolsonaro, que estaba en régimen de prisión domiciliaria desde el 4 de agosto y fue condenado por el Supremo Tribunal Federal (STF) por la trama golpista del 8 de enero de 2023, tuvo su prisión domiciliaria convertida en preventiva por Alexandre de Moraes (ministro del STF).

El argumento de Moraes para convertir la prisión domiciliaria en preventive, es que Flávio Bolsonaro (PL) estaba convocando por las redes sociales manifestaciones contra la detención, que hubo violación de la tobillera electrónica durante la madrugada y que existía riesgo de fuga de Bolsonaro hacia la embajada de Estados Unidos.

Bolsonaro, que ya perdió la elegibilidad por abuso de poder, fue condenado a 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado. Sumada a la condena de generales y otros jefes militares de alta graduación, esta sentencia marca un hecho inédito en la historia del país.

Por más que esta prisión y punición sigan siendo limitadas —pues, vergonzosamente, quedaron fuera del procesamiento de Bolsonaro los crímenes cometidos durante la pandemia, que segó la vida de cientos de miles de personas, y otros crímenes contra explotados y oprimidos— este hecho es una victoria política parcial y, por eso, ha sido celebrado por trabajadores y oprimidos por todo el país.

Para comprender por qué la mayor figura de la extrema derecha ha caminado hacia la prisión, a pesar de todas las mediaciones hechas por la justicia, es necesario entender que, además de la movilización efectiva —aunque farsesca— de su grupo político en el sentido de dar un golpe de Estado y cerrar el régimen, Bolsonaro se convirtió en una figura tóxica para la propia clase dominante.

Bolsonaro recibió apoyo político de la mayor parte de la burguesía en las elecciones de 2022, porque era visto como alguien que podría llevar adelante ataques profundos a los derechos de los trabajadores —como la reforma de la Previdencia y otras medidas. Sin embargo, sus ataques a las urnas electrónicas, el incumplimiento de decisiones judiciales y toda la trama golpista llevaron a una polarización política que produjo choques incontrolables, como los ocurridos durante la ocupación de las carreteras por los bolsonaristas, enfrentados por trabajadores, personas del pueblo y barras organizadas.

Con Bolsonaro ineligible y, ahora preso, se abre el camino para figuras políticas de extrema derecha no menos nefastas, como el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que, desde el gobierno paulista desarrolla una política privatizadora, necropolítica y de ataques a los servicios públicos, además de articular proyectos como la PEC del Blindaje, además de otras medidas ultrarreaccionarias.

La prisión preventiva de Bolsonaro —a pesar del debilitamiento de su clan familiar—, dado que fue realizada por la justicia burguesa y sin movilización en las calles, no significa automáticamente un cambio de coyuntura a nuestro favor. Para eso es necesaria la retomada independiente de las calles por parte de la izquierda, de los trabajadores organizados y de los movimientos sociales. Una estrategia de lucha desde abajo que el gobierno Lula y la izquierda reformista e institucional evitan frontalmente, pues va contra la gobernabilidad basada en la conciliación de clases y, consecuentemente, en el profundizamiento de ataques directos e indirectos a los trabajadores.

Como forma de retomar la ofensiva después de las movilizaciones masivas del 21 de septiembre contra la llamada “PEC del Blindaje” la Bandidagem”, la extrema derecha apuesta en la acción policial en Río de Janeiro que promovió la mayor masacre de la historia del estado: 121 muertos —117 civiles y 4 policías, según datos oficiales. La masacre, además de su gravedad humanitaria, funcionó como provocación política: reafirmó el uso sistemático de la violencia estatal como instrumento de control social sobre cuerpos negros y territorios periféricos, enviando un recado de intimidación al conjunto de la clase trabajadora.

En respuesta, el gobierno Lula presentó el Proyecto de Ley Antifacción (PL 5.582/2025), basado en una estrategia punitivista de seguridad pública. El Centrão[1] y la extrema derecha reforzaron la contraofensiva reaccionaria al entregar la relatoría del PL a Guilherme Derrite, secretario de Seguridad Pública de Tarcísio y defensor abierto de políticas de exterminio, que transformó el proyecto en algo ultrarreaccionario en todos los sentidos.

El PL “antifacción”, aprobado en la Cámara de Diputados con 316 votos a 110 en el texto base y, posteriormente, con 370 votos a 110 en el conjunto, crea la figura del “dominio social estructurado” y amplía de forma peligrosa el concepto de “organización criminal ultraviolenta”. El texto permite interpretar acciones de movimientos sociales, ocupaciones urbanas y movilizaciones comunitarias, como prácticas de intimidación, control territorial o interferencia en servicios esenciales, abriendo un amplio camino para criminalizar todas las formas de lucha social.

Se trata de una maniobra política de la extrema derecha y del Centrão que, bajo el discurso de seguridad pública, fortalece el aparato represivo necropolítico contra la población negra y los sectores populares, al mismo tiempo que retira derechos fundamentales de lucha y organización de la clase trabajadora y de los oprimidos. De esa forma, no es con la política de conciliación de clases —que siempre da como resultado un ataque a nuestros derechos— , sea de Lula o de cualquier gobierno, que podemos enfrentar a la extrema derecha. Pero tampoco será con un programa meramente económico, como defiende el PSTU y otras organizaciones, que podremos dar cuenta de la ofensiva reaccionaria en curso.

Ante la victoria parcial que fue la prisión preventiva de Bolsonaro, para romper con la línea economicista que no moviliza, es fundamental que la CSP-Conlutas convoque y organice la lucha en las calles contra la jornada 6×1, por los derechos de los repartidores y contra el marco fiscal de Lula, de forma integrada a la lucha en defensa de nuestros derechos políticos. En primer lugar, es necesario combatir el PL de la represión, que no pasa de un ataque al derecho de organización y de lucha, para que todos los golpistas sean castigados y tengan sus bienes expropiados. Además, es hora de luchar contra la Ley de Amnistía y por el fin de la policía y de los tribunales militares.

[1] En Brasil se denomina como Centrão a un conjunto de partidos “fisiológicos”, es decir, que no tienen un claro programa político y cuya actividad pasa por colocar sus votos en el Parlamento al servicio del gobierno de turno, a cambio de recursos estatales para su base electoral y prebendas personales. Anteriormente, fueron base del gobierno de Bolsonaro y hoy lo son de la administración de Lula. Son partidos bastantes reaccionarios y de derecha (Nota de V.A.).