Después del implacable número de inflación de abril, que superó hasta las expectativas más pesimistas, el Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa anunció un paquete de medidas para intentar contener los aumentos de precios.

La terrible pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores no es el único problema. Se trata también del riesgo a que la situación económica se desbande por alguna de sus tantas grietas: la altísima inflación alimenta nuevamente las ansias devaluatorias de los sectores especulativos que vienen de hacer una corrida el mes pasado, lo que reaviva la presión sobre el dólar. Así como también la escalada inflacionaria puede espiralizarse todavía más a niveles hiperinflacionarios, un riesgo latente que en una economía tan frágil como la Argentina sería un error descartar.

Ante el tremendo cachetazo que significó el 8,4% de inflación de abril, Massa se reunió con sus funcionarios económicos con el fin de apaciguar un poco las llamas de los aumentos de precios. Es importante destacar que estas medidas no son, ni cerca, un verdadero plan antinflacionario, sino apenas algunas barreras de contención para que la variación de precios no se acelere todavía más. En conjunto, se trata de medidas de corte recesivo, que afectarán la actividad económica y la producción local.

La primera y principal medida es un nuevo aumento abrupto de la tasa de interés, que pasará del 91 al 97% anual. Ya en abril el BCRA la había aumentado diez puntos, pero no fue suficiente frente a la grave escalada de precios. Aun así, el 97% en el que se ubicará ahora sigue por detrás de la inflación anualizada, que se ubicó en el 108% interanual.

La medida intenta hacer más atractivas las colocaciones en pesos (principalmente los plazos fijos) para sacarle presión al dólar, que frente a la altísima inflación aparece como el resguardo más atractivo.

Como correlato de esta medida, Massa dispuso que el BCRA tenga todo el poder de fuego posible para contrarrestar eventuales subidas de los dólares no oficiales, es decir, dio vía libre a que el Banco Central «queme» todos los dólares de sus reservas que tenga que quemar con tal de contener una posible nueva corrida.

Pero como es sabido, la subida de tasas tiene consecuencias recesivas: encarece el crédito y enfría la actividad económica. En este contexto de altísima informalidad y precarización laboral, las consecuencias de estas políticas recesivas son transferidas de los empresarios a los trabajadores, bajo la forma de despidos o congelamiento de salarios.

La otra medida de importancia, con ribetes vergonzosos que dan cuenta de la ineptitud de nuestra clase dirigente para salir de la crisis, es la referente al Mercado Central. Economía, a través de la Secretaría de Comercio, permitirá que el Mercado Central se convierta en importador de alimentos a arancel 0, es decir, aumentar la oferta en el rubro más neurálgico para la inflación que es el de alimentos, con el objetivo de disminuir la presión alcista de los precios.

Se trata de una medida que no por desesperada es menos rudimentaria. Argentina importará muchos alimentos que se producen acá (como frutas o verduras), gastará dólares (que no tiene) en importarlos, con el objetivo más bien modesto de apenas contener -no combatir- los aumentos de precios en el rubro alimenticio. De más está decir que ésta también es una política recesiva ya que golpea directamente la producción nacional al ponerla a competir con productos de afuera que antes no ingresaban al país. De nuevo, como dijimos, serán los trabajadores los que paguen el costo de estas políticas.

A manera de contrapeso de los efectos recesivos que tendrán estas políticas, el paquete incluye algunas medidas de leve «alivio» fiscal o financiero para empresas y consumidores. Por ejemplo, se reducirán en nueve puntos la tasa de interés que pagan quienes compren en cuotas mediante el programa Ahora 12, para que la subida de la tasa de interés no tenga efectos tan destructivos en el consumo con tarjeta. Sabe a muy poco en medio de la tierra arrasada que está dejando la crisis.

Para las empresas, los beneficios serán planes de pago de la AFIP para deudas corrientes en hasta 84 cuotas, así como la aceleración de los mecanismos de importación para bienes de capital.