Luego de 15 años el país, la empresa LATAM anunció que dejará de operar en el territorio nacional. Los gerentes defendieron la decisión de irse en base a los números rojos de los últimos años.

Lo que habría terminado de determinar la decisión por parte de los directivos de la empresa serían las pérdidas producidas por las restricciones a los vuelos en el marco de la pandemia y el distanciamiento social preventivo obligatorio, que obviamente afectó a las empresas del sector.

La realidad es que, mas allá de lo que dicen sus dueños, la aerolínea repartió recientemente ganancias extraordinarias, de alrededor de USD 57 millones entre sus accionistas.

La empresa ya había recortado el 50% del salario de sus empleados desde el comienzo de la pandemia, y pedido una importante ayuda estatal que fue otorgada.

La compañía cuenta con 1715 empleados que quedarían sin trabajo. No se puede permitir que se dejen todas esas familias en la calle.

El estado debería intervenir, expropiando la empresa sin pago y estatizándola, para garantizar las fuentes laborales y las posibilidades de mantener un servicio de transporte aéreo económico que puedan utilizar los trabajadores del país.

La empresa mantendría la operación internacional con las filiales chilena, peruana y brasileña, pero sólo se podrá utilizar la empresa para salir al exterior, no más para vuelos internos.

En momentos en que se está discutiendo la potestad de las empresas para hacer y deshacer a su gusto, a partir de los anuncios del gobierno frente a la empresa Vicentín, es un buen momento para cambiar esa política de permitirle a los empresarios hacer manejos financieros turbios, declarar la quiebra, y dejar miles en las calles cuando los negocios no cierran.

Latam debe ser estatizada y los trabajadores deben ser quienes controlen la empresa, con libros contables abiertos y públicos, para impedir estafas financieras con los fondos públicos y los subsidios de los que se benefician los empresarios, preservando hasta el último de los puestos de trabajo.