Topadoras arrasando con todo a su paso, casillas prendidas fuego, efectivos de la Bonaerense disparando balas de goma y gases lacrimógenos a familias sin techo y a sus hijos. Esa imagen quedará grabada en la memoria de los oprimidos de la Argentina.
Casi 2500 familias se acercaron al predio del barrio de Guernica, en la zona sur del Conurbano Bonaerense, para buscar un pedazo de tierra. No eran «ocupas», como los tildaron el gobierno y los medios. Eran trabajadores con sus familias a cuestas: trabajadores de la construcción, changarines, mujeres que huían de la violencia de género en busca de una vivienda propia.
Hoy se cumple un año del desalojo de Guernica. Ese día me encontraba allí solidarizándome con las y los vecinos y acompañándolos contra el desalojo. Recuerdo con mucha bronca como el gobierno de Kicillof y Berni respondió con represión y topadoras al justo reclamo por vivienda. pic.twitter.com/43uecXDa67
— Manuela Castañeira (@ManuelaC22) October 29, 2021
La represión a Guernica no fue una simple anécdota en la gestión de Fernández. Fue un hecho que mostró la verdadera «grieta» que divide a la sociedad argentina: los trabajadores por un lado, los empresarios y sus funcionarios políticos afines por el otro.
Hace un año decíamos que la toma de Guernica había puesto sobre la mesa un problema histórica en la Argentina: el déficit habitacional. «Según la Secretaría de Vivienda de la Nación, el déficit habitacional del país alcanza a 3,5 millones de familias, aproximadamente un tercio de la población argentina. Dentro de esta cifra se cuentan tanto el déficit cuantitativo (la necesidad de una nueva vivienda) como cualitativo (la falta de servicios básicos en la vivienda que se tiene, habitar en casas construidas con materiales defectuosos y condiciones de hacinamiento que exigen viviendas más grandes).
De estos 3,5 millones, el 40% (1,3 millones) necesitan una nueva vivienda. Además, un tercio de esas familias son pobres y están desempleadas. 1.240.000 son de la Provincia de Buenos Aires, de las cuales un 50% se trata de déficit cuantitativo, y un 50% de déficit cualitativo. Se estima que haría falta una inversión de 26 millones de dólares para solucionar la situación de estas familias.»
Un año después, el problema de la falta de viviendas para la población trabajadora está más vigente que nunca. Para comprender el déficit habitacional, hay que tener en cuenta que no se trata de un problema (únicamente) de espacio urbano, sino fundamentalmente de la concentración en pocas manos de la propiedad inmobiliaria y del acuciante empobrecimiento de la clase trabajadora durante las últimas décadas.
En este año transcurrido, los trabajadores han visto cómo se pulverizan sus ingresos. Con los salarios más bajos de los últimos 18 años, el salario mínimo rozando la línea de indigencia ($29.000) y un 50% de inflación, los trabajadores tienen que batallar día a día para llenar la heladera. Comprarse una casa es, para una familia trabajadora promedio, literalmente imposible.
¿Qué ha hecho el gobierno del Frente de Todos con este problema? No dar ninguna solución, y de paso reprimir a las familias que intentaron tomar el problema en sus propias manos.
Desde la asunción de Jorge Ferraresi al frente del Ministerio de Hábitat (pocos días después de la represión a Guernica) hasta mayo de 2021, se entregaron tan sólo 6.800 viviendas. Se anunció el plan Reconstruir, que apunta a terminar 55.000 viviendas en construcción desde hace años. Se anunciaron 87.000 créditos inmobiliarios del plan Casa Propia: 40.000 créditos de hasta $100.000, 25.000 de hasta $240.000 (para refacciones), y 22.000 de hasta $4 millones. Esto suma 93.800 viviendas, para cubrir un déficit de 3,5 millones. Con esto se cubriría sólo el 2,68% del déficit total.
Pero Alberto prometió más: se construirían 264.000 viviendas en el resto de su mandato. De nuevo, una cifra ínfima e insuficiente: es el 7,4% del déficit total. Y esta promesa no se ha cumplido.
En materia de viviendas, el gobierno se ha especializado en las promesas. En agosto (casualmente en plena campaña electoral de cara a las PASO) Kicillof, artífice político de la represión a Guernica, prometió un plan de urbanización en el mismo predio desalojado para construir 850 lotes con servicios (no viviendas). Sólo un tercio de los lotes que serían necesarios para ubicar a las casi 2500 familias que tomaron un pedazo de tierra el año pasado. De nuevo, hasta el momento esto es pura promesa.
La política del Frente de Todos en materia de vivienda ha sido consecuente con su política económica y social en general. Protegieron la propiedad de los empresarios con armas en la mano, y a los trabajadores empobrecidos les arrojaron migajas y promesas. El déficit habitacional es un problema estructural en la sociedad argentina, porque es consecuencia directa de la concentración de la propiedad privada de bienes inmuebles.
No por nada la relación entre viviendas propias y alquiladas ha cambiada en los últimos años. La cantidad de familias que alquilan aumentó un 5% entre 2004 y 2020, y la cantidad de familias que son propietarias de sus viviendas decreció en igual porcentaje. Para solucionar el déficit habitacional es necesario cuestionar la propiedad privada de los capitalistas argentinos, de los empresarios que especulan con tierras improductivas para recaudar ganancias millonarias. El gobierno de Alberto Fernández y Kicillof no sólo se negó a hacerlo, sino que le pasó con topadores por encima a las familias trabajadoras que dieron el primer paso para hacerlo.
