El 42% de los ocupados en Argentina trabaja en la informalidad. Esto significa que no cuentan con derechos laborales mínimos, como la seguridad social, derecho a la jubilación o al disfrute

En términos absolutos, esto significa que, de las 21 millones de personas que constituyen la población ocupada del país, aproximadamente 8,8 millones trabajan en la informalidad. Dentro de estos, alrededor de 5,5 millones son asalariados, mientras que los 3,3 millones restantes son no asalariados (ver Nueve millones de trabajadores sin derechos laborales en la Argentina).

En otras palabras, la informalidad es un rasgo estructural del mundo del trabajo en el capitalismo del siglo XXI, el cual condena a la precarización a millones de personas, particularmente a los jóvenes y las mujeres.

Por este motivo, no sorprende que fracasara el intento del gobierno para impulsar el blanqueo laboral. Esto lo trató de hacer mediante la Ley Bases, aprobada a mediados de 2024.

Los resultados obtenidos son raquíticos, pues solamente se formalizó un 0,3% de los trabajadores informales. Esto se desprende al comparar las cifras de empleados no declarados del Indec: en el primer trimestre de este año se contabilizaron 5.437.00 ocupados en situación de informalidad, mientras que durante ese mismo período del año pasado fueron 5.448.000. Es decir, apenas se redujeron 11.000 puestos informales.

Por otra parte, el 90% de los empleadores que blanquearon son micro o pequeñas empresas, principalmente en los sectores mercantil e industrial.

Este fracaso obedece a varios factores, pero el principal es que el gobierno, al mismo tiempo que ofreció beneficios fiscales a los patrones que optaran por blanquear a sus trabajadores, también eliminó las sanciones por no hacerlo.

Por ejemplo, anteriormente cuando un trabajador no registrado ganaba una demanda por despido, en algunos casos el monto a pagar por parte del patrón se triplicaba por las multas. Esto cambió con la Ley Bases, la cual anuló las multas por falta de registración laboral y los incrementos de la indemnización, según informó La Nación.

De esta forma, el gobierno de Milei le dio vía libre a la informalidad laboral, pues dejó impune –de derecho y no sólo de hecho- a los empresarios que opten por la ilegalidad.