El caso de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue torturado y asesinado en Santa Fe, es utilizado por el gobierno para insistir en la baja de la edad de imputabilidad.
Según el relato punitivo del gobierno, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a los 13 años, es una medida necesaria para luchar contra la criminalidad. Por supuesto, como es de “rigor”, también dicen que educar, instruir, fomentar la responsabilidad legal del adolescente, brindar “educación, resocialización e integración social”….
“En esa línea, se incorporan principios de debido proceso, derecho a la defensa, presunción de inocencia, proporcionalidad de las penas, tratamiento diferenciado por edad y una interpretación judicial especialmente protectora por tratarse de menores de edad.” (TN, 27/1/26)
Como siempre, el primer renglón es el que se debe cumplir. El resto… queda librado a la buena (o mala) suerte. ¿Qué presupuesto se va a destinar para brindar esa “educación, resocialización e integración social”? Si los proyectos no se discuten con la aprobación de medidas concretas de financiamiento y recursos humanos para sostenerlas, terminan convirtiendo en papel mojado (y en este caso, con más jóvenes presos y sin perspectivas de reinserción social).
Las medidas de baja imputabilidad nunca dieron los resultados anunciados previamente con bombos y platillos. Si no son acompañadas de un plan social, concreto, humano, desde el Estado, para socorrer a los pibes marginales que viven rodeados de miseria material y humana también, en algunos casos, no hay forma de bajar los niveles de delincuencia.
El gobierno del narcocandidato @jlespert ahora busca bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Una medida reaccionaria que no busca solucionar los problemas estructurales que dan origen a la inseguridad sino sólo criminalizar a la juventud.
En un marco de ataques a la salud,… pic.twitter.com/8y5EDldjXa— Julia Di Santi (@JuliaDiSanti1) January 28, 2026
Algunos datos que brinda el Informe Anual 2024 de la Base General de Datos (BGD) de la CSJN, presentado en marzo de 2025, son útiles para analizar la relación delincuencia-juventud.
“(…) un dato oficial poco difundido pero contundente exige detenernos: apenas el 0,06 % de los adolescentes de entre 16 y 17 años fue procesado penalmente durante 2024. Esta cifra, lejos de evidenciar un colapso del sistema o una escalada delictiva, expone con claridad cómo se sigue criminalizando la pobreza y las desigualdades estructurales.”
“Los datos son claros: la conflictividad penal adolescente no está en aumento. El 71,5 % de quienes tuvieron causas en 2024 no presentaban antecedentes previos, y el 73 % atravesó solo una causa en todo el año. Además, el 81 % de los delitos atribuidos fueron contra la propiedad, muchos en grado de tentativa. Estos números desmienten la existencia de una supuesta ‘epidemia de delincuencia juvenil’ y, en cambio, revelan un fenómeno marginal pero socialmente amplificado.”
A partir de estas consideraciones, el informe en cuestión indica que es necesario ejecutar políticas públicas e inclusivas que garanticen el acceso de la juventud a sus derechos y les permitan construir proyectos de vida, para así contrarrestar la posibilidad de que incurran en actividades delictivas.
La baja de la edad de imputabilidad constituye un ataque represivo contra la juventud y se inscribe en una coyuntura en la que el gobierno de Milei intenta aprobar contrarreformas contra la clase trabajadora y los sectores explotaddos. En este sentido, hay una relación entre este proyecto punitivista contra la juventud y la reforma laboral esclavista que se tramitará en las sesiones extraordinarias de febrero.
