El 42% de los ocupados en Argentina trabaja en la informalidad. Esto significa que nueve millones de personas no cuentan con derechos laborales mínimos, como la seguridad social, derecho a la jubilación o al disfrute de vacaciones remuneradas según un informe de Argendata hecho público por Infobae.
Una estadística que retrata la cruda realidad de los sectores más precarizados de la clase trabajadora en la Argentina.
¿Cómo se mide la informalidad?
De acuerdo al informe, hay dos definiciones para abordar la informalidad desde diferentes ángulos.
La primera es la legalista, con la cual se considera “informales a las personas ocupadas (por lo general, asalariadas) que no tienen derecho a una jubilación vinculada a su empleo cuando se retiren”. Bajo esta definición solamente se contabiliza a las personas asalariadas, quienes representan un subconjunto de la población total.
Por otra parte, está la definición productiva, que clasifica como informales a las personas ocupadas que: a) Son asalariadas y trabajan en microempresas (de hasta 5 trabajadores/as); b) Son cuentapropistas de baja calificación y c) Son trabajadores/as familiares sin remuneración. Con este enfoque se incorpora a la totalidad de la población ocupada y el énfasis es identificar los trabajos de baja productividad, pero se deja de lado lo concerniente a los derechos laborales.
En todo caso, se puede establecer una correlación entre las dos definiciones de informalidad, procurando una visión más profunda del fenómeno. Por ejemplo, según la visión legalista un trabajador independiente no posee relación salarial y, por tal motivo, escapa de su campo de análisis.
Sin embargo, al complementarse con el enfoque productivo, se contabiliza a todo un sector de trabajadores que no encajan en la categoría de asalariados bajo la legislación laboral del país, como es el caso de los repartidores.
Números rojos
Esta complementariedad la podemos ver en números. Visto desde el ángulo legalista, la informalidad es del 36%, pero la cifra aumenta hasta el 42% cuando se suman a los trabajadores independientes.
Así, de las 21 millones de personas que constituyen la población ocupada del país, aproximadamente 8,8 millones trabajan en la informalidad. Dentro de estos, 5,5 millones son asalariados, mientras que los 3,3 millones restantes son no asalariados.
Junto con esto, el informe de Argendata señala que, más del 60% de los casos de informalidad, corresponden a trabajadores asalariados cuyos patrones no efectúan sus aportes a la seguridad social. El 50% de los casos se encuentran en el sector privado y el 10% restante son del sector público.
Desde el punto de vista geográfico, las mayores tasas se dan en nueve de las doce provincias del “Norte Grande”, región donde la informalidad supera el 50%. Ya para el caso de Ciudad de Buenos Aires y las provincias patagónicas, los niveles se ubican por debajo del 30%.
Ahora, desde la perspectiva histórica, son varias las etapas o ciclos de la informalidad. La primera tuvo lugar entre 1986 y 2003, donde la informalidad pasó del 26,9% al 49,4%. Fue la época del menemismo y la destrucción del entramado productivo tradicional del país.
La segunda etapa comenzó con la crisis de la Convertibilidad y el fuerte repunte que sobrevino. Hubo un aumento de los convenios colectivos de trabajo y de la institucionalidad, por lo cual la informalidad disminuyó desde 2003 hasta 2011, en gran medida por el aumento del empleo público.
En cuanto a la tercera etapa, tuvo lugar entre 2011 y se extendió hasta 2024. Hasta 2015, la tasa de informalidad fue contenida por el empleo en el sector estatal, pero a partir de ese momento comenzó a crecer, aunque a un ritmo más lento. Pasó del 32,65 en 2015 al 36% en 2024, con una caída en 2020 por las restricciones de movilidad de la pandemia.
La informalidad tiene rostro de mujer y es juvenil
Por otra parte, la afectación de la informalidad varía según los sectores sociales. En el caso de los jóvenes y las mujeres, las tasas tienden a ser ostensiblemente mayores, ya sea desde la definición legal o la productiva.
En lo que respecta a la población con menos de 24 años, la informalidad alcanza el 65%. A partir de esa edad, la tendencia es hacia la baja hasta los 50 años, donde se ubica en un 25%, aunque vuelve a subir en la edad jubilatoria.
Son varios los factores que explican la alta prevalencia de la informalidad entre la juventud. Uno es la falta de experiencia laboral, lo cual dificulta que consigan empleos formales y con buena remuneración en un mercado laboral cada vez más reducido y poco dinámico por la convergencia de crisis (económicas, políticas, nacionales e internacionales, etc.).
Aunado a esto, el nivel educativo es cada vez más bajo en la población menor de 25 años que labora. Según el informe, esto se explica porque en esa franja etaria quienes no trabajan se dedican a estudiar a tiempo completo. Es un sector cada vez más pequeño, pero son quienes tendrán mejores condiciones de insertarse en el mercado laboral formal y bien remunerado en el futuro.
Por último, está la “preferencia” por trabajos flexibles, con los cuales se pueden ajustar los horarios o lugar de trabajo para poder estudiar o sobrellevar otras responsabilidades. Es necesario problematizar el término “preferencia”, pues en realidad se trata de una presión que impone el capitalismo del siglo XXI: se “opta” por trabajos precarizados para sobrevivir, aunque se pierdan derechos laborales.
En todo caso, concluye el informe, “ser joven menor de 25 años incrementa en 33 p.p. la probabilidad de ser informal”.
En el caso de las mujeres, el empleo “es más informal que el de los varones en todas las franjas etarias, con la excepción de la adolescencia tardía. En 2022, considerando el total de la población urbana, la tasa de informalidad asalariada fue 41,5% en mujeres y 37,6% en varones”.
Un dato importante a considerar, es que las mujeres ocupadas suelen tener un nivel educativo considerablemente mayor que el de los hombres. Esto significa que, incluso evaluando variables como preparación profesional o técnica, la probabilidad de que una mujer asalariada sea informal es 11 p.p. más alta con relación a los hombres.
Entre las causas, el informe de Argendata destaca las siguientes. En primera instancia, hay una segregación ocupacional y sectorial, por lo cual las mujeres están poco representadas en los sectores mejor remunerados y, por el contrario, están sobre representados en las actividades peor remuneradas e informales.
Asimismo, la mayoría de las mujeres realizan una doble jornada laboral, porque combinan sus actividades labores con el trabajo doméstico y de cuido no remunerado.
Por último, está la falta de protección social y políticas de cuidado. La carencia de estos servicios, obstaculiza la inserción laboral formal de las mujeres, pues se ven obligadas a aceptar empleos precarizados e informales que se ajusten a su pesada jornada diario.
Aunque el informe es muy rico en datos, carece de profundidad analítica y, por ende, no consigue apuntar al patriarcado y la explotación capitalista como la causa central que explica la precarización laboral de las mujeres.
En todo caso, brinda muchas estadísticas útiles para caracterizar el perfil de la nueva clase trabajadora en la Argentina del siglo XXI, en la cual la explotación capitalista convive a la falta de perspectivas para la juventud y la opresión contra las mujeres.




