El pasado fin de semana, los Estados Unidos se preparaban para conmemorar un nuevo aniversario de su independencia. En el estado de Texas, lo que iba ser una fiesta se transformó en una tragedia.

¿El motivo? Una masa de humedad se desplazó desde el Golfo de México hacia el interior del estado, desatando fuertes lluvias en la zona de “Flash Flood Alley” (Callejón de las inundaciones repentinas).

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) residentes declararon que nunca las recibieron. La resultante de esto fue una verdadera catástrofe: al momento de escribir esta nota, la cifra de fallecidos asciende a 104, pero todo apunta que crecerá en las próximas horas, pues aún hay 41 personas desparecidas.

Dentro de las muertes, la prensa destaca el caso del Campamento Mystic, un centro cristiano donde 27 chicas murieron por el desastre natural.

En Texas, el peligro de morir en una inundación es el doble que en el resto del país. Poco más de mil personas murieron en inundaciones en el estado entre 1959 y 2019.

A pesar de esto, el condado de Kerr –uno de los más afectados- no contaba con ningún tipo de preparación. Es más, carece de un sistema de alarma contra inundaciones, debido a los fracasos de las autoridades en conseguir financiamiento para su instalación.

Por otra parte, la catástrofe de Texas abrió un debate sobre las consecuencias de la “motosierra” del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Este departamento fue creado por la administración de Trump y, hasta hace poco, estuvo liderado por Elon Musk.

De acuerdo al The New York Times, debido a los recortes presupuestarios del DOGE, el NWS perdió alrededor de 560 trabajadores, lo cual redujo su planilla en un 10%. En el caso específico de Texas, dicha institución tiene vacantes en puestos determinantes, como un hidrólogo senior y un meteorólogo para coordinar alertas.

Todo esto demuestra que, si bien las inundaciones son un fenómeno recurrente en Texas, su transformación en catástrofe es producto de los recortes y negligencia de las autoridades a nivel estatal y federal. En conclusión, la “motosierra” que impusieron los magnates desde la Casa Blanca, se tradujo en muertes que pudieron ser prevenidas.