“Yo no me quiero ir de aquí/ Que se vayan ellos, que se vayan ellos/ Lo que me pertenece a mí/ Se lo quedan ellos/ Que se vayan ellos”

Bad Bunny, El Apagón

El último álbum del cantante Bad Bunny, titulado “Debí Tomar Más Fotos (DTMF)”, tuvo un gran impacto en la región.

En sus canciones expone muchas de las problemáticas sociales que aquejan a Puerto Rico. Actualmente, la isla caribeña atraviesa problemas por el crecimiento inmobiliario y por el abastecimiento energético en el país.

En este artículo, analizaremos la crisis del suministro eléctrico en Puerto Rico y, además, realizaremos un abordaje histórico del control colonial que ejerce Estados Unidos sobre la isla.

¡Ay, otro apagón! 

Hace unos meses, durante la Semana Santa, Puerto Rico tuvo un apagón que dejó a la isla a oscuras por alrededor de 72 horas. Un incidente similar ocurrió durante el año nuevo del 2025, cuando toda la isla perdió la luz eléctrica.

La generación y distribución eléctrica en la isla caribeña es privada, pues se encuentra en manos de la empresa LUMA Energy, la cual tiene un origen conjunto entre Quanta Services (EE.UU.) y ATCO (Canadá). Las plantas generadoras son propiedad de la empresa Genera PR, una subsidiaria de New Fortress Energy Inc. Ambas iniciaron sus operaciones en el 2017.

El pasado 15 de mayo se produjo otro incidente eléctrico, el cual afectó el tren urbano y dejó varadas a más de 20 mil personas que lo usan para ir a sus trabajos o centros de estudio. Producto del fallo eléctrico, también se produjo un incendio en la subestación que proporciona la energía. Al 21 de mayo, el tren apenas seguía con un funcionamiento parcial.

El director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Josué Colón, conocido como el “zar de energía”, anunció en una conferencia el 16 de mayo la aplicación de una Declaración de Emergencia Energética, proveniente de Washington, con el fin de agilizar recursos para la limpieza de la vegetación en las líneas de distribución y expandir la generación eléctrica.

En la isla todavía se sienten los efectos del fuerte plan de austeridad y deuda aplicado en el 2009, el cual dejó un saldo de 30 mil funcionarios despedidos, recortes en los servicios públicos y la privatización de la educación. Por el alto grado de endeudamiento, en el 2015 la isla entró en default.

Sumado a lo anterior, en 2017, Puerto Rico fue azotado por el huracán María, dejando a su paso una estela de destrucción de infraestructura. Ante eso, el gobierno local contrató a empresas privadas para asumir el sector energético, en particular a la empresa LUMA.

Hasta la fecha, los “planes” energéticos implican un beneficio para los generadores privados de energía estadounidenses, mientras a la población puertorriqueña la mantienen a oscuras. Otro ejemplo de esto ocurrió durante el gobierno de Rosselló, cuando el “zar” de aquel momento, de apellido Ramos, contrató por $300 millones a la empresa estadounidense Whitefish Energy para la reconstrucción eléctrica en la isla. Sin embargo, la empresa no tenía la capacidad para llevar adelante el proyecto.

Así, la generación eléctrica en la isla está en pro de las ganancias de las empresas yankees.

El otro elefante blanco de la isla: el problema de la vivienda 

A los apagones se le suma el problema de la vivienda. La isla atraviesa una crisis por el desplazamiento de barrios completos, los cuales están siendo remodelados en función del sector turístico para crear hoteles; además, los accesos a las playas están siendo privatizados.

Así, los capitalistas del sector turístico estadounidense toman Puerto Rico como un destino paradisíaco -similar a Hawái- para pasar las vacaciones. Mientras eso ocurre, muchos sectores trabajadores puertorriqueños no logran acceder a una vivienda digna.

Según el Centro de Periodismo Investigativo, “el aumento de capital extranjero a raíz de la promoción del archipiélago como un paraíso fiscal, la proliferación de los alquileres a corto plazo, la escasa construcción de vivienda de interés social en la pasada década, así como la flexibilidad laboral que impulsó el COVID-19 crearon la tormenta perfecta para que el precio promedio de las propiedades en venta aumentara 63% entre 2012 y 2021”.

Además, según el mismo medio, el  “Gobierno estima que el déficit actual de vivienda en Puerto Rico es de 20,000 unidades”. Este déficit también incide en los precios de ojos créditos para vivienda, los cuales crecen a un mayor ritmo que los salarios y “aunque la mediana de ingreso familiar también mostró un crecimiento, este no fue suficiente para compensar el alza en los precios de vivienda y mantener estable el ingreso necesario para calificar para una hipoteca”.

Por lo anterior, en todo este problema de la vivienda subsiste tanto una lógica colonial de convertir a Puerto Rico en un destino turístico aprovechando sus playas, biodiversidad y paisajes, así como otra de lograr acumular mayores ganancias a través del alquiler a personas extranjeras, en detrimento de la población local que, por los bajos salarios y el aumento en los precios del alquiler, se quedan sin acceso a una vivienda.

Puerto Rico, una historia de control colonial

“Quieren quitarme el río y también la playa/ Quieren al barrio mío y que abuelita se vaya/ No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai/ Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái”

Bad Bunny, Lo que le pasó a Hawái

En 1898, como parte de una política de expansión territorial y para limitar la influencia de otros imperialismos cerca de su heartland, los Estados Unidos invadieron Puerto Rico que, hasta entonces, era una colonia española. Desde ese momento inició una historia de control colonial sobre la isla, marcada por la pobreza y el desplazamiento. En este apartado veremos algunos momentos relevantes (y otros “curiosos”) de la intervención yankee en la isla.

La década de 1890 estuvo marcada por crecientes  protestas y organización de los trabajadores, quienes reclamaban por las condiciones laborales (principalmente en las plantaciones). Algunos de estos grupos llegaron a quemar cargamentos de las plantaciones. Todo esto se dio en el marco de las protestas que venían desde una década atrás contra el control español en la isla. El gobierno estadounidense aprovechó dicha situación y, oportunistamente, utilizó un discurso de llegar a Puerto Rico para combatir a los hacendados españoles.

Luego de la invasión norteamericana, muchos grupos criollos de trabajadores y campesinos iniciaron nuevas revueltas. En ese marco, Estados Unidos pasó a apoyar a los hacendados españoles. Esta revuelta creó una división que se mantiene hasta la fecha: por un lado se encuentran quienes están a favor de la anexión a Estados Unidos y, por otro, quienes seguían una estratégia de liberación con una línea más independentista.

A inicios de 1900, luego de la invasión, se instaló en Puerto Rico un gobierno militar según los intereses de su nueva metrópoli: Estados Unidos. En ese momento se aprobó la Ley Foraker (vigente hasta 1917), la cual creaba en Puerto Rico una cámara de delegados electiva y un Consejo Ejecutivo de 11 personas nombradas por la metrópoli. Con esto, el imperialismo yankee se aseguró de dar un poco de “representación” a la población puertorriqueña, pero sin perder el control político de la isla.

Sumado a eso, debido a las malas condiciones laborales en la isla, hubo un fuerte desplazamiento tanto de la montaña hacia la costa puertorriqueña (y también para Hawái). El desplazamiento cuantioso a la costa, produjo un problema para satisfacer la demanda de vivienda (este sería un problema constante con picos en varios momentos).

A inicios del siglo XX también se produjo un crecimiento de la producción de las plantaciones, en particular del tabaco y el azúcar. La expansión vino de la mano de inversores de New York y Boston. Con el crecimiento de estos dos productos, se generó un incremento en la demanda de mano de obra y, consecuentemente, del movimiento obrero y sindical entre 1915 y 1919.

En 1917 se aprobó la Ley Jones-Shafront, la cual sustituyó a la Ley Foraker. La Ley Jones dió ciertas concesiones a la población boricua  -aunque Estados Unidos mantuvo la designación de funcionarios en la isla-. Con esta ley se le concedió la ciudadanía estadounidense a los habitantes naturales de Puerto Rico y se eliminó el Consejo Ejecutivo para establecer un Senado electivo de dos senadores por distrito. Dicha ley tuvo vigencia hasta 1952.

Posteriormente, en 1920, se aprobó la Ley de Cabotaje (o Ley Jones de 1920), la cual sigue vigente y establece que el comercio entre la isla y la metrópoli se da en barcos estadounidenses. Con esto se produjo un aumento en el costo de vida, ya que los barcos yankees cobraban tarifas muy altas.

Asimismo, las dos guerras mundiales pusieron en evidencia la lógica colonial del control estadounidense sobre Puerto Rico. Tras el ingreso de los Estados Unidos a la contienda, se impuso el servicio militar obligatorio, incluso a la población puertorriqueña. Es decir, se les daban derechos limitados, pero cuando había que defender los intereses del imperialismo yankee, la población puertorriqueña estaba obligada a prestar servicio militar e ir a morir en guerras que no les beneficiaban.

La participación en la Segunda Guerra Mundial traería dos consecuencias a destacar: 1- revitalizó el debate entre quienes querían integrarse a los Estados Unidos y las posiciones que reivindicaban mayor autonomía y 2- con la expansión de la economía yankee se produjo un éxodo hacia varias ciudades de la metrópoli, principalmente hacia la ciudad de Nueva York.

Uno de los episodios de control colonial más “curiosos” fue la “Prohibición”. Grupos protestantes estadounidenses impulsaron la prohibición del alcohol en el país (la cual rigió a partir de 1920-1933), ya que tenían una visión moralista de la sociedad. En el caso de Puerto Rico, la prohibición de bebidas alcohólicas entró a regir desde antes (1917-1933) y afectó fuertemente la producción de ron en el país. La medida fue considerada como una imposición de la cultura estadounidense en la isla.

La creación del Estado Libre Asociado

En 1952, con la presión internacional para cambiar el estatus legal de Puerto Rico por uno que no fuese abiertamente un control colonial, se creó la figura del Estado Libre Asociado. Esta figura fue creada como parte de la discusión constituyente boricua.

La figura de Estado Libre Asociado continúa con la lógica colonial sobre Puerto Rico. Aunque permite cierto espacio de autogobierno, al mismo tiempo mantiene la unión permanente a Estados Unidos.

Dicha figura legal se dio en el marco de acciones de tendencia nacionalista (del Partido Nacionalista), como la de los activistas que lanzaron tiros frente a la casa del presidente estadounidense, Harry S. Truman. También, existía un miedo sobre las “tendencias socialistas” en la isla, lo cual llevó a que Estados Unidos se opusiera a la independencia boricua.

Las mujeres también experimentaron la relación colonial sobre sus cuerpos. Por ejemplo, los Estados Unidos experimentaron con mujeres boricuas para probar los efectos de los prototipos de la píldora anticonceptiva. Dichas pruebas se realizaron sin consentimiento.

Ya en los años noventa, con el auge neoliberal en Puerto Rico, se llevaron a cabo una serie de privatizaciones, como la Telefónica o las Navieras de Puerto Rico. Además, se promovió la isla como un destino turístico.

Actualmente, Puerto Rico sigue bajo la figura de Estado Libre Asociado y el país lo preside la Junta de Control Fiscal, que se encuentra bajo control de Estados Unidos. La población boricua sigue siendo de segunda categoría en el territorio estadounidense, pues a pesar de contar con la ciudadanía no pueden, por ejemplo, votar al presidente de Estados Unidos. Además, como demuestran los problemas energéticos o la continuidad histórica con el problema de la vivienda o los desplazamientos, en la isla priman los intereses de las grandes corporaciones yankees. Todo esto da cuenta de la continuidad que existe del control colonial estadounidense en la isla y la necesidad de luchar por su independencia de los Estados Unidos, así como de refundar el país sobre bases anticapitalistas y antiimperialistas.