Desde la aprobación de la Ley Bases, con la ayuda y complicidad de «la casta», se sabe que Milei quiere eliminar las indemnizaciones por despidos. Este gobierno quiere destruir todas las conquistas de más de un siglo de la clase trabajadora y convertirla en mano de obra esclava. Porque su «libertad» es solamente para quienes se la ganaron teniendo mucha plata.

La «Comisión Nacional de Valores» (CNV) lanzó una supuesta «consulta pública», de la que ningún trabajador se ha enterado, para implementar la reforma. Se trata de la conformación de «Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral«. Es decir, fondos administrados por otros capitalistas (los de la timba financiera) a los que el empleador aporta mes a mes. Con esos fondos se financiarían las indemnizaciones en caso de despido. Con el sistema de indemnizaciones, el empresario tiene que compensar con su «patrimonio» al trabajador; con el sistema de «aportes» (como las jubilaciones), éstos son parte del salario, por lo que es en definitiva el trabajador quien paga por su propio despido. Es un sistema de desprotección completa de la relación laboral, de liberalización absoluta, sin costos, de los despidos.

La resolución 1066/25 de la CNV establece la formación de “Fondos de Cese Laboral” estructurados como Fondos Comunes de Inversión o Fideicomisos Financieros. Así avanzan con el mal llamado fondo de desempleo, hoy utilizado por la UOCRA. Este formato busca en realidad eliminar las indemnizaciones como tales y reemplazarlas por un «seguro» pagado por el propio trabajador.

Estos fondos implican arrebatarle parte del salario a los trabajadores para dárselo a los empresarios que administren los Fondos o Fideicomisos. No hay ninguna garantía mínima respecto del monto de la indemnización por despido. Y, a la vez, los empresarios podrán utilizar lo aportado por los trabajadores para hacer negocios financieros. 

Las AFJP son conocidas por haber tomado los aportes jubilatorios de millones de trabajadores, haber hecho negocios multimillonarios reinvirtiendo ese dinero en la especulación financiera y haber estafado a los jubilados. El Estado se terminó haciendo cargo de las jubilaciones. La medida tomada hoy por la CNV implica repetir el negocio de las AFJP pero con los aportes para la indemnizaciones por despidos. Milei le saca plata del bolsillo directamente a los trabajadores, los pone en el bolsillo de grandes empresarios y habilita que los despedidos se queden sin nada.

Roberto Silva, titular de la CNV, dijo a Clarín que su objetivo es “impulsar el desarrollo del mercado de capitales”. Lo dicen abiertamente: quieren hacer negocio arrebatándole sus salarios a los trabajadores mientras los hacen pagar su propio despido.

La eliminación de las indemnizaciones da vía libre a que las patronales despidan cómo y cuándo se les de la gana sin pagar un sólo peso. Se habilitarían así los despidos masivos que muchas patronales ya piden y anuncian para aprovechar la recesión autoinducida por Milei y su gabinete ultraderechista.

La receta de fondo es clásica para las ofensivas patronales: aumentar tendencialmente el desempleo para abaratar la mano de obra y disciplinar a los trabajadores, facilitando la introducción de nuevas contrarreformas. No es casual que la reglamentación de la Reforma Laboral comience por las indemnizaciones. Con esta medida los capitalistas se garantizarían un ahorro de millones de pesos a la vez que debilitan al conjunto de los trabajadores.

Mientras tanto, la CGT brilla por su ausencia.

Indemnizaciones no, que los trabajadores paguen su despido

Actualmente, el artículo 245 de la Ley de Contratos de Trabajo establece que aquel empleador que despida sin causa o justificación a uno de sus empleados deberá pagarle «una indemnización equivalente a (1) un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de (3) tres meses». Esto significa que si el trabajador tiene, por ejemplo, 5 años de antigüedad, recibirá una indemnización equivalente a 5 meses de sueldo. Si su salario es de $100 mil, su indemnización será de medio millón de pesos. La utilidad de esta ley es obvia: garantizar al trabajador condiciones mínimas de estabilidad para no quedarse en la calle cuando su empleador lo despide sin justificación.

Según Milei, lo primero sería eliminar las indemnizaciones y reemplazarlas por un sistema de «fondos de desempleo», como el que existe actualmente en la UOCRA. «El fondo de desempleo en la construcción funciona de la siguiente manera: el empleador deposita el 12% del salario mensualmente en el fondo durante el primer año de la relación laboral y el 8% a partir del segundo año» (La Nación).

Comparemos ambos sistemas. En el sistema de indemnizaciones es el empleador (quien decide el despido) el que paga un resarcimiento al trabajador. En el sistema de «fondos de desempleo», el empresario aporta mes a mes como parte del salario. Es decir que no hay resarcimiento alguno, simplemente se toma parte del salario mensual y se lo guarda en una caja de ahorro para el momento en el que el trabajador sea despedido.

En pocas palabras, no se trata de cambiar un sistema por otro sino de eliminar las indemnizaciones sin reemplazarlas por ningún sistema alternativo. El mal llamado «fondo de desempleo» es en realidad una alcancía para el trabajador. Pero para que un trabajador pueda ahorrar hace falta que los salarios sean más altos que el costo de vida. De lo contrario el trabajador se verá obligado a usar ese dinero para pagar la boleta de la luz, de gas o el alquiler. Cuando llegue el día del despido, el trabajador estará en la calle sin un sólo peso en el bolsillo.

Terminar con «la industria del juicio»

La narrativa de la «industria del juicio» intenta enternecer los corazones con una triste melodía de violín sobre cómo los pobres empresarios son víctimas de los codiciosos trabajadores que pierden una pierna o la vida por trabajar para ellos. Según el último informe del Colectivo Basta de Asesinatos Laborales, al menos 5041 trabajadores perdieron la vida víctimas de la explotación capitalista entre 2018 y 2022. Pero para Milei y los suyos, las víctimas son los explotadores y negreros que lucran con las vidas obreras. Su «libertad» es que un trabajador que pierde un brazo no pueda hacer ningún tipo de juicio o reclamo a un explotador negrero.

Además, está el trabajo en negro y los despidos: ¿Qué sucede cuando es despedido un trabajador no registrado (en negro)? La ley 25.323 sancionada en el año 2000 establece que, en ese caso, el empleador debe pagar una indemnización por el doble del monto establecido para despidos en blanco.

Siguiendo con el ejemplo, si un trabajador estuvo 5 años en negro y es despedido sin causa, el empleador debe pagarle una indemnización correspondiente a 10 meses de sueldo.

Esto y ninguna otra cosa es lo que Milei llama «la industria del juicio». Para Milei, los patrones que negrean a sus trabajadores (sin pagar jubilación o vacaciones) son pobres víctimas de el sistema. Una estupidez que sólo puede ser defendida por las patronales negreras y sus amigos interesados, como Milei. Es mentira que los empresarios «se arruinan» por las indemnizaciones y los juicios. Las grandes empresas que no blanquean a sus trabajadores y despiden indiscriminadamente no lo hacen porque no tengan otra opción. Lo hacen para maximizar ganancias a costa de sus empleados.