La primera medida a aplicar de la Reforma mileísta sería el nefasto y mal llamado fondo de desempleo, hoy utilizado por la UOCRA. Este formato busca en realidad eliminar las indemnizaciones como tales y reemplazarlas por un «seguro» pagado por el propio trabajador. Una absoluta contrarreforma en lo que hace a las condiciones de contratación de millones de trabajadores.

Y una medida que afectaría al conjunto de las condiciones de trabajo. Sucede que la eliminación de las indemnizaciones da vía libre a que las patronales despidan cómo y cuándo se les de la gana sin pagar un sólo peso. Se habilitarían así los despidos masivos que muchas patronales ya piden y anuncian para aprovechar la recesión autoinducida por Milei y su gabinete ultraderechista.

La receta de fondo es clásica para las ofensivas patronales: aumentar tendencialmente el desempleo para abaratar la mano de obra y disciplinar a los trabajadores, facilitando la introducción de nuevas contrarreformas. No es casual que la reglamentación de la Reforma Laboral comience por las indemnizaciones. Con esta medida los capitalistas se garantizarían un ahorro de millones de pesos a la vez que debilitan al conjunto de los trabajadores.

Se espera que el gobierno complemente la iniciativa con otras igualmente reaccionarias, como la habilitación de los despidos discriminatorios. La Ley Bases votada en el Congreso prevé que dichos despidos dejen de ser ilegales para pasar a ser únicamente punibles con una moderada suma.

Mientras tanto, la CGT brilla por su ausencia.

Indemnizaciones no, que los trabajadores paguen su despido

Actualmente, el artículo 245 de la Ley de Contratos de Trabajo establece que aquel empleador que despida sin causa o justificación a uno de sus empleados deberá pagarle «una indemnización equivalente a (1) un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de (3) tres meses». Esto significa que si el trabajador tiene, por ejemplo, 5 años de antigüedad, recibirá una indemnización equivalente a 5 meses de sueldo. Si su salario es de $100 mil, su indemnización será de medio millón de pesos. La utilidad de esta ley es obvia: garantizar al trabajador condiciones mínimas de estabilidad para no quedarse en la calle cuando su empleador lo despide sin justificación.

Según Milei, lo primero sería eliminar las indemnizaciones y reemplazarlas por un sistema de «fondos de desempleo», como el que existe actualmente en la UOCRA. «El fondo de desempleo en la construcción funciona de la siguiente manera: el empleador deposita el 12% del salario mensualmente en el fondo durante el primer año de la relación laboral y el 8% a partir del segundo año» (La Nación).

Comparemos ambos sistemas. En el sistema de indemnizaciones es el empleador (quien decide el despido) el que paga un resarcimiento al trabajador. En el sistema de «fondos de desempleo» es el propio trabajador quien «se paga» a sí mismo. Es decir que no hay resarcimiento alguno, simplemente se toma parte del salario mensual y se lo guarda en una caja de ahorro para el momento en el que el trabajador sea despedido.

En pocas palabras, no se trata de cambiar un sistema por otro sino de eliminar las indemnizaciones sin reemplazarlas por ningún sistema alternativo. El mal llamado «fondo de desempleo» es en realidad una alcancía para el trabajador. Pero para que un trabajador pueda ahorrar hace falta que los salarios sean más altos que el costo de vida. De lo contrario el trabajador se verá obligado a usar ese dinero para pagar la boleta de la luz, de gas o el alquiler. Cuando llegue el día del despido, el trabajador estará en la calle sin un sólo peso en el bolsillo.

Terminar con «la industria del juicio»

La narrativa de la «industria del juicio» intenta enternecer los corazones con una triste melodía de violín sobre cómo los pobres empresarios son víctimas de los codiciosos trabajadores que pierden una pierna o la vida por trabajar para ellos. Según el último informe del Colectivo Basta de Asesinatos Laborales, al menos 5041 trabajadores perdieron la vida víctimas de la explotación capitalista entre 2018 y 2022. Pero para Milei y los suyos, las víctimas son los explotadores y negreros que lucran con las vidas obreras. Su «libertad» es que un trabajador que pierde un brazo no pueda hacer ningún tipo de juicio o reclamo a un explotador negrero.

Además, está el trabajo en negro y los despidos: ¿Qué sucede cuando es despedido un trabajador no registrado (en negro)? La ley 25.323 sancionada en el año 2000 establece que, en ese caso, el empleador debe pagar una indemnización por el doble del monto establecido para despidos en blanco.

Siguiendo con el ejemplo, si un trabajador estuvo 5 años en negro y es despedido sin causa, el empleador debe pagarle una indemnización correspondiente a 10 meses de sueldo.

Esto y ninguna otra cosa es lo que Milei llama «la industria del juicio». Para Milei, los patrones que negrean a sus trabajadores (sin pagar jubilación o vacaciones) son pobres víctimas de el sistema. Una estupidez que sólo puede ser defendida por las patronales negreras y sus amigos interesados, como Milei. Es mentira que los empresarios «se arruinan» por las indemnizaciones y los juicios. Las grandes empresas que no blanquean a sus trabajadores y despiden indiscriminadamente no lo hacen porque no tengan otra opción. Lo hacen para maximizar ganancias a costa de sus empleados.