Panamá lleva semanas sumida en protestas contra la “Ley de Reforma a la Caja de Seguro Social (CSS)”. Este proyecto de ley hace parte del ajuste neoliberal que impulsa el presidente panameño, José Raúl Mulino. 

Docentes, bananeros y pueblos indígenas en lucha

Las jornadas de lucha tuvieron como puntapié el paro iniciado el pasado 23 de abril por el sector docente contra la reforma. A partir de allí, se sumaron una enorme cantidad de sectores sociales, los cuales mantienen acciones de presión a lo largo del país. 

Actualmente, las luchas en curso tienen en el centro las siguientes reivindicaciones:

1. Contra la reforma de salud y pensiones, la cual apunta a la privatización de la Caja de Seguro Social (CSS) y un aumento de tres años en la edad jubilatoria. Los grupos sindicales docentes salieron a exigir la derogación de la nueva ley, ante lo cual fueron fuertemente reprimidos por el gobierno de Mulino.

2. Contra la apertura de una mina de cobre a cielo abierto. Este proyecto extractivista se canceló en 2023 por la presión en las calles. Actualmente, hay intenciones para retomar el proyecto minero y el presidente Mulino volvió a establecer conversaciones con la empresa canadiense First Quantum Minerals, bajo el slogan “nacionalista” de que la “mina pertenecerá a Panamá”. 

3. Contra el Memorándum de Entendimiento y la injerencia del imperialismo norteaméricano en el país.

La combinación de reivindicaciones propició que las movilizaciones se desarrollen en distintas regiones del país y cuenten con una participación muy amplia, particularmente de sectores sindicales, estudiantiles e indígenas.

Lugares como la provincias de Chiriquí, Colón, Panamá Oeste o Veraguas, son escenario de marchas y bloqueos de rutas. Entre los sectores sociales que se incorporaron a las movilizaciones están el movimiento estudiantil, los pueblos indígenas (como los Ngäbe-Buglé) y los trabajadores de la bananera Chiquita (ubicada en Bocas del Toro).

En el caso de la compañía Chiquita, la bananera concentra el 90% de la producción de dicho producto en el país canalero. Cuenta con 26 fincas que concentran 6.969 hectáreas de tierra, en las cuales laboran 6 mil personas. La mayor parte de la población trabajadora proviene de los pueblos indígenas y, tras la incorporación de este sector a las jornadas de protestas, las fincas pararon su producción, con pérdidas que ascienden a los 10 millones de dólares para ese sector burgués.

Dado que las movilizaciones mantienen el país paralizado y afectan severamente las ganancias de los grandes empresarios, el gobierno de Mulino está respondiendo con el despliegue de las fuerzas policiales, mucha represión y la criminalización de los manifestantes. 

La respuesta del gobierno a las protestas masivas ha sido la represión, con el uso de gases lacrimógenos contra los pueblos indígenas o el arresto de muchísimos manifestantes (principalmente docentes).

A pesar de eso, el movimiento de lucha ya hizo retroceder al gobierno en algunos puntos. Inicialmente, la reforma de salud pretendía aumentar en tres años la edad de jubilación (60 para las mujeres y 65 para los hombres), para así “evitar” la quiebra de la CSS. Sin embargo, debido a las protestas, el gobierno dio un paso atrás en la medida y acordó no elevar la edad de retiro para el próximo quinquenio, pero en su nueva propuesta establece que será revisada por una mesa tripartita en 2031. 

Un país en crisis estructural

Las protestas también tienen están atravesadas por otros temas transversales, los cuales dan cuenta de los problemas estructurales que aquejan al capitalismo panameño, el cual es incapaz de garantizar una vida medianamente digna a las masas trabajadoras.  

El déficit fiscal, por ejemplo, alcanzó el 7,4% del PIB en 2024. Además, las cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) indican que la “pobreza seguía afectando al 18% de la población y la pobreza extrema al 5.7%, casi el 24% o un cuarto de la población total, mientras que la canasta básica continuaba en ascenso”. 

Sumando a lo anterior, el ajuste económico en contra de la clase trabajadora es bastante fuerte, el cual incluye medidas como la precarización laboral, el despido de trabajadores del sector público, el aumento generalizado en el costo de vida y la disminución del 37% en los montos de las pensiones. Todo esto genera un deterioro social y económico generalizado en el país. Esta es una muestra más de la lógica de la policrisis, es decir se abren escenarios de múltiples crisis entrecruzadas.

A raíz de esto, en el país son recurrentes los episodios de movilizaciones y levantamientos populares en los últimos años. Por ejemplo, hubo fuertes protestas contra un paquete de reformas constitucionales en 2019, huelgas contra el incremento inflacionario en 2022, y marchas contra la reapertura de la minería de cobre a cielo abierto que paralizaron el país en 2023.

Trump 2.0 reaviva el sentimiento anti-imperialista

Con la llegada del gobierno de Trump 2.0 y las diversas amenazas territoriales que esgrimió contra Panamá (en torno al Canal), se despertó una sensibilidad anti-imperialista entre la población local. 

El gobierno de Mulino, por su parte, optó por capitular frente a las presiones norteamericanas al firmar el “Memorándum de Entendimiento”, por medio del cual aumentó la presencia de militares estadounidenses en el país canalero.

Tal como reseñamos en notas anteriores, la administración Trump amenazó con hacerse nuevamente con el control del Canal de Panamá, para así dar una respuesta al “problema chino”, ya que ese país tenía el control de dos puertos, Balboa y Colón. Así, la disputa por el Canal se enmarca en una confrontación interimperialista, donde la nación centroamericana es vista como un premio en disputa por ambas potencias. 

Debido a esto, en febrero de este año hubo movilizaciones en el marco de la visita del Secretario de Estado, Marco Rubio. Luego de la firma del Memorándum de Entendimiento, se realizaron varias marchas convocadas por el Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de Construcción y Similares y el sector educativo.

El sentir antiimperialista en el pueblo panameño es de larga data, pues tiene un vínculo histórico con el rechazo a las invasiones del imperialismo yankee en el país. Recordemos que Estados Unidos tuvo la administración directa del Canal hasta la firma del tratado Torrijos Carter (1977), que estableció la salida de la administración directa de Estados Unidos en 1999, aunque el país norteamericano aún mantiene cierta injerencia en la administración del Canal. Asimismo, en 1989, el ejército estadounidense invadió el país para derrocar al gobierno dictatorial de Noriega, otrora aliado de Washington, provocando la muerte de miles de personas.