La inmensa lucha de los Autoconvocados de la docencia y la salud, entró en su quinta semana. Un paro con un altísimo acatamiento, cientos de movilizaciones en toda la provincia, bloqueos de caminos y la solidaridad de la población trabajadora y popular marcan la tónica de la provincia.

Inmediatamente después del triunfo electoral, Sáenz intentó ponerle fin a la movilización docente apelando a la represión y la persecución antisindical. El miércoles 24 de mayo desató una feroz represión con balas de goma y gases en Aunor. La docencia respondió el feriado del 25 movilizándose al acto institucional del gobernador que, ante la presencia masiva de la población en rechazo a la brutal represión, debió suspender. Ese mismo día por la tarde, volvieron a Aunor, a manifestarse pacíficamente al costado de la ruta. Fue entonces que el gobierno desató la represión sobre los movilizados, en lo que fue una evidente cacería.

El gobierno intentó resolver por la fuerza el reclamo de los trabajadores de la educación, y con la represión disuadir toda futura movilización. Fue un adelanto de lo que quieren hacer todos los gobiernos que impulsan el ajuste.

La detención y la situación judicial de los detenidos está en manos de la jueza Ada Zunino, que responde evidentemente a la voluntad del gobierno. No es nada casual que después de semanas de conflicto intenten ponerle punto final justo después de las elecciones.

Los detenidos fueron Marcos Tognolini, Gladys Chaile, María Torres, Marina Aparicio, Eliana Flores, Cristian Pereira, Gastón Nicolás José, Carlos Germán Peralta, Gustavo Herrera, Ernesto Rojo Ernesto Luz Luna, Federico Ortega, Rubén Fernández, Ramón Bazán, Pilar Salva, Marina Figueroa, Nahuel López, Carolina Aguirre y Fanny Quiroga. Tognolini había sido candidato a gobernador por el Nuevo MAS tan solo 10 días atrás. Con el aguante en Tribunales y movilizaciones en toda la provincia, se logró la libertad de los detenidos. El sobreseimiento de las causas se convirtió en una de las consignas principales de los movilizados.

Luego de las grandes movilizaciones hasta lograr la liberación de los compañeros, el gobierno de Sáenz redobló la apuesta de ajuste y con el séquito de direcciones sindicales serviles de la intergremial acuerdan un aumento del 34% en tres cuotas para mayo, junio y julio del 12%, 11% y 11%, con un bono de $60.000 en dos cuotas. Una verdadera afrenta a la lucha de la docencia y del personal de salud. Nadie puede vivir con un salario inicial de $130.000 y sumas en negro.

Así es que el lunes 29 se vivió una de las movilizaciones más grandes que se recuerden en la provincia. Fueron más de veinte cuadras de docentes, personal de salud y estudiantes quienes, con el apoyo de la población, marcharon en la ciudad de Salta y en toda la provincia. Inmediatamente, Sáenz puso manos a la obra.

Con apoyo patronal, aprobaron la “ley antipiquetes”

En dos días, de manera exprés, sin tratamiento en comisiones, y sin ninguna legitimidad social, aprobaron en tiempo récord la “ley antipiquetes” para cercenar el legítimo derecho a la protesta.

No podía ser de otra manera, el proyecto tuvo el apoyo unánime de las entidades patronales. En un comunicado firmado por la Sociedad Rural, PROGRANO, la Federación de Entidades Rurales y Cámaras mineras, de turismo, el transporte y la Industria dijeron: “Los ciudadanos que transitamos diariamente por las rutas y calles de la Provincia llevando a cabo nuestras actividades productivas, comerciales, de turismo y servicios; exigimos a los actores políticos que dejen de lado las cuestiones partidistas y electorales –incluimos al sistema de justicia– y que entre todos asuman con responsabilidad su rol para garantizar el libre tránsito en nuestras vías”.

Nadie puede creerse el verso de que los dueños de la provincia y del país estén preocupados por la “libre circulación”. El ajuste es para que ellos puedan hacer más y mejores negocios a costa del trabajo de otros. Y no podían no defenderlo. La represión les garantiza enriquecerse mientras la mayoría trabajadora es más y más pobre. La “ley antipiquetes” es un regalo de Sáenz a los capitalistas.

La ley prevé que cualquier manifestación pública debe ser notificada con no menos de 24 horas de antelación, con el objetivo de que las autoridades “garanticen el derecho a la circulación”. Detrás de estos eufemismos, se esconde una legalización de la represión a la protesta social, que no es casualidad en este marco de duro ajuste económico contra los trabajadores.

Esto está resumido en el artículo 6, que plantea abiertamente el objetivo de desalojar los piquetes con las fuerzas de seguridad: “Art. 6°.- Las protestas o manifestaciones que no cumplan con lo preceptuado precedentemente y obstaculicen el ejercicio de los derechos mencionados en el artículo 1° no serán permitidas, sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria, cuyo desarrollo no podrá exceder de las dos (2) horas de iniciada la protesta o manifestación y será coordinada por el Ministerio de Seguridad y Justica, o el organismo que en el futuro la reemplace, quien podrá solicitar de ser necesario, la colaboración del Poder Judicial o el Ministerio Público”.

Rodear de solidaridad a los trabajadores salteños

El gobierno de Sáenz, con el apoyo de toda la patronal, se niega a dar satisfacción a los reclamos de los trabajadores y estudiantes. Amparado en la supuesta “legitimidad” de las urnas, se enfrenta a un movimiento social que rechaza las condiciones de vida miserables que impone el ajuste del FMI y la represión y judicialización de los que luchan. Es un adelanto de la Argentina que se viene.

Es una pelea en curso, que requiere del mayor apoyo y solidaridad para que triunfe. Hay que poner en pie de manera urgente una Coordinadora Provincial de Lucha para derrotar el ajuste y la represión del gobierno. Exigir la renuncia de los ministros de Economía, Seguridad, Salud y Educación, y el sobreseimiento de los luchadores, entre ellos, nuestro compañero Marcos Tognolini.