En medio del conflicto docente y luego de una violenta represión por parte del gobernador Sáenz, aliado de Sergio Massa, el gobierno salteño ahora impulsa una nueva provocación contra los trabajadores: quiere tratar en tiempo récord un polémico proyecto de «ley anti piquetes» que busca cercenar el legítimo derecho a la protesta.
La iniciativa se da en un contexto en el que los trabajadores de la educación vienen dando una pelea a brazo partido contra el ajuste salarial que quiere imponer el gobierno provincial. El jueves, una brutal represión contra docentes dejó el saldo de 19 detenidos, entre ellos el candidato a gobernador por el Nuevo MAS, Marcos Tognolini.
Toda la solidaridad a la impresionante lucha del pueblo salteño que pelea por algo tan elemental como el salario digno. No puede ser que la salida del gobernador Sáenz ante los reclamos de las y los trabajadores sea la represión.
¡Abajo la persecución judicial!#Salta pic.twitter.com/ecO8TaArlQ— Manuela Castañeira (@ManuelaC22) May 31, 2023
El proyecto que impulsa Sáenz prevé que cualquier manifestación pública debe ser notificada con no menos de 24 horas de antelación, con el objetivo de que las autoridades «garanticen el derecho a la circulación». Detrás de estos eufemismos, se esconde una legalización de la represión a la protesta social, que no es casualidad en este marco de duro ajuste económico contra los trabajadores.
Esto está resumido en el artículo 6 del proyecto, que plantea abiertamente el objetivo de desalojar los piquetes con las fuerzas de seguridad: «Art. 6°.- Las protestas o manifestaciones que no cumplan con lo preceptuado precedentemente y obstaculicen el ejercicio de los derechos mencionados en el artículo 1° no serán permitidas, sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria, cuyo desarrollo no podrá exceder de las dos (2) horas de iniciada la protesta o manifestación y será coordinada por el Ministerio de Seguridad y Justica, o el organismo que en el futuro la reemplace, quien podrá solicitar de ser necesario, la colaboración del Poder Judicial o el Ministerio Público.»
En respuesta a esta nueva provocación que se suma a la negativa del gobierno de ofrecer salarios dignos, los trabajadores de la educación concentraron masivamente.
«Cansados de la falta de diálogo del gobierno se convoca a la marcha provincial de educación y salud», sostiene la convocatoria, que también plantea: «¿Para concejales, senadores y diputados hay plata, pero para salud y educación no?».
El oficialismo de Sáenz intenta aprobar el proyecto de manera intempestiva en este contexto en que el pueblo salteño se encuentra movilizado en defensa de la salud y la educación públicas.
