El Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Juan Zabaleta, confirmó hoy que está evaluando un proyecto para traspasar 200.000 planes Potenciar Trabajo desde las organizaciones sociales a los municipios. Hace pocas horas, el intendente de Pehuajó le había presentado un proyecto del mismo tipo a Cristina Fernández de Kirchner.

La iniciativa de Desarrollo Social se da en el marco la interna del FdT en torno a los planes y de una campaña mediática (tanto de los medios oficialistas como opositores) que intenta demonizar a las organizaciones sociales.

En su reciente discurso en la CTA, CFK apuntó contra el manejo actual de los planes y llamó a terminar con la «tercerización» de los mismos. Alberto le contestó pocas horas después reivindicando el rol de las organizaciones sociales durante la pandemia. Es sabido que uno de los pocos sectores todavía afines al «albertismo» es el Movimiento Evita. El mismo forma parte de la coalición gobernante a través de Emilio Pérsico, Secretario de Economía Popular.

Un ataque a las organizaciones

El proyecto del ala kirchnerista del FdT es simple: traspasar la administración de todos los planes posibles a manos directas del Estado. Es sabido que, hoy en día, muchos de los planes adjudicados por el Estado nacional son administrados por las organizaciones sociales presentes en cada territorio. No es así en el caso de otros subsidios como la IFE, que se adjudican directamente a través del ANSES.

¿Qué busca el cristinismo con este proyecto? Eliminar a las organizaciones sociales como actor político y organizativo en los barrios populares. Y no se trata de que Cristina esté a favor o en contra de los planes en sí mismos. Si fuera de otra manera, CFK habría presentado una alternativa para crear esos puestos de trabajo de los que tanto habló y que, según ella, son «el peronismo» verdadero.

Pero es el control de los planes lo que preocupa a Cristina. Con una pobreza que roza los 40 puntos y una inflación desbocada, que amenaza con desbaratar la estabilidad macroeconómica del país, en los barrios populares se pasan meses aciagos. Si hay 1 millón 200 mil planes sociales es porque, además de la desocupación, la miseria de los salarios y la precarización del trabajo arrojan todos los días a cientos bajo la línea de pobreza.

Hoy por hoy, ese 1,2 millones de personas están organizadas, en su gran mayoría, en las organizaciones sociales. Y en esto no hay nada de raro. Los planes sociales no surgieron en la Argentina como una medida «espontánea» del Estado. Son un vestigio del Argentinazo, ese proceso que movilizó a cientos de miles de personas y que dió por tierra con el status – quo neoliberal.

Eso no significa que el movimiento piquetero de hoy en día sea el mismo que surgió por los ’90 en Cutral Có. Dos décadas de estabilidad política han cambiado en buena parte sus métodos y su filiación; gran parte de los mismos están de hecho «estatizados», como atestigua el rol del Evita dentro del gobierno.

Pero en el contexto de crisis social y aumento de la pobreza, la existencia de un movimiento social que moviliza cientos de miles de personas y que no está 100% controlado por el Estado (como sí es el caso de la CGT) es un peligro para el gobierno. La idea desarticular la presencia territorial de los movimientos sociales no tiene que ver con hacer «más transparente» la adjudicación de los planes. Lo que se quiere es eliminar un actor político y social en la Argentina.

El proyecto de los intendentes

De ahí que los principales aliados de CFK en la discusión sean algunas figuras fuertes del Conurbano Bonaerense. Además de Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, también Martín Insaurralde, actual jefe de gabinete bonaerense y ex – intendente de Lomas de Zamora, apoyó la medida. Incluso sectores opositores, como el intendente de Lanús Grindetti, defendió el traspaso de planes hacia los municipios.

Los territorios de Grindetti e Insaurralde son dos de los más populosos de la zona sur. La eliminación de las organizaciones como mediador podría ayudar a los intendentes a «desactivar» la bomba de tiempo que representa el peligro de un estallido social en los barrios populares. Es que el gobierno está preocupado porque sabe que, de continuar la política actual, la crisis social no puede sino recrudecerse. Las revisiones trimestrales del FMI son un recuerdo constante de la estrategia del gobierno para el año que le resta: ajuste vía inflación sin freno y más pobreza.

No hace falta ahondar demasiado en el tema para evidenciar la enorme debilidad que atraviesa a la coalición gobernante. Cuando se le tiene miedo a la organización de los sectores más vulnerables de la sociedad, es porque se está haciendo las cosas mal.

Resta ver hasta dónde llega el proyecto de traspasar planes a los municipios. Aún de efectivizar el traspaso de 200.000 beneficiarios, resta un millón más.