El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, sorprendió cuando el pasado 10 de marzo anuncio el veto auna ley que imponía duras condenas contra el aborto, así como la prohibición del Matrimonio entre personas del mismo sexo, aún cuando éste era un proyecto promovido por su partido. La ley fue posteriormente archivada por el Congreso.
Esta ley para la “Protección de la Vida y la Familia” fue impulsada desde el 2017 por un grupo de diputaciones “pro-vida” y, ante la posibilidad de su aprobación, provocó manifestaciones del movimiento feminista y personas LGTB+.
Entre el contenido destacaban los siguientes puntos: la prohibición de enseñar en las escuelas sobre la diversidad sexual, limitando el conocimiento a las relaciones heterosexuales; la prohibición del matrimonio igualitario; el endurecimiento de las penas por aborto, que llegarían hasta los 25 años.
A pesar de su aprobación en el Congreso, el presidente Giammattei la vetó alegando problemas de constitucionalidad y violación de derechos humanos. Eso resultó sorpresivo, pues el mandatario proviene del partido conservador Vamos y, justo para esas mismas fechas,celebraba que Guatemala fuera reconocida como «capital pro-vida».
Esto podría explicarse por la reticencia del Ejecutivo a que surgieran nuevas protestas, intentando que su gestión se mantenga tan cercana como pueda al “centro político”, al menos dentro de lo que resta de su mandato. En pocas palabras, el presidente no quiso que se encendiera de nuevo el mechero de las manifestaciones.
Esto en medio, también, de un incremento en los casos Covid, la inminente saturación del sistema hospitalario, la baja cantidad de vacunación (muchas de las vacunas se han vencido) y las molestias generales que pudieron quedar luego de las últimas manifestaciones de noviembre del 2020 contra el presupuesto nacional que incluía fuertes recortes en las cuales se llegó, incluso, a incendiar el Congreso.
Por otra parte, cabe resaltar que Centro América es una región sumamente conservadora respecto al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Por ejemplo, el aborto está completamente criminalizado en países como El Salvador, Nicaragua y Honduras, mientras que en Costa Rica, Guatemala y Panamá sólo se contempla en caso de que la vida de la madre corra peligro.
