Pasó el 29 de Mayo, fecha histórica de nuestra clase y sus aliados, que dieron una batalla ejemplar en Córdoba. Pero no vaya algún distraído a ocurrírsele que los dirigentes de las centrales van a recordar ese día; o decir algunas palabras siquiera, sobre dicha gesta obrera y popular, a los/as trabajadores/as que están pasando uno de los momentos más difíciles en esta pandemia.

No. Su preocupación-obsesión sigue siendo la misma: la caja de las obras sociales. La caja, no la calidad de la atención de la salud.

Como ya lo hemos constatado en innumerables oportunidades, esa ha sido la preocupación que siempre ha estado en la agenda con el gobierno nacional y sus funcionarios.

En la última reunión con el Presidente el 6 de mayo pasado, recibieron una promesa de una remesa de 11.000 millones de pesos para las obras sociales direccionados a la atención de los/as afiliados/as atendidos en el rubro de discapacidad. Discapacidad que seguramente no la tienen por haber viajado demasiado seguido a Miami… o a las Islas del Pacífico…

Pero hay que reconocerles que ellos son consecuentes y mantienen su reclamo. Pero además, hubo otra petición(obsesiva) que también es histórica y que lo prometido al respecto por el Ejecutivo tomó estado público hace unos días.

Recibieron la promesa de que el Ejecutivo va a reglamentar que todo trabajador que ingrese a una obra social, mantendrá la afiliación a la misma, aunque cambie de empleo y éste corresponda a otra agremiación, por un período mínimo de un año.

Si se cumpliera, los dirigentes sindicales casi alcanzarían el paraíso. Una fuente de recursos que se mantendría fiel a su caja aunque el trabajador ya no dependa de ésta por un período de tiempo nada despreciable. Caja más segura para los popes sindicales. Y para los/as trabajadores/as, ¿es un beneficio?

Esa es la pregunta del millón. En algunos casos, significa una mejora a favor del trabajador/a, si considera que su atención de la salud no sólo es satisfactoria, sino que ya ha iniciado tratamientos en la misma que exigen una continuidad. La mayoría de las veces, no sólo por la atención propia, sino la del grupo familiar.

La libre elección de la obra social por parte del trabajador/a fue establecida en el decreto nacional 9/1993 del 7 de enero de ese año.

Desde ya, que la intención del gobierno menemista no fue ésta, sino fue parte de un programa de privatización de la salud que provocó una estampida de clínicas privadas a lo largo y ancho del país y fomentó una feroz competencia entre ellas y las prestaciones de las obras sociales.

La única forma en que la atención de la salud de las obras sociales esté a nuestro entero beneficio, y no de ganancias empresariales y/o burocráticas, es que sean controladas por sus verdaderos/as aportantes y dueños/as: los/as trabajadores.

Pero como a nosotros/as nunca nos preguntan nada, seremos nosotros, si se instrumentan dichas medidas, quienes debamos hacer escuchar nuestras voces de reclamo. Que esas voces trasciendan las paredes de los despachos gubernamentales donde se reúnen en forma secreta los dirigentes y las nuestras se escuchen en los ámbitos en las que seamos protagonistas: las reuniones y asambleas en los lugares de trabajo, las demostraciones y marchas en las calles. Ahí sí nos tendrán que escuchar.