La cuarentena obligatoria impuesta con motivo de contener el coronavirus ha representado un factor desestabilizador en la economía nacional e internacional. Hoy, todos los analistas hablan de cómo está afectando el parate a la rueda de la economía, y lloran la gota gorda con las pérdidas que tendrán las empresas producto de esta situación.

Sin embargo, la crisis económica no cayó del cielo, ni podemos atribuírsela a los murciélagos de Wuhan. Tanto en la Argentina como en el mundo, los gobiernos venían avanzando con contra-reformas laborales estructurales que implicaban el desarme de los estados de bienestar, con aumentos de la edad de jubilación, reducción de salarios, etc.

Lo concreto es que la situación de parate económico producido por la cuarentena obligatoria ha potenciado tendencias que ya se encontraban en curso, multiplicándolas y acelerándolas de sobremanera.

En nuestro país, a pesar del palabrerío del gobierno, son muchísimas las empresas que ya negocian suspensiones y reducciones de sueldo. El Grupo Techint, por ejemplo, despidió impunemente 1450 obreros de la construcción, desoyendo el decreto de prohibición por 60 días.

En una clara contradicción entre los hechos y el discurso oficial, los trabajadores del frigorífico Penta fueron baleados por la policía bonaerense de Axel Kicillof cuando reclamaban por salarios adeudados frente a su lugar de trabajo, varios de ellos resultando gravemente heridos.

Según informaron desde el gobierno, se iniciaron más de 100 expedientes de conciliación obligatoria por conflictos laborales desde el inicio de la cuarentena, de entre las más de 500 denuncias que recibió el Ministerio de Trabajo a compañías privadas que incumplieron el pago total de haberes o que despidieron trabajadores.

Para suspender y rebajar salarios, las empresas se amparan en el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo, que permite pautar la rebaja entre la patronal y el sindicato, a ser convalidada luego por el Ministerio. Fue lo que sucedió en el SMATA, donde se aplicaron suspensiones al 75%, o Flybondi, donde fueron del 58% al 88% y por 90 días.

Las empresas de comida rápida se animaron a más, echando a personal contratado, quitando el presentismo y llegando a casos donde los salarios llegaron al irrisorio piso de $3500, con el sindicato de pasteleros haciendo la vista gorda ante tremendo atropello. La denuncia de los trabajadores estalló en las redes viralizándose con el hashtag #McEstafa.

Según el artículo 8 del decreto 297/2020 que estableció la cuarentena obligatoria el 19 de marzo: «Los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales, en los términos que establecerá la reglamentación del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.»

Este artículo, que debería proteger los derechos laborales, resultan papel mojado en la realidad cotidiana, lo escrito con la mano se borra con el codo. Como advertimos desde Izquierda Web, el gobierno abrió las puertas a las suspensiones a la baja con el decreto 329/2020 que restringió los despidos por 60 días, estableciendo que se pueden pautar suspensiones a la baja pautadas co los sindicatos según lo dictado en el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo.

A pesar del cacareo del gobierno, las empresas están descargando la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. El gobierno critica a los empresarios que despiden, pero no aplica ninguna sanción efectiva que los obligue a respetar los derechos laborales.

La organización desde abajo es el camino para enfrentar este verdadero atropello a la clase trabajadora, exigiéndole al gobierno que aplique verdaderas sanciones económicas y penales, como pueden ser la confiscación de fortunas, ganancias e incluso la estatización de plantas y empresas que despidan o rebajen salarios con la excusa de la pandemia. Se debe obligar a las patronales a pagar las suspensiones al 100% y a garantizar comités de seguridad e higiene en los lugares donde se realicen tareas esenciales. Esa sería una política que ponga verdaderamente en primer lugar el salud y la calidad de vida de las amplias mayorías trabajadoras.