«Otra condena para Cristina Kirchner» tituló Joaquín Morales Solá su columna sobre el colonial fallo por YPF. Tanto La Nación como su columnista son partidarios de la condena a CFK y su proscripción. Ya solamente desde el título Morales Solá le está dando la razón a los fondos buitre Burford y Eton Park, así como al fallo colonial que exige al Estado argentino que entregue su empresa petrolera.

La Justicia de Estados Unidos falló contra la República Argentina en la demanda abierta por la nacionalización parcial de YPF en el año 2012. Es intervencionismo económico descarado, ultrarreacionario, de sometimiento directo y saqueo, de ruina nacional. Un tribunal de Estados Unidos pretende ponerse por encima de toda soberanía argentina, de sus gobiernos y sus leyes, y para personajes como Morales Solá esta es una buena ocasión para hacer «pequeña política» electoral. Le quitan toda culpa a los capitales internacionales y su poder económico en Argentina para poner todo el peso de las cosas en el chiquero cotidiano de sus rencillas con el kirchnerismo.

«En 2023, la magistrada norteamericana estableció en 16.100 millones de dólares el valor de la indemnización por aquella pésima expropiación kirchnerista, que se pareció bastante a una confiscación» dice en La Nación resaltando la palabra «confiscación». La propaganda de victimización es múltiple: es víctima REPSOL, es víctima Burford, es víctima Eton Park.

Si la «expropiación» del kirchnerismo fue «pésima» es, entre otras cosas, porque compensaron a Repsol por una suma ridículamente alta, que al día de hoy seguimos pagando. Repsol venía de haber vaciado YPF, poniéndole fin medio siglo de autoabastecimiento energético de Argentina. A los saqueadores no había que darles ni un peso. Sin mencionar todo lo que siguió en cuanto a explotación petrolífera tras la «nacionalización» a medias, que le abrió un nuevo y jugoso negocio a empresas multinacionales como Chevron.

Los demandantes son dos fondos norteamericanos llamados Burford Capital y Eton Park, dos fondos «buitres» que compraron la quiebra de Petersen Energía (de los Esquenazi, por aquel entonces propietarios del 25% de la petrolera) para demandar al Estado Argentino.

Los saqueadores como víctimas

Este tipo de fondos de inversión son una especie muy destacada en el ecosistema de parásitos engendrados por la sociedad capitalista: se trata de fondos que compran litigios contra países débiles o en crisis que por alguna razón tienen que someterse a la justicia yanqui, teniendo por seguro que los fallos judiciales no los beneficiarán.

En esta ocasión, Burford y Etan Park compraron el derecho a reclamar por YPF a Petersen Energía, de la familia Eskenazi, que al momento de la «nacionalización» tenía el 24% de las acciones de YPF. El estatuto de la petrolera impuesto por el menemismo establece que en caso de compra masiva de acciones se debe hacer una oferta de compra a la totalidad de los accionistas (y no sólo a una parte).

Basta prestar atención a este párrafo de Morales Solá para que quede en evidencia su impostura:

En rigor, toda la operación de compraventa de una parte de YPF por los Eskenazi se hizo durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2008, aunque siempre se afirmó que la idea de la “argentinización” había sido de su marido. La expropiación se decidió también durante la administración de la expresidenta, en 2012, pero su esposo ya había muerto. La compra por parte de los Eskenazi se hizo primero, en 2008, por un 14,9 por ciento de las acciones. El costo fue de 2133 millones de dólares. Los Eskenazi pusieron solo 100 millones. La propia Repsol recurrió al método de ‘préstamo del vendedor’ y le prestó al comprador 1015 millones de dólares. Otros 1018 millones de dólares fueron préstamos de un pool de bancos integrado por Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa. En 2011, los Eskenazi compraron otro 10,1 por ciento por 1400 millones de dólares. Repsol les hizo otro préstamo de 730 millones y un nuevo pool de bancos les dio un crédito de 670 millones de dólares. De este pool participaron los bancos Standard Bank, Credit Suisse, Santander y Citi. De ese modo, la familia Eskenazi se hizo dueña del 25 por ciento de las acciones de YPF. Los créditos los pagaría con los dividendos anuales que le correspondía cobrar por las acciones que poseía. Fue una operación rara. Por eso, Repsol autorizó el pago casi total de dividendos a sus accionistas, lo que también les permitía a los propios españoles desinvertir en la Argentina; la inversión se redujo y consecuentemente también cayó la producción de YPF. Era una secuela lógica de la ‘argentinización’ imaginada por Néstor Kirchner, no la culpa de la empresa española.

La política del kirchnerismo para con YPF tuvo, efectivamente, dos momentos: la «argentinización» con la compra de un cuarto de las acciones por parte de los Eskenazi entre el 2008 y el 2011, y la «expropiación» en 2012. Efectivamente, fue una operación «rara»: el Grupo Peterson usó como garantía de los préstamos las propias acciones de YPF. Básicamente, no tuvieron que poner un peso propio para hacerse con un cuarto de una empresa gigante.

Pero: ¿qué es eso que dice Morales Solá? «Fue una operación rara. Por eso, Repsol autorizó el pago casi total de dividendos a sus accionistas, lo que también les permitía a los propios españoles desinvertir en la Argentina; la inversión se redujo y consecuentemente también cayó la producción de YPF. Era una secuela lógica de la ‘argentinización’ imaginada por Néstor Kirchner, no la culpa de la empresa española.»

Leamos esa frase. Releamos. Una vez más. Busquemos algo que se nos haya perdido. Tratemos de entender.

No hay caso: ¿qué tiene que ver la manera en que los Eskenazi compraron sus acciones con la decisión de Repsol de vaciar y desinvertir? No hay manera de saberlo. La única manera de tomar como cierto este razonamiento es querer de antemano creerle a Morales Solá. Repsol había autorizado que el conjunto de las utilidades de YPF vayan a sus accionistas, lo que significa que ni un peso ni un dólar iban a ir al mantenimiento básico de su infraestructura, mucho menos a la inversión en la búsqueda, exploración y explotación de nuevos pozos. No hay ninguna correlación de ningún tipo entre esta decisión de explícito saqueo y vaciamiento, de un lado; y lo que haya hecho el Grupo Peterson, por el otro.

Además, los datos desmienten completamente a Morales Solá. Así fue la evolución de la producción de YPF antes y después de la «expropiación»:

Los datos son claros: el desplome de la producción y el vaciamiento habían comenzado mucho antes de la entrada de los Eskenazi a YPF en 2008. Desde la adquisición de la petrolera por parte de Repsol, las reservas de petróleo de la empresa se redujeron un 54% entre 1999 y 2011, mientras que las de gas prácticamente desaparecieron, reduciéndose un 97%. Hoy Argentina gasta miles de millones de dólares anuales en la importación de gas, aunque cuente con importantes reservas.

¿Para qué entonces Morales Solá se inventa una causalidad ficticia? ¿Por qué exculpa de esa manera a los saqueadores de Repsol? Hasta los ultra cipayos con vocación de tomar té en la embajada de Pichetto y la UCR denunciaron como una injerencia intolerable la de Preska y Burford. Es que hasta los más entreguistas entienden algo: para entregar un país, es necesario (mínimamente) que ese país exista.

La «expropiación»

Ahora pongamos en duda la vocación «confiscatoria» del kirchnerismo. Volvamos a mirar los números del desplome de la producción petrolera de YPF: la mayoría se dio bajo el mandato de Néstor y Cristina. Durante toda una larga década de saqueo de Repsol, los Kirchner no atinaron ni a media intervención. No fue el único caso: con muy raras excepciones, el fraude de las privatizaciones siguió (y sigue) en pie.

En 2012, el gobierno de CFK tuvo que girar hacia la «expropiación» por dos motivos de peso. El primero, el costoso hecho de que el país de repente tuviera que pagar la importación de gas en escasos dólares teniendo reservas de sobra para el autoabastecimiento. El segundo, el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta un año antes. 

Una amplia mayoría del Congreso votó la «expropiación» de YPF. Catorce años de privatización habían hecho de la principal petrolera argentina una acumulación de estaciones de servicio abandonadas, materiales de producción oxidados y trabajadores insuficientes para cualquier proyecto de explotación nueva. Casi 80 años de existencia de la empresa habían sido liquidados para llenar los bolsillos de los accionistas de la empresa española. Y, sin embargo, la «expropiación» decidió «compensar» a Repsol. Dos años más tarde, se llegó a un acuerdo por 5 mil millones de dólares. No había que darles nada.

La puesta bajo control del Estado del 51% de las acciones de YPF tuvo una motivación simple: el Estado argentino tomaba la decisión estratégica de que había que invertir en Vaca Muerta. El cortoplacismo y desinversión de Repsol hacía imposible que se tome semejante decisión bajo su mando. Pero el kirchnerismo hacía esto sin recuperar todos los atributos soberanos entregados por Menem: YPF seguía siendo una «Sociedad Anónima» y no una «Sociedad del Estado» como había sido antes de 1993.

La del 2012 no fue una decisión que ponía fin al poder de las empresas multinacionales de explotar el país. Ni mucho menos: al año siguiente se anunciaba el acuerdo Chevron-YPF para darle comienzo a la explotación de Vaca Muerta. La diferencia es que ahora el Estado intervenía para que la explotación de las multinacionales sea eso, explotación; y no mero saqueo. Y para explotar hay que invertir. Es un mecanismo básico de funcionamiento de una sociedad capitalista: las inversiones a largo plazo las suele hacer el Estado cuando son poco rentables para que después las privadas gocen de las ganancias. En este caso, la muy yanqui empresa Chevron, que es la continuidad de la Standard Oil de los Rockefeller.

Un fallo colonial

Dice Morales Solá: «Ya que estaban tan excitados con la expropiación, hubieran expropiado también las acciones de la familia Eskenazi, pero nadie nombró ni a la familia ni a su empresa Petersen. Más, todavía: si Petersen hubiera entrado luego en los acuerdos de Kicillof, el actual juicio que se realiza en el despacho de la jueza Preska no existiría».

Los malabarismos retóricos de Morales Solá son realmente impresionantes. El litigio en los tribunales de Nueva York se da sobre la base de poner a los Eskenazi en el lugar de víctimas de la nacionalización parcial, mientras los cipayos les dan la razón argumentando que el fallo es por la política del gobierno kirchnerista de beneficiar a los Eskenazi.

La arbitrariedad judicial de Preska para beneficiar a las multinacionales a expensas de Argentina no podrían ser más evidentes. El fallo exige que el Estado entregue a Burford y Eton Park el 51% de las acciones, la totalidad de lo que posee. Pero los Eskenazi tenían solamente un cuarto de la totalidad de la empresa. La «compensación» exigida es la voluntad de una jueza de que un país entero entregue todo rastro de soberanía económica y política. Preska, imperialista como es, cree poder erigirse en jueza internacional, y sanciona el derecho de las empresas estadounidenses a declarar Argentina su colonia.

Además, Preska les da la razón en todos los absurdos reclamos que hacen los fondos buitres para calcular cuanto les «debe» el Estado Argentino. Reclaman que hay que pagarles 16 mil millones de dólares… que es más o menos lo que vale YPF en su totalidad. ¿Cómo llegaron a esa suma? Primero, tienen que calcular el valor de la empresa en su momento, después la tasa de interés a aplicar por los años pasados. Para el primero, cuentan desde la intervención previa a la nacionalización, el 16 de abril del 2012. Pero para calcular los intereses ponen como fecha el 3 de mayo de ese mismo año.

Supuestamente este fallo buscaría «compensación» para empresas que habrían sido «perjudicadas» por el Estado Argentino. Y ese «perjuicio» tiene que tener una fecha precisa. ¿Por qué entonces Preska toma dos fechas diferentes del «perjuicio» del que habrían sido «víctimas» los Eskenazi? Porque si se tiene en cuenta el 16 de abril para calcular el valor de las acciones, eso beneficia a Burford; y si se tiene en cuenta el 3 de mayo para calcular los intereses, eso beneficia a Buford. Es una contradicción demasiado obviamente puesta para exprimir hasta el último centavo a Argentina y tenga que entregar todo lo que Preska pueda sacarle para sus amigos empresarios. Esto está bien explicado en este artículo de El Destape.

Este absurdo parte del estatuto de YPF, que -como hemos dicho- imponía desde el menemismo que quien comprara un capital accionario como el que estaba obteniendo el Estado argentino debía hacer una oferta similar al resto de los accionistas. Pero las leyes de un país están por encima del estatuto de una empresa. Y la ley sostenía que se trataba de una «expropiación» con compensación, no de una compra de acciones. No es una sutileza, son cosas diferentes. Por más limitada que haya sido la «expropiación» kirchnerista, fue una decisión soberana de un país (no muy) soberano. Y cuestionarla como tal es pretender darle a empresas multinacionales y juezas neoyorquinas un poder mayor a éstos sobre Argentina que el propio Congreso.