En la misma semana en que se cumple un año de la histórica jornada del 23 de abril en defensa de la universidad pública, los bloques colaboracionistas del radicalismo y la Coalición Cívica presentaron un proyecto de Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso. Lo presentan como un intento de recuperar parte de lo perdido con el ajuste brutal de Milei a las Universidades, que vienen sosteniéndose con el mismo presupuesto desde el año 2023.

En septiembre del año pasado, las dos cámaras legislativas habían aprobado la Ley de Financiamiento Universitario presentada por la oposición radical que representaba un aumento del 0,14% del PBI para las universidades, y que posteriormente fue vetada por Milei, desatando un estudiantazo con tomas de facultades a lo largo y ancho del país.

Entre sus puntos más importantes, el proyecto de ley establece el aumento de las partidas presupuestarias destinadas a universidades nacionales de manera retroactiva al 1° de enero de 2025, sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sumando actualizaciones bimestrales sobre la base de un cálculo que combina inflación (50%), variaciones en el tipo de cambio oficial para importaciones (25%) y los aumentos de tarifas de servicios públicos (25%). También propone la convocatoria a paritarias para los trabajadores universitarios luego de cinco días sancionada la ley y la actualización de programas de becas estudiantiles tomando la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

Si bien el proyecto parte de la inflación acumulada durante el año pasado desde el 1° de mayo y la retroactividad de las partidas desde este año, no resuelve el desfinanciamiento que viene sufriendo la universidad pública en más de una década. Sin irnos más atrás en el tiempo, la partida presupuestaria destinada a las universidades para el 2023 por el entonces ministro Sergio Massa, se otorgó con una inflación proyectada en un 60% para ese año, que terminó siendo de más del 200%. Es sobre esa base que la prorrogación del presupuesto 2023 por parte del gobierno de Milei por dos años consecutivos, es una política que apunta a acabar con la universidad pública, abierta y gratuita. Supuestamente, los bloques colaboracionistas del Congreso, que tienen injerencia en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y en la dirección de las facultades, buscan paliar eso parcialmente con este proyecto.

El proyecto ni siquiera busca compensar en la mayoría de lo perdido solo bajo Milei. Los puntos más altos de la inflación bajo su mandato fueron entre diciembre del 2023 y marzo del 2024, después de la megadevaluación de sus primeros días en la Casa Rosada. En el corto plazo compensa muy poco y en el largo plazo es nefasto.

Otros elementos del mismo incluyen la modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior, imponiendo criterios para la distribución del presupuesto basándose en la cantidad de estudiantes, los tipos de carreras, las áreas consideradas estratégicas, graduaciones, actividades científicas, entre otros. También le da mayor peso a la Auditoría General de la Nación, que transferirá al Congreso informes de seguimiento y control sobre el uso de las partidas presupuestarias, con la excusa de garantizar mayor transparencia.

En resumen, con lo que parecería tener el aval del CIN, este proyecto termina entregando una de las conquistas más importantes de la comunidad universitaria de nuestro país: su autonomía. Si ya distintos gobiernos como el de Menem han buscado avanzar sobre la misma, con la conformación de organismos como la CoNEAU, de avanzar esta nueva ley, impondría condiciones a las universidades para distribuir sus ingresos según criterios completamente arbitrarios.

Es evidente que facultades que hoy reciben partidas presupuestarias más bajas se ven más afectadas por la deserción estudiantil. Además, el criterio de las “áreas estratégicas” se encuentra permeada por intereses de funcionarios y de empresarios nacionales y extranjeros que buscan la rentabilidad de las carreras universitarias. Así quedó en evidencia con el convenio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA con la petrolera Shell en 2020, que dio vía libre para su intervención sobre las investigaciones científicas llevadas a cabo en la Facultad.

La dramática situación que viven las universidades públicas en la Argentina de Milei se expresa en las cientos de renuncias de docentes (tan solo en la Universidad de Buenos Aires) durante el 2024 por los bajos salarios. O en el cierre de inscripciones a determinadas carreras para el 2025 como ha sucedido en la Universidad Nacional de Quilmes. El desfinanciamiento y la política de cierre de las universidades se plasma también en las cada vez más peores condiciones de cursada, que son impuestas de manera cómplice por las autoridades de las facultades. Sin ir más lejos, fue la propia gestión Gelpi-Yacobitti de la UBA, acompañada por los decanos de las facultades, la que el año pasado entregó la primera marcha educativa a cambio de un aumento en los gastos de funcionamiento para la Universidad, sin contemplar los salarios de los docentes y nodocentes, que han perdido entre un 30% y un 40% de su poder de compra desde fines de 2023.

Mientras el radicalismo y el peronismo, fuerzas políticas que se encuentran a la cabeza de las gestiones de la mayoría de las universidades nacionales, denuncian el desfinanciamiento de la universidad, al interior de las mismas llevan adelante una política de adaptación a la miseria presupuestaria. A través del cierre de cursos y comisiones, recortes de horarios, planes de estudios y becas, virtualización de clases y trámites administrativos, recortes en las compras de insumos para el mantenimiento de los edificios, arancelamiento de cursos de extensión, etc., las autoridades nucleadas en el CIN hacen pagar la crisis educativa a los estudiantes, docentes y nodocentes, mientras intentan negociar migajas por arriba.

No alcanza con la rosca parlamentaria y la negociación con el gobierno para defender la universidad pública, como ya nos dejó claro el veto a la Ley de Financiamiento Universitario del año pasado. Es necesario que este año vuelva el estudiantazo, con ocupaciones de facultades, cortes de calle y movilización para derrotar la política de cierre de las universidades del gobierno, así como la adaptación a la miseria que llevan adelante las autoridades radicales y peronistas, y conquistar la triplicación del presupuesto educativo para defender la universidad pública, gratuita y de masas.