Este lunes desde temprano se inició una jornada de lucha protagonizada por trabajadorxs de atención en discapacidad, en reclamo por el atraso en los pagos de las prestaciones. Comenzaron movilizándose desde Carlos Calvo y 9 de Julio, marchando por Diagonal Sur hasta llegar a Plaza de Mayo, donde instalaron una carpa blanca que se mantendrá durante tres días en protesta por el ajuste en discapacidad.

En horas de la tarde, espontáneamente decidieron cortar la calle Rivadavia, recibiendo hostigamiento de la policía. De allí marcharon hacia la Superintendencia de Salud, donde nuevamente cortaron Diagonal Norte. De momento no tuvieron respuesta concreta, más que dilaciones.

Para entender el conflicto es importante comentar brevemente que de acuerdo a la Ley N° 24.901, el Estado tiene la obligación de cobertura integral de prestaciones para las personas con discapacidad. Sancionada en el año 1997, dicha ley promueve un sistema de colaboración, a través del cual el sistema de seguridad social argentina cubre los costos de tratamientos, rehabilitaciones, terapias cognitivas, motoras, educativas, asistenciales y medidas complementarias para las personas con discapacidad (PCD). Las entidades obligadas a tal cobertura son las obras sociales, con fondos provistos por el Estado a través de la Superintendencia de Salud.

La mayoría de lxs trabajadorxs de esta rama de la salud prestan sus servicios en consultorios, sin percibir un salario mensual ni ninguna relación laboral con patrones, sino en la modalidad precarizada del monotributista que factura las prestaciones (sesiones y terapias con los pacientes) a las obras sociales y prepagas, las cuales pueden demorar hasta seis meses en depositar los pagos, ¡un escándalo!

Esta cotidiana situación de precarización laboral que padecen lxs trabajadorxs de discapacidad, se ha visto profundizada en estas últimas semanas con las noticias de que la Superintendencia de Salud se ha demorado en los fondos para que las obras sociales abonen los servicios a lxs prestadorxs. Esto ha provocado que algunxs profesionales y consultorios hayan cesado de momento las prestaciones, mientras que otrxs han continuado a pesar de la deuda. Esto último no es de sorprender, ya que las profesiones referidas al área de discapacidad son en general ejercidas por personas con una especial sensibilidad hacia sus pacientes, factor que siempre utiliza el Estado y las patronales para condicionar a lxs trabajadorxs de la salud a la hora de realizar reclamos en la calle o con paro.

La falta de fondos que no están cubriendo los pagos a lxs prestadorxs están enmarcadxs en el actual recorte a la salud que está llevando a cabo Massa, el cual ha significado en su totalidad un ajuste de $ 10.000 millones solo a esta área. Para derrotar el plan de ajuste a lxs de abajo por parte del gobierno del Frente de Todos y el FMI, es necesario seguir organizadxs y en las calles.