Un breve primer análisis de las medidas y el ataque que constituyen para el derecho a la educación pública.

La Ley de Educación Superior

El paquete de medidas adoptado en noviembre del presente año tiene como eje profundizar el aspecto mercantilista y privatizador de la Ley de Educación Superior (en adelante LES) y su aplicación.

La LES, sancionada en 1995 bajo el menemismo tuvo como principales ejes avanzar en contra de la autonomía de las Universidades para así poner las carreras al servicio del mercado. Para esto creó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CoNEAU), ente encargado de monitorear y reformar los planes de estudio de las carreras que fuesen consideradas de “interés público”. Las carreras debían pasar auditorías en donde daban su opinión desde cámaras empresariales hasta la Iglesia sobre qué y cómo debía enseñarse. Todo esto constituía una violación de la autonomía universitaria y un ataque antidemocrático, dado que no se contemplaban instancias en donde la comunidad universitaria debatiera y decidiera acerca de los planes.

Gracias a la lucha del movimiento estudiantil no se pudo lograr el objetivo de arancelar el grado. Lo que sí se logró fue el arancelamiento de los posgrados los cuales hoy son en su mayoría pagos. El objetivo de la CoNEAU pasó a ser achicar planes de estudio y recortar la incumbencia de los títulos para luego obligar a lxs estudiantes a llevar adelante posgrados pagos, situación que se mantiene hasta la actualidad.

Las últimas medidas del Ministerio de Educación y los favores al ajuste de Milei

Las medidas de noviembre de este año consistieron en una serie de resoluciones (2597/2023 y 2598/2023) firmadas por el Ministerio y aprobadas por el Consejo Interuniversitario Nacional. Ambas resoluciones buscan institucionalizar todos los avances que se dieron en contra de la educación superior durante la pandemia y la gestión de Fernandez.

La justificación oficial para tales medidas es “achicar la brecha entre la duración teórica y real de las carreras”. Sin embargo, no se toman medidas reales para atacar esta problemática, que responde a causas muy diversas, que solo podrían combatirse con presupuesto. Sin ir más lejos, recientemente se conoció que el CIN solicito un presupuesto de 2.5 billones (300% de aumento en relación al 2023), el cual alcanzaría “solo para abrir las puertas de las universidades” frente al anuncio del gobierno de congelar el presupuesto universitario.

Estas medidas tienen como fin lograr una implementación efectiva de la LES (que nunca pudo implementarse en su totalidad gracias a la lucha del movimiento estudiantil) dándole más atribuciones a la CoNEAU y buscando efectivizar la creación de un sistema de créditos.

La educación al servicio del mercado

El art 2 de la Res 2598/23 afirma que el valor organizador del diseño de los planes de estudio será un sistema de créditos otorgados a cada materia: un criterio productivista. Se crea el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), y el Crédito de Referencia del estudiante (CRE).

De más está decir que si es el sector privado quién está detrás de la CoNEAU, a la hora de puntuar los créditos de cada materia se pondrá mayor puntaje a lo que responda a las necesidades del mercado. Acudiendo al sentido común, podríamos decir que en una carrera como Psicología materias como Comunitaria tendrán un puntaje mucho menor que las relacionadas a una salida empresarial o RRHH, por ejemplo.

Se plantea incluso que las carreras acreditadas recibirán más fondos que aquellas no acreditadas ( art 6 Res 2597/2023) y no se admitirán nuevas carreras ni modificaciones de las ya existentes si no cumplen esta normativa (art 4 2598/23).

La degradación del grado: acortamiento de planes y virtualidad

Otro de los ejes es acortar las carreras de grado e incorporar la virtualidad como dinámica principal de cursado:  el art 1 de la res. 2598/23 deroga la Res. 6/1997 que establecía un mínimo de duración de 4 años para las carreras de grado,  y de 2600 horas de dictado en modalidad presencial . A su vez, en un anexo de reglamentación se plantean las nuevas duraciones de las carreras en donde el máximo pasaría a ser de 4 años.

Además reduce la cantidad de horas mínimas que deben cumplir los planes de estudio, contabilizando dentro de ellas las “horas de trabajo autónomo del estudiante”: para acreditar la carga horaria de un plan, se tendrá en cuenta el dictado de clases (sea presencial o virtual) y también el tiempo que el estudiante se encuentre estudiando. El reglamento explica los requisitos para que un plan sea considerado como “Educación a Distancia” entre los cuales no se encuentra la obligatoriedad de las instituciones de garantizar el acceso a dispositivos y demás recursos para lxs estudiantes.  Además, indica que las carreras presenciales podrán tener hasta un 50% de clases dictadas de manera virtual.

Para los privados sí hay recursos

También establece que se permitiría a las universidades realizar negociados con entes privados que “brinden apoyo” para la educación a distancia. Así, mientras las universidades se caen a pedazos, las autoridades universitarias estarían habilitadas a regalar millones a empresas privadas para sostener la virtualidad.

¿Qué implican estas medidas?

Se trata lisa y llanamente de un ataque a la educación pública y a la organización como derechos. Esta contrarreforma implica un desguace de las carreras de grado en favor de los posgrados pagos, lo que generaría una virtual privatización, ya que al reducir los contenidos de los programas, lxs egresadxs van a necesitar acudir a posgrados.

Además, se basa en criterios mercantilistas, favoreciendo a las carreras e instituciones que tengan más afinidad con los mercados. También institucionaliza la política que tuvo el gobierno durante la pandemia: reemplazo de la presencialidad por la virtualidad, con una perspectiva individualizante, negando el carácter social de la educación.

Todo esto configura además un ataque al movimiento estudiantil, ya que cuestiona a la universidad como espacio de debate público, intercambio y organización.

Estas medidas aprobadas por el gobierno del FDT son el terreno perfecto para la aplicación del plan motosierra de Milei. El actual presidente devaluó un 118%, y estableció que el presupuesto 2024 será el mismo que en 2023, es decir un real recorte del ya paupérrimo presupuesto universitario. Además acaba de presentar un mega DNU antidemocrático, inconstitucional y antiobrero que, junto con el protocolo represivo de Bullrich son una declaración de guerra contra lxs trabajadorxs y todos nuestros derechos.

Los centros de estudiantes deben ponerse en estado de alerta y movilización para organizar al movimiento estudiantil frente a estos ataques, derrotar esta contrarreforma y el plan motosierra.