Puerto Rico vivió el fin de semana un nuevo estallido de rabia popular frente a la militarización de su territorio. Las recientes maniobras de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la isla, acompañadas por el despliegue de aviones y operaciones anfibias del cuerpo de élite de la Marina, despertaron el rechazo abierto en distintos sectores.

La gobernadora aliada de Trump, Jennifer González Colón, mostró una postura completamente sometida y dijo estar “orgullosa” de respaldar las maniobras militares estadounidenses.

Cientos de personas se concentraron el domingo frente a la base aérea Muñiz para gritar su oposición a la presencia de tropas extranjeras (sí, extranjeras) y exigir la salida inmediata de los soldados. Las consignas retumbaban con fuerza: “Puerto Rico sin milicia, queremos justicia” o “fuera yanquis”, mientras denunciaban a Trump como asesino.

Las manifestaciones ponen en evidencia la resistencia histórica del pueblo boricua frente al colonialismo. Entre quienes encabezan las acciones se encuentran organizaciones como Madres contra la Guerra, que señalan sin rodeos que la isla está ocupada y que el imperialismo utiliza a Puerto Rico como trampolín para intervenir en Venezuela y el resto del Caribe.

La represión, en esta ocasión, no se materializó en balas contra los manifestantes, pero sí en la ocupación diaria de su tierra, en el ruido de los helicópteros y en la amenaza de que las bases militares vuelvan a funcionar como en Vieques. En las calles, el mensaje es claro: Puerto Rico no acepta ser campo de pruebas del Pentágono ni patio trasero de Washington.

El despliegue imperialista de Trump en el Caribe

El actual despliegue militar en el Caribe hace parte de la ofensiva imperialista de Washington bajo la administración de Trump. En nombre de la “lucha contra el narcotráfico”, la Casa Blanca movilizó ocho buques de guerra, aviones caza F-35 y cuatro mil marines hacia la región, utilizando a Puerto Rico como plataforma de operaciones.

La realidad es que no se trata de un combate contra carteles (esa es la fachada) sino de un intento de reafirmar el control sobre el Caribe y lanzar una amenaza directa contra Venezuela. El propio Trump lo dejó en claro al ordenar operaciones que terminaron con la muerte de supuestos “narcoterroristas” en aguas internacionales, un verdadero acto de terrorismo de Estado.

La isla se convierte en un portaaviones en medio del mar Caribe, un espacio que facilita las maniobras del Pentágono y legítima nuevas agresiones. El uso de la base Roosevelt Roads y la llegada de aviones de combate son parte de la lógica de consolidación de una posición estratégica frente al avance chino y de reimponer la doctrina del “patio trasero”.

El trumpismo no oculta su visión de control territorial. La militarización del Caribe recuerda la política de las administraciones de Nixon y Reagan de la “guerra contra las drogas”, lo que significó una excusa para reforzar la presencia militar en América Latina. Ahora la historia se repite, y con un arsenal de alta tecnología: destructores, submarinos nucleares, helicópteros de ataque y tropas de asalto.

El despliegue militar de Trump intenta reinstalar el “hard power” del imperialismo estadounidense en un momento en que su hegemonía global es cuestionada. Frente a la emergencia de nuevos actores internacionales, la Casa Blanca responde con cañones y misiles. Y frente a esa amenaza, la respuesta popular en Puerto Rico conecta con las luchas antiimperialistas de toda la región.

Bajo la bota militar

La relación de Puerto Rico con las fuerzas armadas de Estados Unidos es una herida abierta que atraviesa generaciones. Desde 1898, cuando la isla quedó bajo control yanqui tras la guerra hispano-estadounidense, los militares la convirtieron en un enclave colonial. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fue territorio de experimentos, maniobras y bombardeos.

El ejemplo más brutal fue Vieques. Allí la Marina de guerra expulsó a miles de personas de sus hogares, ocupó más del setenta por ciento del territorio y sometió a la población a décadas de bombardeos con munición viva, convirtiéndolo en un campo de entrenamiento de guerra.

Aunque la movilización popular logró en 2003 expulsar a la Marina, hasta hoy quedan restos de proyectiles sin detonar y la supuesta “limpieza” del terreno implica nuevas detonaciones que mantienen en riesgo a la comunidad. La presencia militar significó desempleo, pobreza y un paisaje devastado.

La base Roosevelt Roads fue usada como trampolín para invasiones e intervenciones en el Caribe y Centroamérica, como en Granada en 1983 o en Panamá en 1989. Puerto Rico se transformó en un engranaje de la maquinaria bélica imperialista, sin voz ni voto para decidir su destino. Sin embargo, las protestas masivas de finales de los noventa y principios de los dos mil mostraron la fuerza del movimiento contra la ocupación militar.

Una historia de colonialismo

El colonialismo en Puerto Rico es la forma concreta en que se organiza la vida política, económica y social de la isla. El llamado Estado Libre Asociado, instaurado en 1952, no cambió la esencia de la dominación. Washington controla la defensa, las fronteras, la política exterior y hasta la moneda, mientras los puertorriqueños carecen de representación con derecho a voto en el Congreso estadounidense; lo que existe es un tutelaje colonial maquillado.

El dominio imperialista se expresa en la imposición militar y en la economía. En las últimas décadas, fue convertido en un experimento para las corporaciones de Wall Street. Con exenciones fiscales, las empresas estadounidenses lucraron a manos llenas y se llevaron sus fortunas. Cuando esas ventajas terminaron en 2006, la economía colapsó y los gobiernos locales recurrieron al endeudamiento, acumulando una deuda impagable de más de 70 mil millones de dólares.

La respuesta de Washington fue la Ley PROMESA (aún vigente), que entregó las finanzas públicas a una Junta de Control Fiscal designada desde la Casa Blanca. Esa junta puede recortar salarios, privatizar recursos naturales y dictar el presupuesto, confirmando que la soberanía de la isla no pertenece a su gente sino a los banqueros y tecnócratas del norte.

El colonialismo estadounidense también forzó la migración masiva. Más de medio millón de personas salieron de la isla en la última década buscando mejores condiciones de vida. Esa diáspora refleja la falta de oportunidades y el saqueo sistemático que convirtió a Puerto Rico en una economía dependiente y sin horizonte. Mientras tanto, las élites locales actúan como administradores obedientes del imperio.

Romper las cadenas colonizadoras

Las protestas en Puerto Rico son la expresión de la indignación. Son la continuación de una larga resistencia de un pueblo que no acepta su condición de colonia ni la presencia de tropas extranjeras en su territorio.

El despliegue militar de Trump en el Caribe desnuda la esencia del imperialismo estadounidense, un poder que recurre a la fuerza militar para imponer su bota sobre los pueblos de América Latina. Lo que presenciamos es una ofensiva para controlar territorios, recursos y rutas estratégicas.

Frente a esto, la respuesta debe ser combativa. La independencia de Puerto Rico no puede seguir siendo un horizonte lejano, sino una tarea inmediata. Es necesario levantar la bandera de la autodeterminación, desconocer la deuda ilegítima que le ata a Wall Street y expulsar de una vez por todas las bases militares yanquis que destruyen la isla. Esa lucha no es solo boricua, es parte de la batalla continental contra el imperialismo.