En las últimas horas, luego de una reunión entre Alberto Fernández, Máximo Kirchner y Heller, trascendió que en la semana próxima se presentaría (en condicional) finalmente el proyecto de ley para el tan mentado impuesto a la riqueza. Tras dos meses de cuarentena, el proyecto que el fernandismo agitó como bandera progresista sigue siendo nada más que palabras; pero, más allá de la dilación en enviar el proyecto al Congreso (que no tuvo otras razones que la negación a confrontar directamente con la oposición burguesa de Cambiemos) es llamativa la tibieza de la medida.

En primer lugar, hay que aclarar que no se trata realmente de un impuesto, ya que no será una recaudación permanente o sostenida en el tiempo sino por única vez. Y esto no lo decimos solamente los trotskistas, sino que así lo aclaró el propio oficialismo por boca del diputado Eduardo Fernandez: “no se trata de un impuesto, sino de un tributo por única vez». Además, una quita del 2 o 3% para alguien que amasa entre 200 y 3000 millones de dólares en bienes personales no es una gran pérdida (mención aparte para los que tienen fortunas de 50 o 100 millones de dólares, que aparentemente serían pequeños ahorristas y quedan eximidos del “tributo”).

Como bien aclaró el diputado Heller, impulsor parlamentario del proyecto, se contabilizará solamente a aquellas personas con fortunas declaradas, descartando cualquier tipo de investigación fiscal para los numerosos casos de burgueses que esconden su patrimonio para evadir impuestos. En total, afectaría a solamente 12000 millonarios y recaudaría un total de aproximadamente 250.000 millones de pesos. La suma parece grande, pero no lo es tanto teniendo en cuenta que se trata específicamente del dinero necesario para reponer la ampliación presupuestaria que realizó la Jefatura de Gabinete para tratar la crisis del coronavirus. Es decir, se repone el dinero gastado, pero ni un peso más para atender el desborde que está viviendo el sistema sanitario argentino ni para mejorar la insuficiente asistencia a los millones de trabajadores que no llegan a fin de mes.

Los 250 mil millones se quedan aún más chicos si tenemos en cuenta que gran parte de ese dinero le está siendo literalmente devuelto a la burguesía a través del subsidio ATP (Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción), destinado a pagar salarios de casi 3 millones de empleados privados, ahorrándoles dichos salarios a los empresarios empleadores. En abril, significó una suma de 70400 millones de pesos para 250.000 empresarios, lo cual sumado al mes de mayo daría un aproximado de 150.000 millones, más de la mitad de lo que se recaudaría con el “Tributo” a la riqueza. A diferencia de este último (y de todas las medidas de asistencia a los trabajadores), el subsidio ATP se aplicó con marcada celeridad: cuando se trata de llenar los bolsillos de los empresarios el gobierno de Fernández da muestras de precisión y eficiencia. Y encima tienen el tupé de de presentarlo como una medida progresiva, como una ayuda a los trabajadores, cuando muchos de los sueldos que se están pagando con el ATP no llegan ni siquiera a los 16000 pesos del sueldo mínimo. Nada de progresivo tiene una medida destinada a ahorrarle gastos a los empresarios sin modificar la realidad de los trabajadores que sufren todo el peso de la crisis.

En definitiva, la rosca del tributo a la riqueza y el ATP expone la política social – liberal del gobierno: da un discurso de asistencia social pero lleva adelante una administración capitalista de la crisis, cuidando los números fiscales para garantizar el pago de la deuda al FMI al tiempo que subsidia millonariamente a las patronales para salvar sus ganancias. Expresión de dicha política es también la búsqueda de consensos con los derechistas de Juntos por el Cambio. En momentos donde la crisis sanitaria y económica se cierne sobre el futuro a mediano plazo y se acentúa la tendencia a la polarización (como mostraron los intentos de la derecha de movilizar a los sectores más reaccionarios de la clase media cuando fuera el debate sobre los penales) el fernandismo – kirchnerismo prefiere adaptarse a las presiones de los empresarios a confrontarlos y tomar medidas que afecten realmente la ganancia empresarial en favor de los trabajadores.