Son las Universidades y los trabajadores de la salud, junto al reclamo por Discapacidad, quienes más le han estado plantando cara en la calle en el último período.

El día de hoy, 21 de octubre, se cumplió el último día del plazo de 10 días hábiles que tenía el Ejecutivo para reglamentar las leyes de Financiamiento Universitario y la “ley Garrahan”. Luego de fracasar en su intento de vetarlas, gracias a la masiva movilización popular que torció las cosas en el Congreso, el gobierno suspendió la aplicación con la excusa de pedir que el Congreso determine la fuente de financiamiento. Lo mismo había hecho con la ley de Emergencia en Discapacidad.

Esta maniobra es un intento autoritario de pasar por encima del Poder Legislativo. La derrota de los vetos, lejos de ser producto de la buena voluntad de los legisladores, fue resultado de la incansable lucha que puso en agenda reclamos que terminaron triunfando en el Congreso. No es nada casual que todo lo votado es lo previamente movilizado. Fue la calle la que puso la agenda política de derrota legislativa de Milei.

Es la Ley 24.629 la que usa como excusa Milei. Dice en el Boletín Oficial que “…sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 24.629″, la cual establece: “Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional” …”, llegando a decir, en el caso de la suspensión de la Ley Garrahan “…»Además de carecer de una fuente de financiamiento, en las condiciones actuales, la ejecución de la Ley N° 27.796 solo podría llevarse adelante desfinanciando programas esenciales de salud…”

¿De dónde sacarían el dinero? Esta pregunta no se la hacía el gobierno cuando le quitaron de forma temporal las retenciones al agro, como marcamos en el marco de la suspensión de la Ley de Discapacidad: “…Con los impuestos que se le rebajaron a los patrones del campo se podrían aplicar las leyes de Financiamiento universitario (según la Oficina del Presupuesto del Congreso, OPC, de un 0,23% del PBI) y la «Ley Garrahan» (0,02%). Respecto a Discapacidad, con esas retenciones podría costearse casi la totalidad de la ley. La OPC calculó que el costo de aplicación de la Emergencia en Discapacidad sería del 0,26%. El costo de bajarle las retenciones al agro es de alrededor del 0,25% del PBI. Para los ricos siempre hay plata, «no hay plata» para los pobres…”.

Tampoco se preguntó Milei sobre el origen de los fondos cuando, producto de la caída de Espert, quisieron reimprimir las boletas de la Provincia de Buenos Aires para sacarse la mancha de tener a un narco candidato encabezando sus listas. Los $15.000.000.000 estaban para reimprimir 14 millones de boletas en PBA. Tanto les sobraba que se necesitaron 2 fallos de la justicia para desistir.

Por el lado del peronismo y las otras fuerzas del Congreso solo hay silencio, como sucedió con la Ley de Discapacidad. Obviamente, comienzan a sonar amenazas de judicializar la suspensión, pedidos de juicio político a Francos, etc. El Poder Legislativo como tal, con todas las fuerzas implicadas, está muy ocupado garantizándole la gobernabilidad a Milei como para dejar de ser unos pusilánimes y enfrentarse a esta avanzada autoritaria.

El Hospital Garrahan está de paro. Por otro lado, se convocó a las 16hs a una concentración en Plaza de Mayo de los sectores de Discapacidad, Salud y Educación. Además de eso, Fedun (la federación de docente universitarios) y Fatun (la federación de los nodocentes) llamaron a un paro por 24 horas. Lo que faltaría es que las gremiales tanto docentes como de la salud convoquen a un plan de lucha para frenar esta avanzada autoritaria del gobierno.