En medio de arduas negociaciones, esta madrugada el oficialismo consiguió dictamen para el tratamiento de la Ley ómnibus gracias a las firmas de la mayoría de los diputados de la «oposición» de derecha.

El bloque completo del Pro y la mayoría de la UCR y Hacemos Coalición Federal colaboraron con sus firmas para poder otorgar dictamen al proyecto del oficialismo, que de otra manera hubiera sido imposible sólo con el voto de los legisladores libertarios.

El gobierno logró dictamen con un total de 55 firmas, aunque 34 de ellas fueron «en disidencia parcial». A pesar de que un grupo de diputados mantiene reservas sobre algunos artículos, con la esperanza de poder modificarlos en el tratamiento en particular en el recinto, en los hechos su firma da luz verde para el tratamiento de un proyecto que otorga facultades extraordinarias al presidente, prohíbe virtualmente el derecho a la protesta, cercena derechos sociales y políticos, y promueve un durísimo ajuste contra los jubilados, entre otras aberraciones.

Uno de los puntos más escandalosos del proyecto en relación al ajuste económico es el brutal recorte que se pretende hacer con los jubilados, que ha sido incluso motivo de reservas hasta para la «oposición» de derecha. Es que el proyecto prevé mantener la actual fórmula de actualización hasta el mes de marzo y, a partir de abril comenzar a actualizar mensualmente por IPC. Es decir que los meses de más alta inflación post devaluación (diciembre, enero y febrero) quedarían fuera de la actualización mensual lo que implica una derrumbe real brutal de los haberes jubilatorios que podría llegar al 50%.

La cuestión previsional es uno de los puntos por lo que algunos de los diputados firmaron «en disidencia». El otro punto, paradójicamente, tiene que ver con la suba de retenciones a los principales productos de la agroexportación: los gobernadores «dialoguistas» de provincias sojeras como Santa Fe y Córdoba (de JxC y del «peronismo federal» respectivamente), mientras que los libertarios defienden la suba (cuya «contracara» son retenciones cero para otros productos regionales), más allá de que Milei afirmó varias veces que «se cortaría un brazo antes de subir un impuesto».

Estas «reservas» con la que la oposición de derecha pretende apenas disimular su colaboracionismo con el plan de guerra total contra la clase trabajadora impulsado por Milei, no sirven ni como excusa a la luz de el carácter general del proyecto, extremadamente reaccionario y antidemocrático.

Luego de años de embanderarse en el «republicanismo», la derecha tradicional se prepara para votarle a favor las facultades delegadas al presidente, en un virtual intento de «fujimorización» de Milei que implica un peligro descomunal para los derechos democráticos y las garantías constitucionales en el país. Todos los sectores de la derecha y, sobre todo los representantes del gran capital, alineados por entero con Milei, se preparan para ser cómplices de este ataque sin precedentes en la historia reciente del país. Mientras, cientos de miles de trabajadores se movilizan en el Congreso en el marco del paro general.