Si el gobernador va a hacer una nueva propuesta y, al mismo tiempo, va a aplicar la conciliación obligatoria, es porque esa propuesta seguirá siendo una burla que será rechazada una vez más. Solo desde el sentido común, la docencia sabe esto.
La aplicación de la conciliación obligatoria no es ni más ni menos que una herramienta para enfriar la lucha por parte del gobierno y los sectores patronales. ¿Por qué no la usaron para detener el vaciamiento de los SRT? ¿Por qué no la aplicaron para reincorporar a los compañeros que sufrieron despidos antisindicales de parte de las patronales de la educación privada, como Mateo Romero e Ignacio Meneses? ¿Por qué incumplieron el acuerdo de actualización salarial en función de la inflación realizado en el marco de una conciliación en 2023? Está más que claro: pretenden enfriar un reclamo decidido por el 75% de las y los docentes.
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Pero este ataque al conflicto docente es más profundo; es un ataque a las nuevas conducciones que ganaron legítimamente las delegaciones de Río Cuarto, General Roca y Capital de la UEPC. Le avisamos al gobernador que estas Delegaciones y numerosas Delegadas y Delegados departamentales de la oposición no “tomaron” esas representaciones por casualidad. Fue mediante el voto directo de los afiliados en las últimas elecciones del sindicato que llegaron a esos lugares de representación.
Llaryora debería preguntarse por qué la conducción Celeste las perdió. La inmensa mayoría de la docencia sabe que fue cómplice del gobierno en la derogación del 82% móvil, en la reforma del estatuto docente que precariza la docencia, en permitir que las escuelas se cayeran a pedazos y en la pérdida del 20% del salario en los últimos meses. Fue un auxilio permanente al gobierno en la aplicación de políticas que destruyen la educación pública y las condiciones dignas de enseñar y aprender.
Lo de Llaryora no es casual; es parte de un ataque más general que vienen llevando adelante los gobernadores, las empresas y el gobierno nacional de Milei contra la educación pública y contra quienes salimos a reclamar por un salario digno y nuestros derechos. Es un ataque a las libertades democráticas, a la libre elección sindical, a las asambleas escolares y a las asambleas de delegados. Sus dichos son una maniobra para intentar dividir la profunda unión que hay en toda la docencia de la provincia y para que pase el ataque a la educación pública. Y por si fuera poco, ojo con opinar sobre la reforma educativa en ciernes.
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No solo reclamamos un aumento salarial, sino también mejoras en el APROSS, jubilaciones dignas, reducción de la recarga laboral, titularizaciones que lleguen, fin a las horas ad honorem, entre otros aspectos.
No solo hay paro el 22 y 23 de julio en Córdoba, sino también en ATEN Neuquén. Vamos a un conflicto duro aquí y allá. La CTERA debe dejar de mirar para otro lado y no dejarnos aislados una vez más. Deben declarar un plan de lucha nacional para acompañar a las provincias en conflicto y reclamar por un salario que sea digno en todo el país.
Más que nunca, debemos mantener y fortalecer el paro de 48 horas y la movilización. Además, exigimos a la Junta Central que no avale la aplicación de la conciliación obligatoria.
