A más de seis décadas del triunfo revolucionario de 1959, Cuba se enfrenta a una crisis económica y social profunda, que ha puesto al desnudo las limitaciones de la planificación económica burocrática primero, y los pasos de restauración capitalista ahora. La inflación, el colapso de los servicios públicos, la desigualdad creciente provocada por la dolarización selectiva y la exclusión digital impuesta por el tarifazo de ETECSA han provocado una oleada de malestar popular que ya no puede ser contenida.

La nueva generación, protagonista de las protestas del 11 de julio de 2021, vuelve a alzar su voz, esta vez desde las universidades, señalando con claridad que el problema no es solo económico, sino también político.

Tarifazo digital y rebelión estudiantil

Las protestas que se están desarrollando ahora mismo en Cuba, desencadenadas por el aumento en las tarifas de internet, ha reabierto un conflicto social que muestra las contradicciones latentes del país. La decisión del gobierno de Miguel Díaz-Canel de implementar un tarifazo digital, ejecutado por la empresa estatal ETECSA, ha provocado una inédita respuesta del movimiento estudiantil, que denuncia los efectos asfixiantes de esta medida en un país atravesado por el empobrecimiento y el hartazgo con una situación económica en decadencia.

Desde el 30 de mayo, se impuso una nueva estructura de precios que dolariza parcialmente el servicio de internet y lo vuelve inasequible para la mayoría de la población. El paquete básico de 6 GB cuesta 360 pesos cubanos, pero cualquier recarga adicional puede superar con creces el salario mínimo mensual, llegando hasta los 11.760 CUP por 15 GB, casi el doble del ingreso promedio estatal. Esta medida ha sido justificada por Díaz-Canel como una forma de evitar el “colapso tecnológico” del sistema, argumentando la necesidad de ingresos en divisas para mantener la infraestructura deteriorada de ETECSA.

La reacción más significativa provino de las universidades, particularmente de la Universidad de La Habana, donde estudiantes de varias facultades comenzaron un paro sin precedentes en los 66 años del régimen, exigiendo la revisión de las tarifas y una apertura al diálogo real con el estudiantado. Las facultades de Psicología, Filosofía, Historia, Sociología y Matemática lideran el rechazo, denunciando la exclusión digital y la imposibilidad de acceder a educación, trabajo y comunicación sin conexión accesible.

El contenido crítico de estas protestas va más allá de lo económico, se plantea que la situación no es solo un problema comercial, sino un problema social y político, evidenciando que las tarifas responden a una lógica excluyente y mercantilizada incompatible con los ideales revolucionarios. «Nuestra voz no es financiada, es crítica y legítima. Representamos el sentir del pueblo«, afirmaron los estudiantes de la Facultad de Biología en un comunicado difundido por redes sociales.

La respuesta del gobierno ha sido contundente, mientras Díaz-Canel afirma que “la revolución no rehuirá el diálogo con el pueblo” y reconoce la “compleja situación” de los servicios tecnológicos, al mismo tiempo se niega a revertir las medidas, argumentando su carácter supuestamente inevitable debido al embargo estadounidense y la falta de ingresos por divisas.

Estas protestas tienen un potencial más amplio, ya que tradicionalmente los sectores estudiantiles son un amplificador de las demandas populares. Así, este conflicto ha puesto en escena a una nueva generación que, lejos de repetir las consignas burocráticas, plantea opciones democráticas, inclusivas y participativas.

Uno de los primeros comunicados, tras el estallido de esta protestas, señala que la burocracia no tuvo “en cuenta que el estudiantado universitario hoy levantado es el que cumplió su mayoría de edad el año en que estallaron las protestas del 11 de Julio. Ese estudiantado ha visto cómo año tras año Cuba se estremece con protestas, han visto que en solo tres años han emigrado dos millones de cubanos; son la generación que ha crecido bajo un presidente extremadamente impopular, sin mayor legitimidad política que haber sido designado a dedo por Raúl Castro. Esa generación se hartó”.

Las protestas pueden representar el inicio de una nueva etapa de movilización social en la isla, protagonizada por sectores populares que exigen derechos básicos en un contexto de profunda precariedad. Frente a una casta dirigente desconectada de las amplias masas populares y una economía cada vez más dolarizada para los privilegiados, los estudiantes y la juventud marcan el camino hacia una alternativa desde abajo y contra la burocracia.

La realidad económica y social cubana

La situación económica de Cuba atraviesa un punto crítico de descomposición estructural. El país se encuentra atrapado en ciclos de crisis permanente, en los que el colapso de los servicios básicos y la escasez son síntomas visibles de un modelo económico agotado. A esto se suma la creciente desigualdad provocada por la dolarización parcial de la economía, que ha consagrado un sistema excluyente.

El deterioro de las condiciones de vida es alarmante. El salario promedio estatal apenas alcanza los 6.506 pesos cubanos, casi la mitad que el costo de un paquete de internet de 15 GB, lo que lo convierte en un bien inaccesible para la mayoría de la población. Este es solo un ejemplo de la nueva situación económica, en la que los servicios básicos se transforman en mercancías prácticamente inalcanzables y la sobrevivencia depende cada vez más del envío de remesas o del acceso a divisas extranjeras.

La crisis energética, marcada por cortes de luz de hasta 21 horas diarias, agrava esta situación de miseria cotidiana. Las termoeléctricas están en ruinas, y el gobierno admite que no tiene recursos para importar diésel o reparar las plantas. El déficit energético se aproxima regularmente al 50% del consumo nacional, afectando la vida diaria. Se estima que se necesitan entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para componer el sistema eléctrico, una suma totalmente fuera del alcance del Estado cubano.

A este escenario se le suman políticas como el aumento del rigor fiscal y la represión tributaria, que penaliza aún más a los sectores más empobrecidos. Por ejemplo, más de 9.200 personas han sido “reguladas” y se les impide salir del país por deudas fiscales, una práctica que mezcla el castigo económico con el control político.

La economía, lejos de recuperarse, se ha contraído durante tres años consecutivos desde 2022, convirtiendo a Cuba —junto con Haití— en uno de los únicos países de América Latina con semejante retroceso prolongado, según datos de la CEPAL. En 2023, el PIB cayó un 1,9% y las proyecciones oficiales para 2025 apenas apuntan a un raquítico 1% de crecimiento, insuficiente para revertir el colapso.

Este deterioro no es únicamente el resultado del bloqueo imperialista, aunque este juega un papel indudable. La planificación burocrática combinada con los primeros pasos de restauración capitalista, la dependencia del sector turístico, la corrupción y la ineficiencia estatal son responsables fundamentales de la debacle actual.  La economía del país no avanza, retrocede; y las medidas adoptadas por el gobierno no suponen una posible solución. Por el contrario, significan la aceptación de la crisis y la implementación de paliativos a costa de los sectores más golpeados.

Esta combinación de factores ha creado una olla de presión social que ya no puede contenerse únicamente con discursos o apelaciones al sacrificio revolucionario. La vida cotidiana de millones de personas está marcada por la imposibilidad de sostener su alimentación, salud, educación y vínculos familiares, lo que explica la profundización del descontento popular.

En este contexto, la dolarización, defendida como “medida de urgencia” por el gobierno, aparece como una estrategia de ajuste brutal contra las mayorías, que transfiere los costos de la crisis a la clase trabajadora y a los sectores más pobres, mientras se salvan los intereses de la élite burocrático-militar con acceso a divisas. La base social que alguna vez sustentó al régimen ahora ha sido abandonada a su suerte, lo que refuerza la necesidad urgente de una alternativa revolucionaria.

Ajuste económico y legitimación de la crisis

El gobierno cubano lanzó un plan de “corrección de distorsiones”, presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz como una supuesta vía para reimpulsar la economía. Sin embargo, más que una solución a los problemas, este plan ha demostrado ser un paquete de ajustes antipopulares, legitimado bajo la retórica de la “guerra económica” y la “resistencia creativa”. Esta política económica, en los hechos, ha sido un intento de profundizar las medidas de restauración mercantiles-capitalistas bajo control de la burocracia del PC. No han llegado al punto de la restauración capitalista como en China, pero ese es uno de sus modelos a seguir.

El conjunto de medidas impulsadas desde diciembre de 2024 incluye: incremento y dolarización de tarifas (como el caso de ETECSA), aranceles selectivos, reformas tributarias regresivas, ajustes cambiarios y un mayor control sobre los actores económicos no estatales.

Por un lado, se establecieron “esquemas de dolarización parcial” en sectores como el turismo, el comercio exterior, las ventas mayoristas y minoristas, y en empresas estatales que captan divisas. Esto profundiza la desigualdad al dividir la economía en dos circuitos, uno dolarizado (al que solo accede quien recibe remesas), y otro en pesos cubanos altamente devaluados, en el que se concentra la mayoría de la población trabajadora.

Al mismo tiempo, la tasa de cambio fija oficial (1 USD = 120 CUP) se eliminó para las personas físicas y no estatales, y se anunció un régimen de tipo de cambio “variable”, supuestamente basado en oferta y demanda. En la práctica, no se ha creado un mercado cambiario, sino un mecanismo para captar divisas del mercado informal.

Además, se pretende aumentar las tarifas de servicios básicos como internet, electricidad (ya en estudio), transporte y agua, comenzando por el tarifazo de ETECSA. Estas tarifas superan el salario mínimo de la mayoría de los cubanos, lo que obliga a elegir entre cual priorizar.

Otra de las medidas consiste en una reforma fiscal punitiva con la intensificación de la fiscalización y la imposición de nuevas cargas, incluso teniendo que pagarse en moneda dura. Además, se implementó un sistema de incentivos para inspectores que premia con pago por cantidad de multas aplicadas.

El gobierno anunció su intención de eliminar subsidios generales y “subsidiar solo a personas vulnerables”, sin definir criterios claros. Algunos productos dejaron de estar subsidiados, como parte de la canasta básica, lo cual debilita aún más el poder adquisitivo, empujando a más sectores a la pobreza extrema.

Se establecieron precios máximos para seis productos de alta demanda (pollo, aceite, leche en polvo, salchichas, pastas, detergente) y se centralizó aún más su control en el Estado. Esto no ataca las causas del desabastecimiento, como el colapso de la producción nacional, sino que incentivan el mercado negro y la corrupción en la distribución.

Todas las medidas anteriores están orientadas a obtener ingresos en divisas extranjeras (dólares o euros), especialmente mediante el turismo y remesas, es decir, se trata de una estrategia de ajuste hacia adentro, sin redistribuir ni invertir en mejorar la vida cotidiana.

Según declaraciones del propio Marrero ante el Comité Central del Partido, estas medidas son consideradas por el gobierno como “la alternativa más viable para enfrentar los retos de la recuperación”, a pesar de que el propio Ejecutivo reconoce que no han alcanzado los resultados esperados y que existen “muchas reservas y capacidades por desarrollar”.

Los restos de planificación económica burocrática del PC cubano sigues anclados en una lógica verticalista y autoritaria. Las decisiones se toman sin participación real de las mayorías. Mientras se habla de “proteger a los más vulnerables”, se eliminan subsidios a productos básicos, se imponen topes de precios arbitrarios y se intensifica la fiscalización punitiva, criminalizando la subsistencia popular. Es una lógica de mercado impuesta desde la planificación estatal.

Lo que el gobierno presenta como una política de correcciones es, en realidad, un ajuste estructural no declarado, que recae principalmente sobre los sectores populares. El tarifazo de internet y demás medidas son parte de una política de austeridad social encubierta, a la manera de los clásicos ajuste «neoliberales». A pesar del discurso oficial sobre “no aplicar medidas sin condiciones creadas”, las acciones muestran lo contrario. Los tarifazos se han impuesto sin mecanismos efectivos de protección social real, más allá de algunas menciones vagas a ayudas para “grupos vulnerables” que no son universales ni suficientes.

Este programa no apunta a fortalecer la producción ni a democratizar el sistema económico, sino a extraer renta de la población asalariada. El problema de fondo es que este plan no democratiza la economía, por el contrario, acentúa la concentración en los mismos círculos de poder, sin control popular; y a la vez impone la restauración de lógicas capitalistas y de mercado.

El resultado es evidente: más pobreza, más desigualdad, más frustración popular. Incluso dentro de sectores que históricamente han sostenido al régimen, como los trabajadores del Estado y los estudiantes universitarios, crece el escepticismo hacia estas “correcciones” que, lejos de rectificar el rumbo, profundizan el abismo entre el discurso falsamente revolucionario y la práctica de un poder que no representa los intereses populares.

En este contexto, las “correcciones” del gobierno son más bien una confesión de fracaso. No existe voluntad de transformación profunda ni de abrir canales de participación democrática. Lo que hay es un proceso de ajuste económico impulsado desde la cúpula, con el pueblo como sacrificio.

El problema no es únicamente de ejecución, sino de modelo político y social. Mientras se mantenga un sistema autoritario y regido por intereses burocráticos, no habrá salida para la crisis. La verdadera corrección no puede ser impuesta desde arriba, sino construida desde la lucha popular, con protagonismo de los sectores trabajadores, estudiantiles y oprimidos. La alternativa debe ser revolucionaria y antiburocrática, no una nueva forma de administración del empobrecimiento.

Bloqueo y responsabilidades del régimen

El bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone sobre Cuba constituye una agresión imperialista brutal y sistemática contra la soberanía del pueblo cubano. Su impacto es profundo y evidente, impide importaciones esenciales, obstaculiza transacciones internacionales, encarece los insumos básicos, reduce las fuentes de divisas y busca, en última instancia, provocar el colapso para imponer una restauración capitalista bajo hegemonía estadounidense.

Desde una perspectiva antiimperialista, es imprescindible condenar categóricamente el bloqueo, denunciar su carácter colonialista y reaccionario, y exigir su levantamiento inmediato. Sin embargo, esta posición no puede ni debe implicar la absolución política del régimen cubano ni la negación de sus propias responsabilidades en la crisis que atraviesa el país. Lo contrario sería una renuncia a toda honestidad crítica y un abandono de los principios del socialismo revolucionario.

El gobierno cubano justifica todas las dificultades sociales y económicas en el bloqueo estadounidense. Si bien es cierto que las sanciones y la asfixia financiera tienen consecuencias materiales directas, también es cierto que la política económica del régimen ha profundizado las desigualdades, la corrupción y el colapso de la infraestructura del país.

Las cifras son reveladoras, la economía se ha contraído durante tres años consecutivos, la inflación aumenta considerablemente, el salario real ha perdido gran parte de su poder adquisitivo, la infraestructura está en ruinas, y la cada vez mayor dolarización ha generado una doble economía. Nada de esto puede atribuirse únicamente al bloqueo. Hay un modelo económico y político que funciona sin control popular ni planificación democrática.

El tarifazo de ETECSA es el colofón de una serie de medidas de ajuste impopulares, que recaen exclusivamente sobre los sectores populares, especialmente jóvenes y trabajadores. Este tipo de políticas no son impuestas desde Washington, sino implementadas por el gobierno cubano para garantizar la supervivencia del aparato estatal, a costa del sacrificio popular.

Al mismo tiempo, los reclamos y protestas legítimas, como el paro estudiantil, no son tolerados ni escuchados. Como expresaron los estudiantes de la Facultad de Comunicación y Letras de Holguín: “Rechazamos categóricamente cualquier intento de deslegitimar nuestro pensamiento crítico y demandas bajo falsas acusaciones de manipulación externa. Nuestro análisis sale del compromiso irrenunciable con Cuba y su pueblo, no de intereses ajenos”.

Una de las contradicciones más escandalosas del actual modelo es el papel de conglomerados como GAESA, controlado por las Fuerzas Armadas, que maneja una porción significativa de la economía, incluyendo el turismo, las finanzas y el comercio en divisas, sin rendición de cuentas. Mientras tanto, la mayoría de la población sobrevive con ingresos en pesos cubanos, sin acceso a bienes básicos, expuesta a apagones, escasez, represión y tarifazos. Esta desigualdad no puede explicarse por el embargo, sino por una estructura interna desigual y autoritaria, legitimada en nombre de un socialismo que no es tal.

No se puede caer en la lógica de “o estás con el régimen o estás con el imperio”. Al contrario, es preciso afirmar que ni uno ni otro son opciones superadoras, la opción revolucionaria es estar con la clase trabajadora, contra el imperialismo y contra la burocracia, por una Cuba verdaderamente socialista. Esto implica denunciar el bloqueo, sí, pero también criticar el modelo de planificación burocrática, la represión y la concentración del poder.

Del 11J al paro estudiantil

La protesta estudiantil desatada en estas semanas no surge en un vacío, sino que es parte de un proceso acumulativo de descontento social que tiene un antecedente directo en las históricas movilizaciones del 11 de julio de 2021 (11J). Aquella jornada marcó un antes y un después en la historia de la Cuba postrevolucionaria, al revelar que una nueva generación, harta del autoritarismo, la miseria y la exclusión, está dispuesta a cuestionar el poder desde dentro de la isla.

Cuatro años después, el paro inédito de los estudiantes universitarios, retoma ese legado de resistencia. Lo que comenzó como una crítica al aumento de las tarifas de internet, se transformó rápidamente en un cuestionamiento más amplio al modelo económico, social y político del castrismo.

Al igual que en el 11J, la juventud conectada es un elemento central. Mientras en 2021, miles de jóvenes se convocaron a través de redes sociales para reclamar libertades, comida, electricidad y vacunas. Ahora, es ese mismo derecho a la conectividad el que se ve cercenado. La tecnología, lejos de ser solo un canal, se ha convertido en un campo de batalla político. Las redes sociales rompieron el cerco informativo del aparato propagandístico del régimen. Videos de asambleas estudiantiles, cartas públicas, pronunciamientos colectivos y denuncias han circulado libremente, evidenciando que la lucha por el acceso a internet es también una lucha por la libertad de expresión, de organización y de participación popular.

A diferencia del 11J, que tuvo un carácter espontáneo y disperso, el paro universitario es más estructurado, con articulación entre facultades, declaraciones públicas, exigencias concretas y cuestionamientos directos a las organizaciones estudiantiles oficialistas como la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), a quienes se acusa de ser correa de transmisión del Partido Comunista y no auténticos representantes del estudiantado.

La demanda de espacios reales de intercambio democrático y de diálogo directo (sin intermediarios no electos democráticamente) con las autoridades expresa una ruptura generacional con la cultura política autoritaria del castrismo. En lugar de aceptar el verticalismo, los jóvenes demandan participación y escucha activa.

Hace cuatro años la respuesta del gobierno fue la represión abierta y violenta, detenciones arbitrarias, encarcelamientos masivos, juicios sumarios, censura total. Ahora, el régimen ha intentado en cambio una táctica más comedida (por el momento), combinando la negación del conflicto (“no hay huelga”), con el llamado a la unidad y el discurso conciliador, mientras se mantiene la amenaza latente de represalias. No obstante, el patrón de deslegitimación se repite: se acusa a los estudiantes críticos de estar manipulados desde el exterior, de formar parte de campañas del “imperio”, o de querer “dividir al pueblo”. Esta narrativa busca vaciar de contenido político las demandas, reduciéndolas a un “problema de comunicación” o una “crisis coyuntural”.

Lo que une al 11J y al paro estudiantil no es solo el hartazgo, sino la emergencia de un sujeto nuevo, joven, crítico y participativo, que rompe con el consenso pasivo que el régimen cultivó durante décadas (el del “Comandante en jefe, ordene”). Y lo hace desde adentro, desde la universidad, desde el barrio, desde el salario precario, desde la conectividad limitada, desde el hambre y la exclusión. Ambas experiencias parecen sugerir que el mito del consenso revolucionario está terminando. La juventud cubana no quiere repetir slogans ni defender estructuras obsoletas. Quiere decidir, participar, crear, comunicar y transformar.

El 11J abrió una grieta en el bloque de poder, el paro actual lo profundiza. En lugar de atemorizar a la juventud, la respuesta represiva del Estado ha generado una mayor conciencia política, más organización, más articulación entre sectores e incluso redes de solidaridad internacional. El paralelismo entre ambas protestas muestra que el problema no son las medidas puntuales, sino el modelo político-económico que le niega el protagonismo a los sectores que dice representar.

Reconstruir Cuba desde abajo

La situación de Cuba exige más que una crítica; demanda una propuesta política revolucionaria. La restauración capitalista impulsada por el imperialismo implicaría el hundimiento la recolonización, prácticamente una recolonización. La planificación burocrática ya ha fracasado y las medidas hacia la restauración capitalista solo han empeorado las cosas para las amplias mayorías. La única alternativa para el pueblo cubano es una salida revolucionaria y antiburocrática.

El discurso oficial insiste en presentar una dicotomía tramposa, o se apoya al Partido y sus medidas «difíciles», o se cae en el caos del “modelo neoliberal” al estilo Miami. Esta lógica lo que busca es chantajear políticamente con el miedo al “enemigo externo”. Pero la realidad demuestra que el autoritarismo burocrático y el capitalismo imperialista son ambas alternativas que tienden a perpetuar o profundizar la crisis. El verdadero socialismo no puede construirse desde la exclusión y la represión.

Actualmente, se procesa la emergencia de sectores críticos, conscientes, politizados y dispuestos a luchar, encabezados por la juventud. Sectores que no encuentran una salida dentro del sistema y comienzan a imaginar alternativas fuera de él. Esas alternativas no vendrán de los despachos del Partido, ni de las negociaciones con el capital extranjero. Vendrán de la organización de los estudiantes, los trabajadores, los barrios, las mujeres, los artistas, los campesinos y los sectores populares. Vendrán de la recuperación del control de la vida colectiva por parte de quienes hoy son descartados.

La salida no es volver a los años 60 ni entregarse al capital extranjero, tampoco los intentos de restauración al estilo China o Vietnam. La salida es crear algo nuevo, que supere los límites históricos del castrismo burocrático y del capitalismo decadente. No hay que caer en “la vieja teoría de etapas que ha propagado la idea de que primero hay que eliminar a la dictadura castrista y después veremos. Esta visión del futuro ignora que la fuerza política que sería posible desarrollar hoy desempeñaría un rol importante en determinar cómo se desarrollaría un futuro que queremos sea democrático y con base en la igualdad”. Una Cuba donde la revolución deje de ser una consigna abstracta y se convierta en un proceso colectivo de transformación profunda, hecho por y para la clase trabajadora.