Los trabajadores del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) denuncian que el decreto de desjerarquización es un intento de desguace y destrucción de todas las funciones del instituto. Denuncian despidos masivos en ciernes.

El gobierno de Milei intenta apurar su desmantelamiento a través de un DNU porque es parte de los poderes extraordinarios que se le otorgaron al Ejecutivo a través de la Ley Bases, que vencen este martes. El decreto es impulsado por Federico Sturzenegger como parte de su cruzada de «desregulación». Establece la eliminación de su autonomía financiera y administrativa para convertirlo en una oficina dependiente de la Secretaría de Industria a cargo del Ministerio de Economía encabezado por Caputo. Luego de esa transformación, podrían dar paso luego a los despidos masivos.

El INTI es una institución clave para toda la industria argentina. Su eliminación implica la destrucción de proyectos productivos locales y su integración con la industria. haciendo aún más dependiente a Argentina de los desarrollos internacionales. Es un intento más de eliminación de toda forma de autonomía económica, aunque sea menos que residual.

Además, Sturzenegger viene desde que tomó su puesto desmantelando toda forma de regulación y protección de consumidores y trabajadores. «¡Chau INTI obligatorio!» festejó el pasado 26 de junio en redes sociales. Lo que estaba festejando es que eliminó las facultades del INTI de controlar las pilas. Así, el Estado argentino le abre las puertas a las estafas, porque ya nadie regula la duración mínima de las pilas, y a la propagación de materiales contaminantes en la vida cotidiana.

Estos son solamente algunos de los ejemplos de las consecuencias nefastas de la destrucción del rol del INTI para la producción y comercialización de productos industriales en Argentina. Los trabajadores denuncian que podrían estar en riesgo unos 700 puestos de trabajo.

Así, hoy convocaron a una asamblea multisectorial con organizaciones solidarias para definir medidas de lucha para antes de que se venzan las facultades delegadas votadas por el Congreso hace exactamente un año. Así lograrían evitar el desastre que el gobierno quiere imponer.

En la asamblea hablaron, entre otros, Laura Céspedes, trabajadora del Hospital Posadas y militante de la Corriente Sindical 18 de Diciembre, y Lucía Cámara, Secretaria de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de Humanidades de la UNSAM.

El gobierno respondió con represión a las protestas. Hay dos detenidas y los trabajadores vienen exigiendo su liberación.