Mirá acá el pacto completo de traición
Si bien los dirigentes de la CGT ya no sorprenden a nadie por su historial de traiciones, esta medida roza lo insólito: mientras los precios de los alimentos y de la canasta básica se disparan y las patronales aprovechan para imponer despidos y recortes salariales, los representantes sindicales no sólo no hacen nada para proteger los derechos de los trabajadores sino que pactan los ataques junto a los empresarios.
La excusa de esta ocasión sería que en las ramas de la industria que han quedado paralizadas por la cuarentena no habría forma de mantener el pago integral de los salarios. Se trata de un argumento de lógica puramente capitalista, Las empresas llevan años de acumulación de fortunas a costa de las espaldas de los trabajadores y cuando no pueden seguir acumulando fortunas las consecuencias las tienen que pagar los que producen.
Sin embargo, el carácter falaz de este acuerdo salta a la vista desde el principio. En primer lugar, por el hecho de que la dirigencia cegetista ni siquiera están haciendo cumplir estos porcentajes en sus sindicatos, donde sector por sector los distintos burócratas han ido acordando suspensiones con recortes mucho mayores (tanto en los sectores más precarizados como en la industria concentrada) que van desde el acordado 25% (Smata), 30% en Petroleros, la UOM y Comercio, hasta el 42% (Aeronáuticos en Fly-Bondi), o números escandalosos como en el caso de los trabajadores de comidas rápidas, donde algunos salarios cayeron a $3500 pesos, y en la vidriera Cattorini donde están pagando $1000 (no falta ningún cero) la quincena, sumas que no alcanzan para sobrevivir ni una semana.
A esto hay que sumarle que, si bien el lema de la CGT para aceptar suspensiones es “cuidar los puestos de trabajo” (a costa del salario, por supuesto), ya se vienen perdiendo en los hechos, con casos testigo como los 1450 despidos ilegales de Techint o los 240 despidos en el frigorífico Penta, además de los miles de trabajadores en negro que se quedaron automáticamente sin trabajo con el comienzo de la cuarentena.
Lo que se está viendo en los hechos es una acción mancomunada entre las patronales y las cúpulas sindicales para arrasar puestos de trabajo, salario y condiciones de trabajo manteniendo a las bases inmóviles, aprovechando el factor desmovilizador de la pandemia y la excusa de la paralización productiva. A esta ecuación hay que sumar la complicidad del gobierno nacional, que en las palabras y en el papel condena los despidos (en los discursos de Fernández contra los despidos y así como en el decreto 297/2020 que dicta el pago íntegro a los trabajadores suspendidos) pero que en los hechos viene dejando pasar miles de despidos y recortes (en el decreto 329/2020, que restringió los despidos por 60 días, se estableció la posibilidad de pautar suspensiones a la baja entre sindicatos y patronales), al tiempo que le regala millones de pesos en subsidios a las grandes empresas. Al día de hoy, ya hay en el Ministerio de Trabajo 500 denuncias de empresas que incumplen el pago total de haberes o despiden ilegalmente.
El gobierno de Alberto Fernández, que se postula como defensor de la salud pública, opera en realidad como garante de las ganancias capitalistas cuando permite el recorte de salarios en momentos en que hacen falta medidas para que los trabajadores puedan hacer frente a la cuarentena. Al mismo tiempo, la excusa de la paralización de industrias que podrían ser reconvertidas para abastecer el sistema de salud pero permanecen cerradas por cálculos de rentabilidad, expone la incapacidad congénita de los gobiernos capitalistas para darle una salida a la crisis del coronavirus y la necesidad de la intervención independiente de los trabajadores.
