Un informe filtrado de la SIDE puso en evidencia públicamente lo que ya se sabía: el gobierno de Milei usa los servicios de inteligencia para el control y la persecución de opositores.

De larga trayectoria, pero no muy cristalina, durante las dictaduras militares, pero también en gobiernos elegidos democráticamente, vuelve al primer plano bajo el gobierno de Milei.

Así funcionan los servicios y buchones de Milei de la SIDE. El nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) habilita el espionaje interno contra todos aquellos que «erosionen» la confianza de la población sobre los funcionarios del gobierno nacional. El documento, presentado de forma secreta en enero de este año, fue parcialmente filtrado el último domingo por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación.

La SIDE fue «disuelta» durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien “le bajó la persiana” y creó la AFI. Pero los servicios nunca se fueron. Ahora cobran protagonismo nuevamente con la política de Estado mileísta de sacarle plata a salud y educación para dársela a ricos y servicios. Un DNU del 13 de marzo que amplió su presupuesto en $7.366 millones, de los cuales $1.625 millones van dirigidos a «gastos reservados», sin control alguno.

«Reservados» para espiar opositores

Un informe que se filtró muestra que monitorearon la actividad de Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Facundo Manes, la CGT, la CTA y el PJ, entre otros. Todos los bloques afectados recurren ahora a demandas judiciales pero poco hacen para que todo el mundo sepa esto.

“El senador Martín Lousteau confirmó a Página/12 que, en las próximas horas, convocará a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) que él preside. Desde Unión por la Patria (UxP) reclaman una pronta intervención del Congreso y trabajan en una denuncia judicial.” (Página 12, 4/8/25)

La “nueva” SIDE (Servicios de Inteligencia del Estado) está dirigida por el comisario general retirado Alejandro Cecati, quien durante el gobierno de Mauricio Macri estuvo a cargo de la seguridad del presidente y su entorno político más cercano. Del entorno más cercano… podemos decir.

“Intento de golpe de Estado”, “sedición”, son algunas de las denominaciones que le han puesto a las protestas contra la Ley Bases, por los jubilados, por la Salud… También a los escraches de bajísima intensidad a la casa Espert, muy conocido por sus amenazas de “cárcel o bala”. Ninguno queda afuera de la órbita de la “nueva” SIDE.

El 8 de julio, la SIDE elaboró un informe sobre las actividades de opositores, dirigentes sindicales y militantes de izquierda. Todas las actividades registradas eran perfectamente lícitas, por lo que no hay ni rastro de motivo de «seguridad» para el espionaje.

«Redactado por la Agencia de Seguridad Nacional, uno de los cuatro organismos que conforman la SIDE bajo el mando de Sergio Neiffert, el reporte también detalló diversas actividades públicas −todas lícitas− que se llevarían a cabo el miércoles 9 y días posteriores, como protestas gremiales, convocatorias callejeras y hasta actos culturales, además de actividades de colectivos de jubilados, personas con discapacidades, entre otros» sostuvo La Nación en un artículo. «Precisó cuáles serían los horarios, recorridas y lugares específicos de concentración de cada una, sin que el informe consignara si implicaban amenazas a la seguridad de los argentinos o del Estado nacional. Tampoco exponía una orden judicial que justificara esa vigilancia.»

Al servicio del orden… capitalista más extremo

Esa es la misión de los organismos de seguridad a través de la historia. Están al servicio de sus dueños, los que ponen la plata para que nadie los perturbe ni toque sus ganancias. A veces de maneras un poco más suaves, otras… se endurecen.

El PIN habilita a monitorear las actividades de «todos los sectores sociales vulnerables» que puedan eventualmente «radicalizarse». 

Aquí por «radicalizarse» podría entenderse cualquier expresión democrática de rechazo ante el plan de hambre de masas que se gesta en la Argentina mileísta. El gobierno ya usó el cuco de la «radicalización» más de una vez. Entre ellas, la masivamente legítima movilización por los jubilados del 12 de marzo, en la que Bullrich hirió de gravedad a Pablo Grillo y Milei acusó un intento de «golpe de Estado».

La habilitación al espionaje discrecional contra opositores y críticos del gobierno viene a completar la estructura del plan mileísta. Si instruye a espías y servicios para perseguir a «sectores vulnerables radicalizados» es porque Milei es consciente de que su «plan» de gobierno es uno que empuja a los trabajadores y sectores populares a salir a la calle. El Plan Milei pone sobre la mesa la posibilidad de estallidos sociales porque es radicalizadamente derechista, anti obrero y anti democrático.

En la actualidad, con el gobierno de Milei y Patricia Bullrich al frente de las fuerzas represivas, no podemos esperar ningún respeto a nuestros derechos de expresarnos libremente y protestar contra las injusticias y ataques constantes. Repudiamos firmemente todas las persecuciones e intromisiones en la actividad política o sindical de todas las organizaciones que funcionan en la democracia, sin distinción de bandera política.