Por Gala Chilavert
Hace ya 17 años que la empresa Correo Argentino SA se declaraba el preventivo de acreedores, es decir, en quiebra. El reclamo que le inició AFIP en septiembre del 2001 es por la deuda que dejó la administración que por entonces llevaba el Grupo Macri, con Franco a la cabeza, ligada a impuestos y aportes previsionales, que para ese momento rondaba los 14 millones de dólares. En 2017 la deuda fue perdonada por parte del presidente a su padre y el escándalo fue tal que tuvo que retroceder ante lo que parecía como mínimo un chiste de mal gusto.
Esto se trata de una verdadera deuda millonaria de Correo Argentino y la familia Macri al Estado, en momentos donde el ajuste arrecia y se exprime con alevosía a los jubilados y trabajadores con pretexto de achicar el déficit, para algunos los beneficios son harto evidentes. Pero veamos de qué se trata esta nueva maniobra donde los resortes del Estado se utilizan para beneficiar a los mismos parásitos que se enriquecen a sus expensas.
Maria Lilia Gomez Alonso y Matilde Ballerini son las jueces intervinientes que vienen con completa parcialidad dilatando los tiempos en beneficio de los Macri. En esta ocasión hicieron lugar al pedido de 10 meses de prórroga, por parte procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías (designado por el presidente a inicios de su mandato), para evaluar la propuesta que presentó la empresa el pasado 10 de julio. El argumento para semejante dilación por parte del funcionario fue disparatado cuanto menos, los cambios en los Ministerios, la “complejidad de la propuesta” y si, pasaron cosas y es difícil ser expeditivo después de casi dos décadas de esperar que los Macri paguen lo que deben.
En agosto del año 1997 bajo el menemismo se sancionó un decreto que otorgó la concesión del Correo al grupo Macri (Itron S.A., Sideco América S.A.) y el Banco Galicia. Tras la privatización en ese momento la admnistración de la empresa de servicios postales quedó en manos de Franco Macri.
La concesión fue rescindida en el año 2003, a partir de ello el Grupo Macri le reclama al Estado argentino una millonaria indemnización por las inversiones realizadas durante la concesión bajo su cargo. Si, la “mafia de los juicios laborales” contra la que despotricaba Mauricio es una cosa, le parece terrible a un empresario que un trabajador reclame por sus derechos; ahora bien, lo que está haciendo la empresa familiar parece resultarle sumamente legítimo y normal. Porque para la justicia somos todos iguales, pero algunos somos más iguales que otros.
En junio del año 2016 fue presentada la última oferta, que guarda mucha similitud con la actual. Pretenden abonar una parte ínfima de la deuda original. Según la fiscal Andrea Boquín, en los hechos implica una quita del 98,82%, cifra cercana a los 70.000 millones de pesos. Esto porque los Macri pretendían terminar de pagar en 2033 en 15 cuotas, con plazos irrisorios y omitiendo los intereses, amén de que desde el 2001 a esta parte el valor del peso varió sustancialmente y por ende el de la deuda original.
