En el juzgado de Daniel Rafecas se ha presentado un recurso de amparo contra el cierre del área de Defensa que investiga los crímenes de la dictadura. Fue presentado por los abogados Pablo Llonto y Mariana Maurer, en respuesta al desmantelamiento de los equipos encargados de analizar los archivos de las Fuerzas Armadas para apoyar las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad.
La presentación fue realizada por Pablo Llonto y Mariana Maurer el miércoles pasado y está siendo evaluada por Rafecas. Solicitan al juez que dicte una medida cautelar para mantener a los expertos que trabajaban con los archivos y proteger la documentación relevante. En el juzgado de Daniel Rafecas también se lleva a cabo la megacausa por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército.
El despido de diez de los trece trabajadores de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las tres Fuerzas Armadas, anunciado por Lucas Miles Erbes, director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, ha desencadenado esta acción legal. Estos equipos produjeron más de 170 informes para apoyar investigaciones judiciales sobre crímenes de la dictadura.
La «memoria completa»: esconder la evidencia de los crímenes del terrorismo de Estado
La decisión de disolver los ERyA ha sido atribuida a Luis Petri y a su segundo, Claudio Pasqualini, actual secretario de estrategia y asuntos militares. Pasqualini, quien fuera jefe del Ejército durante el gobierno de Cambiemos, ha abogado por una política de «memoria completa». Además, es yerno de Athos Renés, condenado por la masacre de Margarita Belén.
El amparo advierte que esta decisión pone en riesgo la preservación de la prueba documental y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Argentina de investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos. Han recordado el reciente pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, que exhorta a proteger los archivos judiciales y reconoce el derecho a la verdad de la sociedad sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
La disolución de los equipos que investigaban los crímenes de la dictadura se produce en un contexto en el que Milei ha negado la cifra de 30 mil desparecidos y propone a la «reconciliación» con las fuerzas armadas.
