Luego de la exitosa convocatoria de la izquierda y los movimientos sociales a Plaza de Mayo el pasado 20 de diciembre, las centrales sindicales se movilizaron en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que Milei anunció aquel mismo día 20 por la noche.

Se trata de la primera medida sindical de envergadura nacional contra el gobierno, cuando lleva apenas dos semanas en el poder. Pero le resultó tiempo más que suficiente para lanzar una serie de ataques que significan una declaración de guerra contra la clase trabajadora.

Entre muchos aspectos que abarca, el DNU reforma la legislación laboral de manera perjudicial para los trabajadores y en beneficio del empresariado: aumenta los períodos de prueba de 3 a 8 meses, reduce las cargas patronales y altera los montos de las indemnizaciones para favorecer los despidos.

Además, el decreto deroga decenas de leyes, como la ley de alquileres, la de góndolas, de abastecimiento, entre otras. Todas medidas cuyo impacto inmediato será la de un agravamiento enorme de las condiciones de vida de las y los trabajadores. Entre otras cosas, una de las primeras medidas será el igualamiento de los precios de los alimentos a niveles internacionales, ya que los exportadores ya no están obligados a reservar una parte de su producción para el mercado interno.

Además, con la «ley ómnibus», Milei pretende quedarse con la suma del poder público, gobernar por decreto e imponerse de manera autoritaria.

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